Por el caso de Tacacho, detectan anomalías en otras causas similares de Pisa

Podría haber otros casos como el de Paola Tacacho en el ex Juzgado de Instrucción en lo Penal N°3 de San Miguel de Tucumán que dirigió Juan Francisco Pisa hasta septiembre del año pasado, cuando se convirtió en uno de los dos jueces encargados de instruir las causas remanentes del antiguo sistema procesal penal. Esta sospecha llevó a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán a ordenar una nueva ampliación de la auditoría practicada en aquella unidad y en el antiguo Juzgado N°5 tras el femicidio de la profesora de Inglés de 32 años. Del informe precedente citado por los vocales Claudia Sbdar (presidenta), Antonio Daniel Estofán, Daniel Posse, Daniel Leiva y Eleonora Rodríguez Campos se desprende que en el despacho de Pisa “no existe posibilidad de obtener un dato real de las causas de violencia de género”.

La Acordada 181 dictada el 8 de marzo pasado enuncia las anomalías detectadas como consecuencia de la auditoría. Entre esos hallazgos consta que la propia causa iniciada por Tacacho contra el femicida Mauricio Parada Parejas carecía de marcas, registros o “algún tipo de parámetro” que permitiesen identificarla como un expediente de violencia de género. Este es uno de los 13 casos penales que instó la víctima entre 2016 y 2020, y el primero cuya tramitación trascendió. En junio de 2017, Pisa consideró que no había pruebas de que Parada Parejas hubiese violado una medida de restricción de acercamiento favorable a Tacacho y lo sobreseyó, pese a que el fiscal Diego López Ávila solicitaba su enjuiciamiento.

Tal pronunciamiento desató un vendaval de pedidos de destitución, pero Pisa neutralizó el riesgo de perder el cargo porque el gobernador Juan Manzur y la ministra Carolina Vargas Aignasse le aceptaron la renuncia condicionada a la percepción de la jubilación con el beneficio del 82% móvil. Según pudo averiguar LA GACETA, hasta ayer Pisa seguía prestando funciones e incluso había sido invitado, junto a los colegas de su fuero, a una capacitación sobre el síndrome de estrés laboral o burnout (se informa por separado).

En la Acordada 181/21, la Corte expuso que hacía falta más información para entender cómo manejó el juez las pesquisas de maltratos denunciados por mujeres. “Solicitamos (al Cuerpo de Auditores a cargo de Luis Lezana Flores) que explique las razones por las que informaron que el sistema informático del ex Juzgado N°3 no es una base de datos del todo confiable”, expresaron los vocales. Y añadieron que también querían saber de qué manera identificaba Pisa los procesos de violencia de género, y un inventario detallado de los ingresos entre 2015 y 2020 de casos relativos a “diferentes hechos de violencia”; “con marcado retardo”; “sin registro”; “prescriptos” por mora o incumplimiento de los plazos procesales, etcétera. Los miembros del alto tribunal asimismo requirieron una explicación acerca de por qué los auditores dijeron que la anterior unidad de Pisa “se encuentra procesal y funcionalmente anquilosada”.

En cuanto al ex Juzgado N°5, cuya última titular fue la jueza Carolina Ballesteros (asumió a comienzos de 2019), y por pedido de esta y denuncias de otros funcionarios es objeto de un sumario desde hace más de un año, los vocales pidieron más datos acerca de la omisión de registrar las causas de violencia de género como tales. También solicitaron informes adicionales relativos a procesos que exhibirían un déficit de tramitación o de resolución, y un listado de expedientes “sin volver a origen”; “observables”, etcétera. “Queremos conocer las razones por las que los auditores consideran que el ex Juzgado N°5 sustanció de un modo aceptable las causas de violencia de género”, dijo la Corte.

La auditoría ligada al caso Tacacho avanza por los antiguos juzgados porque, según expresaron dos veces los vocales supremos, para saber qué pasó con las otras 12 causas instadas por la docente precisan que el Ministerio Público Fiscal que encabeza Edmundo Jiménez (con licencia) les habilite el acceso a las actuaciones. El 26 de febrero, el organismo de los fiscales comunicó que la información solicitada “es de interés exclusivo para la víctima”. En el ámbito de una investigación periodística, LA GACETA comenzó a develar el laberinto judicial que enfrentó Tacacho y reveló ayer que la fiscala Adriana Reinoso Cuello archivó el primer expediente abierto en marzo de 2016 sin investigar a Parada Parejas.