La última vez que molió el ingenio San Juan fue en agosto de 2018. La fábrica azucarera ubicada en la Banda del Rio Salí arrancó el 1 de ese mes y el 9 se detuvieron abruptamente los trapiches, y las 400 familias de los obreros no pudieron recomponer, hasta la fecha, sus sueños de estabilidad laboral y económica, y por ende, social.
Los vaivenes de los distintos conflictos judiciales y de arriendos irresponsables no tienen solución desde hace 20 años. Con casi 4 años inactivos, surgió ahora la posibilidad de proyectar un arriendo de parte de los empleados (obreros y administrativos) con la figura legal de una cooperativa de trabajo. “Ya recuperamos fábricas de otras empresas, y en este caso estamos evaluando las condiciones y las posibilidades legales para volver a poner en marcha al ingenio”, aseguró a nuestro diario Eduardo Murúa, fundador del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER) y actual director Nacional de Empresas Recuperadas, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
“Alquilar la fábrica y que la administren los trabajadores es la única salida”, remarcó el funcionario. “De acuerdo con mi experiencia, tenía que hablar con las dos partes. Con los empleados por un lado, y los dueños por el otro. Y viendo el conflicto judicial que existe, la gran deuda salarial y la imposibilidad del administrador de lograr financiamiento para arrancar, vemos que todas las acciones conducen al desguace de la fábrica”.
Explicó que una parte de los trabajadores tiene expectativas respecto de constituir una cooperativa para manejar la fábrica y gerenciar el ingenio. “Muchos están convencidos que pueden hacerlo, ya que por el otro lado, la empresa Constructora del Tucumán SA, afirman que no tienen un plan de inversión como tampoco un programa para saldar la abultada deuda con los trabajadores”. “En este contexto, nuestro proyecto apunta a ponerle un paraguas legal a esa deuda con un acuerdo de alquiler (un arriendo), y al riesgo de una baja rentabilidad, ya que los obreros generarían sus propios sueldos”, remarcó.
Murúa planteó, ante esta realidad, una reunión en conjunto para plantear la puesta en marcha del ingenio, centrando todo en ese acuerdo de alquiler tras fijar el monto definitivo de la deuda salarial. “Así se cerraría el contrato computando esa deuda a favor y poder entrar al ingenio y alistar la maquinaria”, apuntó.
Consultado sobre las condiciones legales y el financiamiento de la cooperativa para que el ingenio pueda moler, indicó que el cuerpo de abogados del Ministerio se pondrá a trabajar para el encuadre judicial del proyecto, y que en el caso del financiamiento “ya se verá” la manera de conseguir fondos del Estado o con planes privados, para conseguir lo necesario y la materia prima, y arrancar.
“Hoy no tenemos nada. Hay un ingenio parado y muchas opiniones. Ahora hay un interés del capital de trabajo de recuperar la fábrica, y estoy convencido que lo que se haga alcanzará”.
“Está en mal estado”
Por su lado, el secretario de Fotia, Roberto Palina, dijo que el proyecto es una buena intención, pero primero hay que destrabar el conflicto judicial para un arriendo, las deudas que no son salariales, y el financiamiento para el aprestamiento y el arreglo con los proveedores (cañeros), y pagar las deudas de gas y de electricidad -calculó unos U$S 100.000-.
“Hoy el ingenio está en mal estado. Y repararlo es caro. Y el Grupo Omil nos cansó con sus idas y vueltas sobre la deuda con el sindicato. La Fotia evalúa ahora pedir la quiebra de la firma”.