Fernández reconoció que la reacción estatal frente a los femicidios “es lenta o no existe”

El acuerdo, firmado entre Nación y las Provincias, busca fortalecer las áreas que abordan la violencia de género.

PACTO. Juan Manzur fue uno de los gobernadores que llegó a Casa Rosada para firmar el acuerdo federal  PACTO. Juan Manzur fue uno de los gobernadores que llegó a Casa Rosada para firmar el acuerdo federal
09 Marzo 2021

Por Nahuel Toledo.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el presidente Alberto Fernández reunió a un grupo de gobernadores, en Casa Rosada para suscribir el acta compromiso: “Acuerdo Federal para una Argentina Unida contra la violencia de género”. Con este plan, los mandatarios provinciales se comprometieron a agilizar las respuestas que el Estado debe brindar a las mujeres víctimas de violencia de género.

De manera enfática, Fernández reconoció que resulta prioritario establecer políticas públicas concretas contra este flagelo porque: “la reacción estatal frente a los femicidios es lenta o no existe”.

Durante su discurso, el Presidente remarcó que si bien la palabra “femicidio” no existe en programas de computación como Word, “lo que existen son los femicidios”. “Son hechos que existían y estaban ocultos, como parte de la cultura patriarcal que generó un sinfín de injusticias y destratos, y se ha llevado vidas y lastimado la salud de las mujeres”, sostuvo.

A través del documento firmado ayer en Casa de Gobierno, las provincias se comprometieron a integrar el Consejo Federal para la prevención y el abordaje de femicidios, travesticidios y transfemicidios; a adherir al Sistema Único de Registro de denuncias por violencia de género (URGE) y al Sistema Integrado de casos de violencia por motivos de género (SICVG), y a jerarquizar y fortalecer las áreas de género provinciales y municipales.

Además, se explicó que con esto se buscará “promover una rápida, coordinada y especializada gestión de los casos de violencias por motivos de género en el Poder Judicial de cada provincia; y fortalecer los espacios de formación y capacitación en perspectiva de género para las fuerzas policiales y generar mecanismos que faciliten la realización de denuncias en casos que involucren a miembros de las fuerzas de seguridad”.

Finalmente, los gobernadores garantizaron la presencia de equipos interdisciplinarios en los centros de salud para asegurar un adecuado abordaje de los casos de violencia por motivos de género.

Para eso, los distritos trabajarán de manera coordinada y conjunta con el ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, articulando recursos, políticas y acciones.

“Un hito”

La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, ponderó el acuerdo al que arribó Nación con los gobiernos provinciales en la lucha contra la violencia de género y subrayó que el combate contra los femicidios necesita de “un cambio cultural” profundo y de un Estado comprometido en todas sus esferas con la problemática.

“Necesitamos que el Estado genere confianza en las mujeres y no la genera porque en los casos en los que interviene mal, la consecuencia es un femicidio”, señaló la titular de esa cartera.

En relación a esto, Gómez Alcorta sostuvo que el fin de la violencia contra las mujeres y disidencias llevará “tiempo” porque esto es de carácter “cultural” y por lo tanto no puede resolverse “de manera mágica”.

“Hay que dotar de recursos y entender que esto no se puede resolver de una manera mágica. Es un tema complejo que involucra a las policías, que involucra a la Justicia, que involucra a los Poderes Ejecutivos, que involucra a los municipios, a las provincias y a la Nación”, detalló.

Si bien Gómez Alcorta reconoció que el acuerdo no “vincula” a la Corte Suprema de Justicia ni tampoco a los poderes judiciales de las 24 jurisdicciones, dejó en claro que esto no modifica la necesidad de cambios “profundos y estructurales” para que esos estamentos adopten perspectiva de género, le indicó a la agencia Télam. En ese sentido, recordó que la Corte Suprema está “en deuda” con la capacitación ordenada por la Ley Micaela y afirmó que sería bueno que el máximo tribunal “diera el ejemplo”.

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