Los inquietantes conflictos por la tierra en el valle

Con los operativos realizados por los juzgados de Paz en dos predios ocupados en Tafí del Valle se ha avanzado en la búsqueda de solución de un conflicto que tomó estado público hace casi un mes, cuando se denunció la toma de predios en la Quebradita, donde se instalaron miembros de la Comunidad Diaguita, reclamando que se trata de terrenos de posesión ancestral. Se trató de inspecciones oculares (no desalojos) tanto en un campo privado como en un terreno fiscal, y ahora en un plazo aún no determinado podrían dictarse medidas para restablecer los dominios a quienes reclamaron por las ocupaciones.

Hace pocos días se habían realizado medidas de la Municipalidad tafinista para constatar que se habían colocado postes en algunos terrenos, y de Catastro de la Provincia, para “sentar la presencia del Estado con fines disuasivos”, al decir del Fiscal de Estado. En uno de los predios, al determinarse que pertenece al Estado, se removieron los elementos colocados por los ocupantes y se puso un cartel que poco tiempo después fue arrancado. El funcionario provincial informó que se analizaba la posibilidad de atender los reclamos habitacionales de los aborígenes, “pero siempre por las vías legales adecuadas y en defensa de los bienes públicos” y remarcó que “no queremos conflictos”.

En verdad, lo que se está viendo desde hace tiempo es conflicto. Los propietarios de terrenos se enfrentan cada tanto con ocupaciones y las comunidades aborígenes aducen que sus reclamos por la posesión ancestral se fundan en la amplitud de derechos que les ha otorgado la ley nacional 26.160, en el marco de la cual se han realizado los censos de comunidades, con el objeto de integrarlas. Pero en el país no se ha avanzado más allá del relevamiento territorial de las comunidades y al cabo de tantos años de prorrogar la vigencia de la ley 26.160 sin que se completen sus objetivos, los conflictos suceden con frecuencia. Incluso en el marco de estos problemas no está claro si hay oportunistas que entran en medio de los conflictos y se aprovechan de la situación. Y mientras los propietarios piden que el Estado intervenga en defensa del derecho de propiedad, las comunidades también denuncian que hay quienes extienden sus alambradas en detrimento de los reclamos de los aborígenes. En ese marco la Legislatura aprobó una resolución para exhortar a Catastro a hacer un relevamiento de los predios en conflicto en la Quebradita.

En Tafí del Valle está teniendo gran visibilidad esta problemática que se refleja en otras partes de la provincia, al decir del fiscal de Estado, quien reveló que hay unos 400 conflictos y que se los ve con más claridad en villas turísticas.

Debería quedar claro que las necesidades habitacionales no pueden ser justificativo para las ocupaciones de tierras, sino que estos requerimientos tendrían que ser atendidos en el marco de una estrategia oficial concreta y amplia, así como es necesario que se clarifique lo que sucede con la ley 26.160. De otro modo, se suceden los incidentes en los que la única esperanza parece ser que actúe la Justicia, siendo que a ella se debería recurrir en última instancia. La experiencia está indicando que eso no alcanza para resolver tantos frentes de conflicto, puesto que estos se van incrementando.

Según se ha visto en estos días va imponiéndose el caos en un mundo en el que la ley parece haber perdido sentido en medio de las contradicciones. De hecho, un abogado describió hace tiempo que en el Valle están en pugna el Estado de la ley y un Estado paralelo. Convendría que las autoridades reflexionen sobre este choque de derechos, y actúen con vistas a hallar soluciones concretas y definitivas.