El crimen de Rocío: “Debe existir un protocolo de coordinación de la urgencia”

“Ante situaciones de emergencia como lo es una violencia extrema, es urgente e imprescindible que el Estado en cualquiera de sus poderes pueda actuar con mecanismos ágiles y eficaces. Debe existir un protocolo de coordinación operativa de la urgencia, que no revictimice al menor o a la víctima, ni la ponga en situación de mayor riesgo; como en este caso con consecuencias totalmente previsibles considerando los antecedentes... Hablo de un protocolo de articulación y coordinación, y no de intervención, porque eso ya existe, aunque no siempre se cumpla”, con esas palabras se inicia la carta que la licenciada en Trabajo Social Graciela Salazar, comunicó en nombre de la cooperativa Generar, la cual preside. El caso al que se refiere es al de Rocío, la nena de 4 años que fue asesinada el 1 de julio en el asentamiento La Chabela.

La licenciada cuestionó la burocracia de los procedimientos: “informes de lo informado, expedientes que dan vuelta de una repartición a otra, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, la Policía, Los CAPS, las ONG; todo sin visibilizar la violencia instalada hasta la muerte de los inocentes. Sin visibilizar que son historias de vida que involucran a personas, que dan cuenta de seres humanos en riesgo grave actual y potencial hasta la muerte. Hablamos de miles de Éricas y de Rocíos, que no son un número, no son estadística... son personas y menores históricamente privadas de derechos”.

“Los sistemas se volvieron perversos, incapaces de dar respuestas estructurales a problemas estructurales. Cada vez que emergen casos como el de Rocío o el de Érica todos actuamos de manera reactiva, sin dar respuestas asertivas o eficaces. Estos casos extremos son la evidencia de que todas las redes institucionales fallaron, las públicas y las privadas, siendo en todos los casos el Estado el garante último de las políticas públicas”, sostuvo Salazar en su comunicado. Luego añadió: “Los vecinos, el comedor y los voluntarios advierten, anticipan y se preocupan; pero son los poderes legalmente constituidos, con mandato y poder de Policía los que deben actuar con la celeridad que cada caso impone”.

“El desafío es recuperar y potenciar familias desde los vínculos afectivos”, concluyó la licenciada Salazar.