10 Enero 2021
El viernes por la noche, Elisa Carrió, titular de la Coalición Cívica, remitió una nota a la presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Elizabeth Odio Benito, pidiendo la apertura de un proceso disciplinario sobre la conducta de Eugenio Zaffaroni, juez del mismo tribunal, por haber cometido un “hecho de gravedad institucional” al publicar el mes pasado una solicitada con el nombre “Con Lawfare no hay democracia”.
La nota firmada por Carrió y diputados de su partido cuestiona la acción del magistrado. “El integrante de la CIDH acusa en una solicitada pública a la Corte Suprema de Justicia de la Nación de la República Argentina de ser un organismo de persecución y de afectar el funcionamiento de la democracia. Pero no contento con ello, el comunicado considera que el fallo de la Corte de Argentina, o la Corte misma, funciona como un instrumento de disciplinamiento y persecución hacia un proyecto político de ampliación de derechos para las mayorías y los más vulnerabilizados”, continúa el escrito.
En la solicitada, Zaffaroni afirmó que el indulto a los “presos políticos” era la respuesta correspondiente a las supuestas irregularidades del Poder Judicial, cosa que confirmó, luego de publicar el escrito en una entrevista radial. “La herramienta legal y solución inmediata que hay ahora para estas cosas es el indulto, si no, van a seguir los presos políticos, sin dudas. El indulto es un acto político y de Gobierno que existe en todas las Constituciones”, afirmó el juez cercano al kirchnerismo.
Según Clarín, el pedido fue firmado, además de Carrió, por los diputados Juan Manuel López, Maximiliano Ferraro, Paula Oliveto Lago, Mariana Zuvic, Marcela Campagnoli y Javier Campos, entre otros, y fue remitida tanto a Odio Benito, como a Luis Almagro (secretario general de la OEA), Joel Hernández García (presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos) y María del Carmen Roquebert León (presidenta del Consejo Permanente de la OEA).
El planteo opositor también califica las acciones del magistrado denunciado como imparciales y partidarias. “El juez de la Corte Interamericana parece, además, asumir una posición político partidaria explícita, máxime cuando la carta se encuentra firmada por una gran cantidad de dirigentes y funcionarios del partido político que gobierna actualmente”, consideraron.
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