PEDICONE. Se admitieron siete planteos de remoción del cargo del juez.
La Legislatura se apresta hoy a inaugurar su año institucional con hecho político cargado de significación: el reclamo al oficialismo nacional, como poder del Estado tucumano, de la prórroga del régimen promocional de biocombustibles: la Ley 26.093. El vicegobernador, Osvaldo Jaldo, apuesta a dar múltiples mensajes con esa deliberación: que el Poder Legislativo está ocupado en la defensa de la economía regional antes que preocupado en internas, hacia “afuera”, y que es capaz de conseguir unanimidades en el recinto, “hacia” adentro de la interna del peronismo tucumano.
Ahora bien, si tanta es la trascendencia depositada en esta cuestión, y tan importante es para la política la difusión de sus acciones a través de los medios de comunicación, ¿por qué la Cámara, acostumbrada a abrir las puertas del recinto a las 8, celebrará su primera sesión extraordinaria del año a las 12, sacrificando toda la mañana informativa de la prensa provincial? Por una razón: el proceso de destitución en contra del juez de Impugnación Enrique Pedicone.
Hoy concluye la feria de verano del Poder Judicial tucumano y con ello termina la pausa obligada en la que entró el Jurado de Enjuiciamiento el 1 de enero. El organismo se encontraba en pleno período de elaboración de las pruebas, tanto de la defensa del magistrado, a cargo de los abogados Arnaldo Ahumada y Fernanda Battig; como de la acusación, que corresponde a la comisión de Juicio Político de la Legislatura, presidida por el parlamentario Zacarías Khoder.
No habrá tiempo para un tranquilo desperezamiento. En las primeras 72 horas de febrero deberán comparecer personalmente ante el jury tres miembros de los Tribunales provinciales y dos abogados del foro.
El contexto
El 1 de septiembre, Pedicone denunció en el Ministerio Público Fiscal que el vocal de la Corte Daniel Leiva por presunto tráfico de influencias, coacción y violación de los deberes de su cargo. Sostuvo que el 28 de julio, en un bar de barrio Norte, el juez supremo le pidió que “maneje la intensidad” de la causa por supuesto abuso sexual y corrupción contra el legislador Ricardo Bussi, según el opositor se comporte más o menos funcional al oficialismo.
Leiva desmintió los cargos y contraatacó: denunció que todo se trataba de una maniobra del ex camarista, que empleaba “audios fabricados y editados” para desviar la atención de dos hechos: su presunta actuación sin competencia durante la “miniferia” penal de agosto en la liberación de Ángel Sacarías Bravo; y más de un centenar de dictámenes por el cese de prisión preventiva para procesados por delitos graves en menos de un año.
¿El resultado? contra Leiva se presentaron seis de pedidos de destitución, todos archivados por la comisión de Juicio Político con el argumento de que ya hay una causa penal por esos cargos en la Justicia. Contra Pedicone se plantearon siete expedientes de remoción, todos admitidos por el órgano legislativo. Hoy el juez denunciante es un denunciado que enfrenta siete cargos en el Jurado de Enjuiciamiento.
En ese contexto, la lista de testigos ofrecida por la defensa de Pedicone era extensa. Incluía desde figuras nacionales, como el jurista Alberto Bínder (uno de los autores intelectuales del nuevo Código Procesal Penal de la provincia –Ley 8.933-) hasta figuras provinciales de la defensa de los derechos de las víctimas de la impunidad como Alberto Lebbos (padre de Paulina, asesinada en 2006 sin que a la fecha haya siquiera un imputado), pasando por Roxana Teves, denunciante del ministro fiscal, Edmundo Jiménez. También estaban ofrecidos los testimonios de los empleados de la Cámara Penal de Apelaciones (estructura del anterior Código Procesal –Ley 6.203-, por eso se menciona al juez como ex camarista).
La defensa de Pedicone propuso estos elementos probatorios como necesarios para rebatir algunos de los cargos. Por ejemplo, que Pedicone siempre tuvo competencia para intervenir en causas penales (para ello, Bínder). Que no maltrató en los juicios a las víctimas de delitos (para ello, Lebbos y Tévez). O que nunca ejerció coacción sobre el secretario de Cámara, Fernando Valladares (para ello, los empleados), quien el 28 de julio labró un acta dando fe de los audios con los que el ex camarista sostiene su contra Leiva (han sido declarados nulos por el juez Juan Francisco Pisa), pero el 4 de septiembre dijo ante la Justicia que nunca los escuchó y que, por “temor reverencial”, se vio forzado a escribir lo que Pedicone le dictaba.
Sin embargo, el 23 de diciembre, el jury rechazó todos testimonios. Consideró que eran impertinentes, porque se acusa de Pedicone de maltratos puntuales en determinados juicios y no en todos los procesos a su cargo y porque no se busca determinar cuál era el clima laboral en su despacho. También descartó los audios, con el argumento de que su contenido no atañe al cargo contra el ex camarista: que violó derechos de terceros (Leiva) para grabarlos.
Entonces, de los 30 días corridos de plazo máximo que prevé la Ley 8.734 (regula el enjuiciamiento de magistrado) para la formación de pruebas, el jury estableció la mitad para el proceso contra Pedicone, decisión que la defensa pidió infructuosamente que se reconsiderara. La mitad de ese lapso se consumó entre el 24 y el 31 de diciembre. La otra parte se empleará entre hoy y el lunes 8.
Los testigos
Justamente, para hoy a las 11 está citada a declarar como testigo María Gabriela Blanco, secretaria de Superintendencia de la Corte Suprema de la provincia. Pedicone sostiene que él recibió, junto con su par en la Cámara Penal de Apelaciones, Eudoro Albo, el pedido expreso del alto tribunal de que trabajara durante “miniferia” de agosto.
ALBO. El magistrado (a la izquierda), como testigo, decidió comparecer por escrito. LA GACETA / ARCHIVO
Más aún, afirma que los vocales Claudia Sbdar (presidenta) y Daniel Posse avalaron que ambos prestaran funciones durante ese receso. Y añade que por propio hizo Daniel Leiva, quien –afirma- le manifestó su respaldo por medio de su relator Andrés Garmendia, quien le sugirió que pidiera por escrito la autorización. Por esta razón, explica, la Acordada 730 (rechaza ese pedido de autorización) lleva los votos de los dos primeros en disidencia. Leiva, en cambio, votó por negar el permiso junto con Antonio Estofán y Eleonora Rodríguez Campos.
Precisamente, Albo también fue aceptado como testigo, pero el magistrado decidió escoger la opción de comparecer por escrito, como se lo permite la ley. En tanto, Garmendia fue citado a dar testimonio ante el jury mañana, a las 9.30. Ese día, a las 10.30, está citado también el secretario Valladares.
