Una denuncia por falso testimonio pende sobre una funcionaria judicial

Gabriela Blanco, secretaria de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, se marchó del enjuiciamiento del juez Enrique Pedicone con una advertencia: el defensor Arnaldo Ahumada le anticipó que sopesaba denunciarla por falso testimonio. La testigo afirmó al menos en tres oportunidades que desconocía que la ex Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción estaba trabajando durante la miniferia de agosto, pese a que no había sido afectada a esa modalidad por parte del alto tribunal. “No es mi función ver si cumplían la acordada y no recibí noticias de que la Cámara (que integraban Pedicone y su par Eudoro Albo) estuviese funcionando”, aseguró Blanco.

La declaración de la funcionaria fue el pasaje sobresaliente de la reanudación del proceso de destitución de Pedicone que impulsan los legisladores oficialistas de la comisión de Juicio Político. Aunque en la acusación hay reproches vinculados a la denuncia que Pedicone formuló contra Daniel Leiva, vocal de la Corte, Zacarías Khoder (PJ), presidente del comité, explicó que, en esencia, se proponían echar al primero por haber actuado sin competencia precisamente durante la miniferia de agosto dispuesta para preparar la entrada en vigor del nuevo Código Procesal Penal. En ese período y con el consentimiento del fiscal Alejandro Noguera, Pedicone liberó al preso Ángel Sacarías Bravo. Además, intentó infructuosamente controlar el procedimiento anti-covid-19 que el fiscal Carlos Picón había practicado en el bar y billares Punto y Banca: la audiencia, que había sido pedida por el que hoy es uno de sus defensores, Ahumada, fue celebrada en el pasillo porque, según Pedicone, la secretaria Mariana Merletti le negó el acceso a la sala de la ex Cámara.

El juez adujo que actuó en las causas “Bravo” y “Punto y Banca” porque el relator de Leiva, Andrés Garmendia, le había pedido a él y a Albo que se integrara al staff de feria, como constaba en un chat de WhatsApp. Pero horas antes de la audiencia del caso de los billares, la Corte ratificó que Pedicone y Albo estaban excluidos con los votos de Leiva, Antonio Daniel Estofán y Eleonora Rodríguez Campos mientras que la presidenta Claudia Sbdar y el vocal Daniel Posse -titular del Jurado- se pronunciaron en disidencia. Días después, aquella mayoría impuso un apercibimiento a Pedicone. Llegó el 1 de septiembre y, en el debut del nuevo Código, aquel solicitó la investigación penal de Leiva con el argumento de que este le había pedido que “manejara las intensidades” de una causa por supuestos hechos de corrupción y delitos sexuales contra el legislador Ricardo Bussi (FR).

Los codefensores Ahumada y Fernanda Battig insistieron en que había sido pública la actividad de la Cámara de Apelaciones en la miniferia durante la ronda de testimonios que abrieron los abogados Julieta Jorrat y Álvaro Zelarayán, quienes avalaron el comportamiento del juez en otros procesos (ver por separado). Blanco expresó que ella no sabía cómo funcionaba aquel tribunal, y desconoció los chats de Garmendia que anticipaban que Pedicone y Albo iban a ser habilitados. “Las acordadas valen a partir del momento en el que las firman los vocales de la Corte: los proyectos no forman parte del mundo jurídico y desconozco si hubo otros borradores antes del rubricado (730/20)”, afirmó.

La secretaria de Superintendencia informó que no estaba al tanto sobre quién había dado la orden de impedir el ingreso de Pedicone a la sala de audiencias y que la Corte no había abierto ningún sumario para dilucidar las irregularidades detectadas. Ahumada interrogó si era común que el alto tribunal “descolocara” de esta forma a los magistrados “mediante la resolución denegatoria a destiempo de una nota presentada a tiempo”. Blanco respondió: “no conozco otro caso igual”.

Contrapunto con el legislador khoder

“¿Si yo pienso o creo? Es lo que debe ser: el juez tiene que juzgar mientras que el secretario debe cerciorarse de la identidad de las partes”, contestó la litigante Julieta Jorrat (foto) a Zacarías Khoder, legislador oficialista y acusador del juez Enrique Pedicone. Jorrat se refirió a la denuncia del ex legislador Juan Eduardo Rojas de que Pedicone habría otorgado un cese de prisión por el homicidio del policía José Concha sin constatar la calidad de las partes. Jorrat apuntó ayer que, en este caso, el responsable sería el fedatario Fernando Valladares.

“Fue un eslabón clave para Villegas”

El abogado Álvaro Zelarayán declaró como testigo en el “jury” del juez Enrique Pedicone en su carácter de defensor del imputado Nicolás Carrizo Albo y de querellante de la víctima Valentín Villegas. Respecto del primero, dijo que Pedicone dio el cese de prisión con el consentimiento de la auxiliar de fiscal María Azucena Sierra Peñalba, aunque Carlos Mayer, querellante de Carrizo Albo y denunciante de Pedicone, se oponía. “El juez fue un eslabón clave en la cadena de aciertos que permitió la condena del asesino de Villegas: colaboró para que el imputado llegara preso al juicio oral”, recordó Zelarayán.

Un video para la ONU

Reclamo internacional.-Un video se viralizó este lunes mientras los Tribunales reabrían sus puertas tras la feria de enero. En la pantalla aparece el juez Enrique Pedicone de camisa mangas cortas a cuadros y con un fondo verde: se trata de una “carta audiovisual” dirigida a Diego García-Sayán, relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la independencia de los magistrados y abogados.

El Guión.- Pedicone se presenta y dice que el oficialismo lo quiere destituir por haber denunciado que el vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Daniel Leiva, lo presionaba. “Me iniciaron siete juicios políticos y una parte de los Tribunales me dio la espalda al negarse a investigar los hechos. Impulsé ocho causas sin conseguir nada”, dice el juez. Y pide a García-Sayán: “tome mi caso”.