22 Febrero 2021
SPUTNIK V. FOTO/AEROLÍNEAS ARGENTINAS
Amnistía Internacional le exigió transparencia al Gobierno argentino en la asignación de vacunas contra el coronavirus. Así lo expresó en un comunicado tras revelarse el escándalo generado por la inoculación prioritaria a allegados del Gobierno que no pertenecían a grupos prioritarios. Además, requirió información en relación con los criterios de distribución y de aplicación a nivel nacional y solicitó un encuentro con la ministra de Salud Carla Vizzotti.
“En un contexto de escasez, el orden de vacunación debe seguir criterios que apunten a garantizar el derecho a la salud respetando los estándares de derechos humanos; las vacunas deben ser asignadas de forma transparente y estratégica respetando a los grupos prioritarios. Resulta inaceptable que sean destinadas a personas o grupos por motivos arbitrarios y opacos”, sostuvo la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski.
En ese sentido, la representante le pidió al Estado establecer un “marco sólido de rendición de cuentas” frente a este tipo de violaciones a los criterios del plan de vacunación.
“Resulta de vital importancia garantizar la participación activa, informada y efectiva de la sociedad en la adopción de decisiones. Las leyes, políticas y prácticas para la implementación del Plan Estratégico de Vacunación deben concebirse y aplicarse con la participación y seguimiento significativos de la sociedad civil que permitan su escrutinio”, continuó.
Para Belski, las campañas de inmunización deben estar orientadas a garantizar la “accesibilidad, asequibilidad, aceptabilidad y calidad de los productos sanitarios contra la COVID-19 para toda la población”, en función de los principios de transparencia, participación, rendición de cuentas, igualdad y no discriminación.
Por esas razones, la ejecutiva solicitó una reunión con la ministra para “brindar aportes en la implementación del Plan de Vacunación con perspectiva de derechos humanos”.
Finalmente, en el documento se solicitó a las autoridades que informen si existe o se evalúa la creación de un mecanismo de control y fiscalización para monitorear la implementación del Plan Estratégico de Vacunación en cada una de las jurisdicciones, con el objetivo de garantizar la "transparencia y respeto” por la priorización de los grupos establecidos en dicho plan.
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