La crisis en el transporte público no está resuelta

El sábado pasado se llegó a un acuerdo entre el Gobierno provincial, los choferes de ómnibus y los empresarios para que se adelanten los subsidios nacionales y se pague la de salarial de junio. Con ello se pudo levantar desde el domingo el paro de colectiveros que había dejado sin transporte a la provincia entera durante tres días. Además, se acordó que el cuarto día hábil de agosto se hará efectivo el pago del sueldo de julio. El titular del gremio de choferes dijo que también se hará efectiva una suma no remunerativa por $ 17.000 acordada en paritarias. Por otra parte, se informó que la Provincia ya rubricó con la Nación el convenio para la asignación de subsidios federales, acordando una caja de $ 8.000 millones en prestaciones asistenciales para el transporte de las provincias, con lo que se saldaría la mora en la asignación de fondos respecto de las firmas porteñas.

El acuerdo llegó tardíamente, como ya es habitual en el extendido conflicto del transporte público, porque se aplicó como una medida desesperada para resolver una medida de fuerza que estaba afectando a una porción no precisada pero importante de la sociedad. Medida de fuerza que había sido anunciada desde varios días antes y que cayó como una tromba sobre los sectores más necesitados de la comunidad, que son los que dependen del sistema. Llegó tardíamente, además, porque desde hace demasiado tiempo hay una apatía generalizada frente a este conflicto que se repite mes a mes, que había comenzado al menos dos años antes de que la crisis sanitaria del coronavirus sacudiera al mundo. En la pandemia, por diversos motivos derivados de esta emergencia de salud, creció la crisis del transporte y al mismo tiempo se incrementó la apatía. Se dieron así extensos períodos de medidas de fuerza de choferes en medio de lo que parecía indiferencia de las autoridades, sometidas, por cierto, al desafío extremo de resolver un conflicto que tenía demasiadas aristas complejas.

Con todo, durante 2020 hubo reuniones de diferentes sectores de los poderes Ejecutivo y Legislativo tanto de la Provincia como de la Municipalidad capitalina -que concentra gran parte de las líneas de colectivos- en busca de salidas al problema, en vista de que la Nación ha sido reticente no solo en la asignación de subsidios sino también en el reparto equitativo entre las provincias y en el aumento de los montos, que han estado fijos en medio de un contexto inflacionario salvaje.

Esa preocupación de 2020, no solucionada, ha caído en la apatía de 2021, que se extiende a lo largo de lo que parece un conflicto de empresas privadas, con la diferencia de que se trata de un problema público. El transporte es asunto claro del Estado, que lo organiza y regula.

La pandemia ha puesto de manifiesto que los problemas que arrastraba el sistema se han agudizado y obligan al Estado -Nación, Provincia y municipios- a buscar la forma de resolverlo. Antes de la emergencia sanitaria no parecía rentable o por lo menos había debates sobre la forma en que se resolvía el sistema. Ahora parece ser que los subsidios no alcanzan para cubrir la planilla salarial y mucho menos para afrontar los costos. Habría que estudiar con los números en la mano esta problemática y resolver qué se va a hacer, qué sistema de transporte queremos y necesitamos, y cómo se lo va a lograr, tal como han hecho otras provincias.