08 Julio 2021
MÁS VACUNADOS, MÁS FLEXIBILIZACIÓN. El Gobierno podría anunciar la ampliación del cupo de argentinos que pueden regresar al país por día. ARCHIVO
La directora ejecutiva Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski, reclamó hoy al Gobierno información sobre los argentinos que se encuentran varados en el exterior por las restricciones impuestas para restringir el ingreso y acusó al ejecutivo de "violar" los derechos humanos.
"Empezamos a recibir denuncias de gente varada. Duermen en el aeropuerto y se tienen que hacer PCR todos los días. La restricción en Argentina no se encuentra contemplada en una ley. A los ciudadanos hay que darles previsibilidad. Se están violando Derechos Humanos, no se cumplen todos los requisitos necesarios para las restricciones. Se están violando derechos de los ciudadanos", dijo Belski, en diálogo con CNN Radio.
La organización presentó además un pedido de informe a Jefatura de Gabinete de la Nación, al Ministerio del Interior y a Cancillería para conocer los detalles de las restricciones impuestas.
Además, recordaron que el derecho internacional "prevé excepciones a la libertad de circulación para proteger la salud pública en situaciones extraordinarias. Sin embargo, cualquier medida que se tome dentro de este marco, debe ser proporcionada, estrictamente limitada y necesaria; y no debe perpetuarse indefinidamente en el tiempo".
“El respeto a los derechos humanos, lejos de ser un obstáculo para el control de la pandemia, es una condición necesaria para que las decisiones gubernamentales sean legítimas y socialmente aceptadas”, remarcaron.
En esta línea, la directora Belski dijo: "nosotros no estamos viendo que el Gobierno pueda responder si esos requisitos se están cumpliendo, por ejemplo legalidad, si la restricción se encuentra contemplada en una ley, que ya sabemos que no, si hay una necesidad, si la restricción es proporcional al interés que se intenta proteger, y lo más importante es que no vemos el tema del plazo: las restricciones tienen que tener un límite temporal definido".
“En este informe acompañamos un documento donde mostramos en diez países distintas medidas que se tomaron en pandemia: en muchas de ellas coincidimos, pero en esta difiere, ni hablar el tema de la provincia de Formosa que es el caso diferente en el mundo, no pasó en ningún otro lugar”, completó.
Belski reiteró que a más de un año del inicio de la pandemia las autoridades deben "extremar" sus compromisos con los derechos humanos y garantizar que las políticas implementadas no causen un impacto desproporcionado en las personas. "En este sentido, tanto el Poder Ejecutivo, como el Poder Legislativo y el Judicial tienen un rol clave y deben asegurar el máximo respeto de los derechos en la respuesta al covid-19”.
“Las autoridades deben garantizar que las excepciones que establezcan en relación con la prohibición de ingreso al territorio nacional con el fin de atender circunstancias de extrema necesidad garanticen el respeto por la unidad familiar y el interés superior del niño en todo momento y no resulten en la negación de ningún derecho, en particular del derecho a la salud, la alimentación, el cobijo, sin importar dónde se encuentre la persona con necesidad de asistencia", concluyó.
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