28 Abril 2021
Situaciones de tensión y de violencia se repiten a diario en las rutas y calles tucumanas, a partir de la multiplicación de piquetes por parte de gremios, de organizaciones sociales y de trabajadores autoconvocados. En las últimas semanas, de hecho, la postal de gomas quemadas y de banderas cruzando las calzadas se han vuelto escenas cotidianas para los tucumanos. De más está decir que los reclamos de estos sectores suelen ser legítimos, pero sí vale advertir que esta modalidad de protesta, en un contexto de emergencia sanitaria como lo marca la pandemia de coronavirus, puede resultar peligroso.
Ayer, sin ir más lejos, el secretario ejecutivo médico del Siprosa, Luis Medina Ruiz, advirtió que numerosos médicos que debían concurrir a guardias en localidades del interior, y tucumanos mayores de 70 años que debían asistir a los nodos de vacunación para inmunizarse contra la covid-19 no pudieron sortear los piquetes. El funcionario, apesadumbrado, instó a la reflexión social para evitar que se pongan en riesgo vidas.
Abril está llegando a su fin en la provincia signado por focos de desorden. A los virulentos piquetes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) les siguieron cortes de sectores ligados a la actividad citrícola. Primero fueron los transportistas, quienes reclamaron mejores pagas bloqueando las rutas del interior; y desde la semana pasada los cortes los protagonizan cosecheros autoconvocados del limón, impulsados a las calles por una disputa gremial.
La legitimidad de los reclamos es comprensible, pero el actual marco sanitario obliga a contemplar la realidad de todos, y a equilibrar los derechos de cada uno de los ciudadanos. No puede soslayarse que, si bien el derecho a la protesta tiene rango constitucional, del otro lado se encuentra el derecho de tránsito del resto de los ciudadanos, que lo ven cercenado ante cada manifestación.
En Argentina, este fenómeno como modalidad de protesta comenzó a cobrar fuerza en los 90 y se intensificó a inicios de 2001, debido a la crisis económica y social del país que prácticamente derrumbó al país. Desde entonces, los piquetes fueron creciendo en cantidad y en frecuencia amparados por la debilidad y la permisividad de los poderes políticos y judiciales. La escalada llegó a tal punto que hemos naturalizado esta práctica como sociedad. Los números son elocuentes: según un estudio de la consultora privada Diagnóstico Político, desde 2012 a 2020 hubo más de 5.000 piquetes por año en todo el territorio nacional. En este lapso, según ese relevamiento, los grupos que más rutas, autopistas y calles cortaron fueron los trabajadores estatales (22%), seguidos por las organizaciones sociales (18%) y por los vecinos (17%).
En este 2021, esas estadísticas parecen continuar. Las rutas de Neuquén están bloqueadas desde hace casi un mes por trabajadores autoconvocados. Más allá de las complicaciones logísticas locales, la protesta pone en riesgo el abastecimiento de gas y de combustible en todo el país, porque se impide la producción en Vaca Muerta. En Tucumán, un sector disidente del gremio Uatre y movimientos de izquierda cortan desde hace una semana rutas y bloquean el acceso a fincas e instalaciones productivas, paralizando así el funcionamiento y la operación de las empresas y de los trabajadores en este inicio de la campaña citrícola. La Asociación Citrícola del NOA, de hecho, ya realizó las denuncias judiciales y alertó sobre las consecuencias que esta medida puede traer a un sector del que dependen 50.000 trabajadores.
Mientras tanto, el Estado parece ausente en un momento de incertidumbre en el que mayor presencia debería exhibir. Porque cuando desaparecen las garantías de orden público o cuando se vulneran los derechos del otro, lo que prevalece es la anomia.
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