La corrupción aprovechó el drama de la pandemia

Los anticuerpos institucionales han resultado en general insuficientes para impedir que la atención de la covid-19 genere oportunidades de corrupción. Esta es la principal conclusión del último informe de Transparencia Internacional. En la presentación de la actualización del Índice de Percepción de la Corrupción (CPI, por sus siglas en inglés), la ONG advirtió un doble efecto de la pandemia en relación con un mal que amenaza la vida de cientos de millones de personas: por un lado, el coronavirus bajó las defensas de los mecanismos de fiscalización, y ofreció un abanico de nuevas opciones para el manejo irregular de los fondos públicos y el enriquecimiento ilícito de los funcionarios, y, por otro lado, debilitó la respuesta sanitaria.

“Los esfuerzos para alcanzar la cobertura de salud universal están siendo significativamente golpeados por la expansión global de la corrupción”, expresó Transparencia Internacional en el documento “La pandemia oculta tras la covid-19”. La entidad que preside la abogada argentina Delia Ferreira Rubio dio cuenta de que en 2020 hubo un incremento de prácticas sospechosas en el sector de la salud: desde demandas anómalas de pago a pacientes hasta malversaciones de fondos; robos; ausentismo; sobreprecios; favoritismo y manipulación de datos.

Desafortunadamente la emergencia de la pandemia no tuvo como correlato una ola de integridad. La ONG consideró que la lucha anticorrupción está estancada en la mayor parte del mundo o en franco repliegue. La Argentina bajó 12 posiciones en el ranking de 180 naciones y ocupa el puesto 78, con un puntaje de 42 unidades sobre un máximo de 100. En la escala utilizada, 0 indica una percepción intensa de corrupción mientras que 100 supone una corrupción imperceptible. El promedio global asciende a 42 puntos. Con 88 puntos, Dinamarca y Nueva Zelanda se sitúan a la cabeza del índice. En el extremo opuesto se encuentran Siria, Somalia y Sudán del Sur, con 14, 12 y 12 puntos respectivamente. En el hemisferio americano, la Argentina se ubica en el puesto 14 de una tabla que lideran Canadá (77), Uruguay (71), y Estados Unidos y Chile (67). La ONG observó que los países con buenas puntuaciones en el índice invierten más en sanidad; tienen más capacidad de proporcionar cobertura sanitaria universal, y son menos propensos a vulnerar las normas, instituciones democráticas y el Estado de derecho.

“La covid-19 no es sólo una crisis sanitaria y económica: es una crisis de corrupción. Y no la estamos superando”, afirmó Ferreira Rubio. Los casos de corrupción detectados en todo el mundo durante el confinamiento forzoso de la población, y los estados de alarma y de excepción que habilitaron compras y contrataciones directas encendieron las alertas respecto de la campaña de vacunación. “Las inyecciones son una noticia esperanzadora, pero los países deben garantizar la distribución equitativa”, expresó la ONG. Y añadió que existía un altísimo riesgo de que las vacunas sean aplicadas con criterios políticos y discrecionales, y no para proteger a los trabajadores sanitarios y a los grupos de riesgo: “esto es especialmente probable por la escasez inicial de dosis. Sin la apropiada transparencia acerca de los destinatarios prioritarios; de quiénes son las autoridades encargadas de controlar que los lineamientos sean cumplidos y de los desembolsos implicados en la vacunación, podemos esperar diferentes formas de corrupción incluidas la discriminación y la tergiversación de los datos”. Transparencia Internacional recordó que tres años atrás, mil nigerianos murieron de meningitis como consecuencia del robo de las vacunas que el Estado había destinado para el combate de aquella enfermedad.

La entidad con sede en Berlín (Alemania) dijo que en conexión con el riesgo de hacer negocios con las vacunas está la proliferación de medicinas falsas o dañadas por la falta de cuidado en el transporte y la refrigeración. Y anticipó que cualquier escándalo relacionado con la vacunación contra la covid-19 aumentará la desconfianza de la ciudadanía en una política fundamental para contener la epidemia.