Por Gustavo Rodríguez
27 Febrero 2021
POLÉMICO CARGO. Kaleñuk podría ser considerado funcionario público. la gaceta / FOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO (archivo)
“Que sigan apareciendo personajes vinculados a esta causa y cobijados por el oficialismo no hace más que plantear legítimas dudas sobre la independencia que habrá para dilucidar la verdad”, aseguró el legislador radical José María Canelada al enterarse de que Sergio Kaleñuk, uno de los sospechosos de haber participado en la desaparición y el crimen de Paulina Lebbos, está nombrado como empleado de la Legislatura desde el año 2007.
La bomba estalló muy temprano en el moderno edificio que está ubicado en Muñecas y avenida Sarmiento. La mecha la encendió el padre de la víctima, Alberto Lebbos, que había informado a LA GACETA que Kaleñuk había declarado durante el juicio por el crimen de su hija que trabajaba como asesor en la presidencia del cuerpo. Osvaldo Jaldo confirmó que efectivamente el ahora acusado del hecho era empleado legislativo, pero que no sabía dónde trabajaba y que ayer aclararía todo. Y así lo hizo.
“No está afectado a la Presidencia ni es asesor, sino como bloque político. Cuando hemos asumido en 2015, ya estaba adentro. Su condición de empleado en planta permanente lo dice el decreto, no lo digo yo”, señaló Jaldo.
Kaleñuk estaba nombrado en la secretaría de la Gobernación con el cargo de subsecretario, pero renunció a su cargo. La dimisión fue aceptada, según el decreto publicado el 19 de septiembre de 2007. Las razones no se conocieron oficialmente, pero varios dirigentes de la época coincidieron en señalar que se había producido por las diferencias que tenía con Beatriz Rojkés de Alperovich. Pero el “alperovichismo” no lo abandonó.
El 1 de noviembre de ese año ingresó con la categoría 1 a la planta transitoria. Antes de que se cumplieran ocho años de haber entrado, al recinto, no sólo fue efectivizado con la misma categoría, sino que además se le otorgó el 100% de extensión horaria. Percibiría un sueldo de hasta $150.000 de bruto, si es que no pidió los adicionales por los estudios que realizó. Su función sería la de brindar asesoramiento. No se informó oficialmente para quién trabaja -se supone que para un oficialista- ni cuál es el régimen laboral que debe cumplir.
Más explicaciones
En febrero de 2019, un tribunal pidió que Kaleñuk sea uno de los investigados por el caso. La sentencia del fallo recién fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia el lunes por la tarde. Y el jueves al mediodías, a horas de que prescribiera la causa, se lo notificó de que debía presentarse a declarar como imputado el 31 de marzo. A partir de esa fecha comenzaría a definirse su situación procesal.
“Al estar en planta permanente no podemos hacer nada, ni a favor ni en contra de él. Tenemos que esperar tener un fallo”, explicó Jaldo. Legalmente, los empleados como él sólo pueden ser exonerados cuando exista un fallo firme en su contra. Una vez que ello suceda, se le haría un sumario administrativo y después se lo dejaría sin el puesto, siempre y cuando haya recibido una condena.
“Al estar nombrado en planta permanente, no se puede hacer mucho porque debe respetarse lo que dicen las normas vigentes. Si hubiera estado en planta transitoria, se lo podría haber dado de baja en cualquier momento”, explicó el legislador oficialista Javier Morof.
Por su parte, Federico Masso, de Libres del Sur, aportó otra visión sobre el problema: “Para evitar estas sorpresas, desde que asumí la banca vengo sosteniendo que Tucumán debe tener una Ley de Acceso a la Información Pública, para que los tucumanos puedan saber el destino de los fondos que administra el Estado”.
“Son las autoridades de la Cámara las que deben brindar detalles de la misma”, indicó el republicano Ricardo Bussi. “Como hombre de derecho entiendo que para Kaleñuk esta causa recién comienza y deberá seguir el debido proceso. Hay garantías constitucionales que lo amparan que no se pueden dejar de lado, más allá de lo que a uno como ciudadano y padre de familia le genere el caso Lebbos”; agregó.
Críticos
“Habiendo solicitado la fiscalía la investigación e imputación en el crimen de Paulina, corresponde la suspensión y posteriormente separarlo de su cargo. Esto es para que la Legislatura no termine siendo aguantadero de quienes están sospechados de crímenes o se pretenda trabar el trabajo del fiscal (Carlos) Sale”, opinó el radical José Ascárate.
Canelada mantuvo su discurso crítico sobre este tema. “El nombre de Kaleñuk lleva tantos años rondando el caso de Paulina Lebbos, como sus pasos recorriendo los despachos más importantes de la provincia. Y estamos hablando de un crimen que tocó fibras íntimas de la sociedad y desnudó como nunca los vínculos entre el poder y la Justicia para garantizar impunidad”, indicó.
“El oficialismo le debe una respuesta urgente y honesta a la sociedad sobre la larga lista de empleados involucrados en delitos y vinculados al partido que gobierna, como pasó con Trayán, los empleados narco del Siprosa y tantos otros casos. La familia de Paulina, y todos los tucumanos, merecemos saber qué pasó, que los responsables paguen. De lo contrario se va a terminar de sellar la impunidad”, concluyó el radical.
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