La deformación estructural del sistema

La apertura del año legislativo, mañana, va a marcar un punto de inflexión entre el pasado y las expectativas sobre el desenvolvimiento de la sociedad tucumana en el futuro inmediato. ¿Qué anunciará el gobernador Juan Manzur? Llega a la apertura con la espalda pesada por tres grandes escándalos político-judiciales (Pedicone-Leiva, juez Pisa y caso Paulina). Ni siquiera las visitas de tres ministros nacionales que podrían haber apoyado la gestión sirvieron de mucho: quedaron aguadas por la implacable lluvia tucumana, al igual que la visita presidencial de hace dos semanas. En cambio, la vallada plaza Independencia fue copada por la indignación ante el vergonzoso decreto que le concedió la jubilación al juez Juan Francisco Pisa, cuestionado por el sobreseimiento de Mauricio Parada Parejas, el acosador que en octubre terminó asesinando a Paola Tacacho, y, también, por la interminable frustración de Alberto Lebbos por la Justicia imperturbable, a 15 años del homicidio de su hija Paulina. A esas dos manifestaciones frente a la Casa de Gobierno, del jueves y del viernes, se agregó ayer la plaza de los indignados por el llamado “vacunatorio VIP” o “vacunagate”, que, pese a que involucra a las autoridades nacionales terminó haciendo fuerte ruido en el mundo local por la afrenta que significó para la gente aterrada por el coronavirus que funcionarios nacionales y sus amigos se vacunaran por izquierda.

¿Hablará de esto mañana Manzur? Improbable. La aguja se ha de inclinar no hacia el pasado sino hacia las expectativas, que acaso son las que mencionó el gobernador en su alocución de anteayer en La Cocha, donde criticó las asimetrías existentes en el país y puso su esperanza en el Gobierno de Alberto Fernández para cambiarlas. Pero incluso si habla de esto, haría falta decir cómo cambiarlas: en la pesada mochila del año que pasó están las frustraciones del desastroso transporte público tucumano y de la aún no prorrogada ley de biocombustibles, dos problemas estructurales, al igual que el de la inseguridad.

Plazas como termómetro

Las plazas de la indignación, sin embargo, están marcando el termómetro, no sólo por el dolor y la injusticia que mostraron, sino por la revelación -una vez más- de que una deformación estructural ha modelado la vida tucumana y que se está expresando de una forma implacable.

El caso de Paulina Lebbos, paradigma oscuro de la impunidad, está llegando a niveles de paroxismo luego de haber tenido jalones a lo largo de estos 15 años, como la condena a los policías de Raco; la investigación sobre los siete años de la pésima y aparentemente malintencionada pesquisa del hoy jubilado fiscal Carlos Albaca, y la condena a un ex secretario de Seguridad y a funcionarios policiales por encubrimiento del crimen. Sin embargo, la exasperante lenidad de la Justicia ha llevado a que, sobre el filo de la prescripción, se recurriera a medidas jurídicas de emergencia para acusar a los sospechosos del asesinato y a una veintena de sospechosos de encubrimiento, entre ellos el ex gobernador José Alperovich. ¿Cuánto más se estirará la pesquisa? ¿Llegará a dos décadas de investigación? Alberto Lebbos parecía aferrado a una escuálida luz de esperanza. Desde siempre está denunciando una gran maniobra de encubrimiento en la que involucra al aparato estatal tanto de la época de Alperovich como de la de Manzur, y su desazón ante la realidad se atenúa ante las puertitas que va abriendo la interminable burocracia judicial.

Esquivando responsabilidades

Esa misma burocracia va tejiendo marañas interminables para las otras víctimas del sistema y, cada tanto, van saltando. Así ha sido el horroroso crimen de Paola Tacacho, ignorada por el sistema judicial, que todavía está esquivando responsabilidades. Por un lado, el juez Pisa se escapó por la tangente al pedido de juicio político, gracias al decreto del gobernador que le aceptó la renuncia para jubilarse con un emolumento privilegiado de más de $ 300.000. Por otra parte, el Ministerio Público Fiscal, ante el requerimiento de la Corte Suprema de diciembre para que se informe qué fiscales y jueces intervinieron en 13 denuncias de Paola contra Parada Parejas, respondió que habían informado a la familia Tacacho. “No puedo creer la película que hay en Tucumán”, dijo indignada a LA GACETA la madre de Paola, que negó estar satisfecha con las respuestas recibidas.

¿Qué deformación ha llevado a esta burocracia que genera impunidad -y riesgo- para las víctimas? Acaso la trayectoria del juez Pisa la explique: designado en 2004, en los tiempos en los que Alperovich y su ministro Edmundo Jiménez determinaban a dedo quién iría de magistrado (no hubo Consejo de la Magistratura por tres años), tuvo sus propios jalones para que hacia 2014 ya lo llamaran “el Oyarbide tucumano” por la cantidad de causas que rozaban al poder que limpió: el escándalo PIBE (por publicidad oficial en tiempos de Julio Miranda, que involucraba a Beatriz Rojkés de Alperovich); la causa “Gasnor” por supuesto pago de un soborno de $ 900.000 a autoridades del Ministerio de Economía; el caso “Funsal”, que implicaba a Pablo Yedlin, ex ministro de Salud de Tucumán; la acusación contra el fiscal Albaca como resultado del sumario que la Corte había ordenado contra él por embarrar el caso Lebbos; la acusación al hijo del ex ministro de economía Jorge Jiménez por al accidente de la familia Marchese; la causa de Roxana Teves y de sus familiares; la acusación a la ex gremialista Ada Altuve por irregularidades con viviendas del gremio judicial y la acusación contra al mismo Manzur por supuesto enriquecimiento ilícito.

Bien o mal tomadas estas decisiones judiciales, Pisa quedó como el gran soldado judicial del poder. De él se hablaba así desde hace años. Llegó al final de su carrera sumando a su triste lista la tragedia de Paola. Y se fue advirtiendo al mundo que había una campaña mediática en su contra.

Obligación ignorada

El decreto del miércoles de Manzur que acepta la renuncia de Pisa hizo caer la obligación de la comisión legislativa de Juicio Político de decidir si lo sometía o no a proceso. Por cierto, el ciudadano Carlos Duguech advierte que el decreto no estaba publicado en el Boletín Oficial el jueves (fecha límite para la comisión), por lo que, según su criterio, los legisladores tenían la obligación de tratar el caso de Pisa, en vez de desestimarlo sin más ni más. Pero este detalle quedó borrado por la fuerza de los hechos.

¿Quién heredará la triste posta de este juez? Nadie en el Gobierno habló de la vergonzosa aceptación de renuncia, excepto la ministra de Gobierno, Carolina Vargas Aignasse, que la justificó en la jurisprudencia existente al respecto. Manzur estuvo lejos de cualquier cuestionamiento, primero con los gobernadores del Norte Grande en Yapeyú y el viernes en La Cocha. Como si no hubieran existido los escándalos de Pisa (Tacacho) y de Lebbos, y antes, la expulsión del juez Enrique Pedicone y la limpieza de cualquier acusación al vocal de la Corte Suprema, Daniel Leiva. Como si de nada hubieran servido las alertas que surgieron cada tanto sobre la deformación estructural que sacude la piel del sistema tucumano, como lo planteó en diciembre el constitucionalista Benito Carlos Garzón: “fuimos incapaces de generar los anticuerpos para corregir los desvíos institucionales”.

En el inicio del nuevo año, la mirada a estos problemas que estallan parece aquello del rey francés Luis XVI el 13 de julio de 1789. Mientras afuera estaba por estallar la revolución, el monarca, ausente en su propio entorno, escribía sobre lo que sucedía en su diario: “rien” (nada). Como si nada estuviera pasando. ¿Cómo es la burbuja del poder frente a lo que ocurre en la calle? ¿Qué dirá mañana el gobernador?