Alberto Binder: “en Tucumán atentaron contra la independencia judicial”

Según Alberto Binder, el académico y procesalista penal más prestigioso del país, la institucionalidad provincial descendió otro escalón en el pozo de la decadencia al destituir al magistrado Enrique Pedicone. Esa expulsión, que fue comunicada este miércoles, prosperó con los votos de los oficialistas Javier Morof, Dante Loza, Alberto Herrera y Federico Nazur; de la aliada al Gobierno, Sara Alperovich, y del representante de los abogados, Javier Critto -el vocal Daniel Posse y el legislador oficialista Walter Berarducci desestimaron los siete cargos formulados por la comisión de Juicio Político de la Legislatura-. En un diálogo telefónico, Binder consideró que nadie podía separar la caída de Pedicone del hecho de que en septiembre este haya denunciado que Daniel Leiva, vocal de la Corte Suprema, le pidió que “manejara las intensidades” de una causa contra el legislador opositor Ricardo Bussi (Fuerza Republicana) con la invocación de los nombres del gobernador Juan Manzur y del vicegobernador Osvaldo Jaldo. “En Tucumán atentaron contra la independencia judicial”, opinó el jurista e ideológico del nuevo proceso penal en vigor en esta jurisdicción desde el 1 de septiembre.

“Nunca un juez argentino fue echado como Pedicone”, reflexionó el cofundador, y presidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip). Morof, Loza, Herrera, Nazur, Alperovich y Critto encontraron culpable al hoy ex juez del Tribunal de Impugnación de la capital por haber actuado sin competencia en las causas de los billares y “Bravo” durante la miniferia que dispuso la Corte en agosto para preparar la entrada en vigor del nuevo Código, y por “la violación sistemática de los derechos de las víctimas”.  

“Esta situación a todas luces es inadmisible aún en el contexto en el cual uno estaba esperando que la razonabilidad y el derecho no funcionaran. Tenemos otro paso más hacia atrás en la degradación institucional porque estamos acostumbrados a que esta clase de causas (la denuncia de Pedicone contra Leiva) no avancen; se tapen y actúen en ellas los mecanismos de encubrimiento o de silencio, pero llama la atención que ahora, encima, echen del Poder Judicial al denunciante. Yo creo que este nuevo hundimiento preanuncia nuevas peleas. No es el fin de nada, sino que hay que seguir adelante”, afirmó Binder.

El académico de la Universidad de Buenos Aires dijo que “tenía la esperanza final de que algunos sectores de la judicatura tucumana reaccionen”: “otros creen que no, que esta esperanza es vana, porque justo cuando comenten este atentado contra Pedicone, este verdadero atentado a la independencia judicial, las asociaciones de magistrados tanto de Tucumán como nacional se callaron la boca conscientemente. La Federación Argentina de la Magistratura incluso sacó un comunicado para exigir, pedir y reclamar un aumento salarial en el Chaco”. Binder agregó que las asociaciones de magistrados se habían convertido en sindicatos puros y duros de lucha gremial: “esto es, al mismo tiempo, la preservación de altos privilegios, no de las condiciones dignas de trabajo. Nada les interesa sobre la independencia judicial: es raro que salgan a mostrar las deficiencias que hay en el funcionamiento de la Justicia. Parece que sólo tienen sensibilidad para proteger sus inmensos sueldos”.

“El camino sigue”

Aún con esta mirada pesimista de la judicatura, Binder vaticinó que los jueces sanos e íntegros que todavía quedan en Tucumán se verán obligados a comenzar “a generar mecanismos de autodefensa” de su imparcialidad y autonomía. “No puede ser que un magistrado quede a merced del poder político como quedó Pedicone. Los argumentos que usaron para destituirlo o son ridículos, o son gravísimos e inconcebibles. Un juez no puede ser destituido por no hacerle caso a la víctima: no es su función estar a expensas únicamente de la defensa irrestricta de los derechos de la víctima, que es algo que sí es exigible a los fiscales. Entonces, el veneno que inocularon en el sistema judicial tucumano es mucho más grave aún. A partir de ahora, cualquier juez que falle de manera antipática a los intereses de la víctima es pasible de destitución. Esa función corresponde al Ministerio Público Fiscal”, distinguió Binder. El jurista observó que efectivamente había que mejorar y proteger mejor los derechos de la víctima, y que para eso estaba el Ministerio Público Fiscal: “hay que dirigir hacia allí todas las críticas porque se burocratiza, no defiende a quienes padecen los delitos, no le interesa… Ahora, si los jueces tienen que ser promotores de los intereses de las víctimas, el Estado de derecho queda absolutamente afectado. El argumento que se usó en el jury de Pedicone es de una peligrosidad enorme en términos de vigencia del sistema de garantías y de nulo efecto en la protección de los derechos de la víctima porque son otras las instituciones que deben ocuparse de eso y su ineficiencia es notoria”.

En cuanto a la “actuación sin competencia”, el procesalista experto enfatizó que los problemas de la asignación de casos en la feria, que es un régimen excepcional, deben ser resueltos por la propia Justicia mediante sus decisiones. “Por otra parte, el trámite del jury, por lo que me han comentado, exhibe irregularidades muy grandes. No puede ser que el tribunal no haya sesionado completo durante todas las sesiones de producción de pruebas (Posse se ausentó en dos por no poder acceder a la transmisión remota y Critto faltó a una en virtud de una licencia por asuntos personales). Eso es una anomalía que no sé cómo la van a salvar. ¿A quién se le ocurre que un juez en un juicio oral puede levantarse de una sesión diciendo ‘no, no quiero observar la prueba’? Es totalmente ridículo y hay allí una nulidad absoluta”, criticó.

Binder vaticinó que este “atentado” tendrá que ir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación porque descreía que en el ámbito tucumano encuentre una solución. “El camino sigue. Y la causa penal de Leiva permanece vigente. Hay quienes dirán que es ilusorio esperar algo, pero, en algún punto, estas estructuras se quiebran, y en algún punto la buena voluntad se organiza y logra romper estas cosas. Insisto en que Tucumán dio un paso hacia abajo en la degradación institucional. Como se dice en la esfera nacional, debemos limpiar los sótanos de la democracia. Este subsuelo mafioso de la democracia no va más y no lo podemos aceptar. Hay que saber cuáles son esos sótanos y describirlos. El tráfico de influencias, de operadores que están permanentemente tratando de influir en las decisiones de la Justicia, es una de las corrientes que habitan estos sótanos”, reflexionó. Binder precisó que la depuración incumbía en especial a quienes estaban en la vereda de enfrente del Gobierno: “espero que los sectores que hoy no son oficialistas tomen nota de esto porque ya vimos que el macrismo, cuando ejerció el poder, hizo exactamente lo mismo. Empleó idénticos operadores y prácticas -que la administración nacional que reemplazó-. Por eso creo que hace falta un compromiso profundo con la renovación y la limpieza de estos sótanos”.