El caso de "Chano" Charpentier reaviva un viejo debate: ¿internación involuntaria o no?

Santiago “Chano” Moreno Charpentier lucha por su vida. Un policía que había concurido a su domicilio, en respuesta a un pedido de ayuda realizado por la madre del musico -Marina Charpentier-, le haía pegado un tiro, presuntamente para defenderse de un ataque de aquel, que estaba sufriendo un brote psicótico.

La situación volvió a poner en cuestión la polémica Ley N° 26.657 (de Salud Mental). En particular, el articulado que refiere a la internación involuntaria. La madre de "Chano" había reclamado una mayor acción por parte del Estado. "No sé a quién tenían que mandar o cómo es el procedimiento. Sólo pido que hagan algo con la Ley de Salud Mental porque así estamos todos los padres de los enfermos. La adicción es una enfermedad y nadie nos da respuestas. Está lleno de madres que no tienen visibilidad que están golpeando puertas y nadie las escucha”, había dicho, desde la puerta del hospital donde permanece internado su hijo.

En una nota, el medio Infobae cita al ex director nacional de Salud Mental, Andy Blake, a quien en 2017 el entonces ministro de Salud Adolfo Rubinstein le había pedido la renuncia cuando aquel propuso modificar la reglamentación de aquella norma. En la publicación, Blake cuestiona el proceso de desmanicomialización, tomado en un sentido absoluto. Dice que en Noruega, en Suecia, en Finlandia, en Francia, en Gran Bretaña y en Estados Unidos funciona la internación involuntaria de manera más flexible que en la Argentina. Añade que en casi todos estos países existen centros medios para la atención de pacientes en proceso de recuperación.

“Nadie quiere volver a la práctica asilar. Pero prohibir la internación no es el camino", sintetiza el médico psiquiatra Emilio de Fazio, presidente de la Asociación de Instituciones de Salud Mental de la Argentina, también citado en la nota de Infobae.

LAGACETA.com consultó a funcionarios del área de la salud mental en Tucumán. El director del Programa Universitario para el Estudio de las Adicciones (PUNA), Ramiro Hernández, recordó que la norma -la cual calificó como buena, aunque perfectible- está cumpliendo una década de sancionada. Advirtió que como depende mucho de la reglamentación y de la adhesión de cada provincia, las situaciones son diferentes en cada distrito.

"El espíritu de la ley es la defensa de los derechos de las personas con padecimiento mental. Además, incorpora las adicciones como una problemática de salud mental, lo que las iguala a otras patologías y obliga al Estado y a las obras sociales a incluirlas en el programa médico obligatorio. También determina que la atención de los pacientes debe ser interdisciplinaria, y apunta al tratamiento comunitario, en hospitales generales", indicó.

Consideró que, en muchas ocasiones, los centros psiquiátricos resultaban inadecuados para los tratamientos. "Muchas veces funcionaban como 'depósitos' de personas, donde se mantenía al paciente aislado de su familia y donde no se daba un tratamiento que lo reinserte en la sociedad", afirmó.

En ese sentido, admitió que en Tucumán los hospitales psiquiátricos Del Carmen y Obarrio fueron incorporando servicios generales, a la vez que el Padilla sumó la atención a personas con problemas de salud mental. Pero precisó que en la parte privada no ocurre lo mismo. "Prácticamente ningún sanatorio recibe pacientes de salud mental; estos son derivados a instituciones especializadas. Entonces, una cosa es lo que dice la ley y otra es lo que sucede en cada provincia. Hay una desinversión en salud mental, y encima la pandemia discontinuó los tratamientos", señaló.

El caso de "Chano", en particular, le sirvió para marcar otro punto de la norma que no se cumple en un 100%. "El manejo de la urgencia estuvo mal. Cada provincia debe contar con un dispositivo de emergencia en salud mental para la atención domiciliaria. Además, la ley dice que las fuerzas de seguridad deben funcionar como apoyo, y siguiendo un protocolo. Esto tampoco se cumple, porque los miembros de las fuerzas de seguridad no están capacitados en el tratamiento de salud mental", cuestionó.

Respecto de la internación involuntaria, admitió que aunque la norma de nuestro país la prevé aún hay mucho debate sobre este punto. "La ley dice que debe ser el último recurso, y solo cuando la persona represente un riesgo para sí o para terceros. Pero esa internación puede hacerse, con las firmas de dos personas del equipo de salud mental", explicó

No obstante, precisó que tras esta decisión se debe comunicar al Juzgado. "Y para eso, la ley prevé un órgano de revisión, que no existe o no funciona. Este debe monitorear el cumplimiento de la ley, debe analizar el pedido de internación, hacer el seguimiento del paciente internado, buscar a su familia, y designarle un abogado, en caso de que no lo tenga", indicó. Y subrayó que aunque se trate de un trámite engorroso, debe reglamentarse y debe funcionar.

A criterio de Hernández, hay que avanzar mucho en la reglamentación de la ley, y crear los servicios previstos por esta, que aún no existen. "Y generar el servicio de emergencia en salud mental, y capacitar a la fuerzas de seguridad", añadió.

Sintetizó en tres ejes la discusión: "hay que poner el foco en la persona con padecimientos en salud menal; hay que trabajar para eliminar la estigmatización, y hay que garantizarle una adecuada atención".

En defensa de la norma

El secretario de Adicciones de Tucumán, Matías Tolosa, consideró como de avanzada la Ley N° 26.657 debido, precisamente, a que puso el eje en los derechos de las personas con padecimientos de salud mental y a que vinculó el consumo de sustancias a esta rama sanitaria.

"La ley sostiene que se deben generar intervenciones terapéuticas adecuadas a las necesidades de cada persona. Propone el fortalecimiento de ámbitos de tratamiento comunitarios, para que la persona pueda desarrollar su intervención terapéutica en su contexto, en su barrio. Y es lo que la Provincia y muchos dispositivos en el país vienen proponiendo: favorecer la llegada de la persona a los tratamientos", señaló Tolosa.

Respecto del cuestionamiento de la madre de "Chano", el funcionario provincial remarcó que la norma en ningún momento propone la imposibilidad de una internación involuntaria. "Sí plantea que esta no es la única alternativa de tratamiento, porque prevé opciones según la necesidad terapéutica", insistió.

Precisó que un equipo de salud mental evaúa el caso; y si este considera que existe una situación de riesgo, puede determinar la internación involuntaria: "la ley no está en contra de esto; pero sí subraya que cada persona debe recibir el tratamiento que necesita".

El funcionario provincial, de hecho, señaló que los casos que requieren este tipo de hospitalización resultan una minoría. "El 80% o el 85% de los tratamientos que se llevan adelante son ambulatorios. Solo una pequeña proporción requiere un tratamiento más vinculado a una internación, o algo más residencial", indicó.

Consideró que la difusión del episodio protagonizado por "Chano" debe servir para trabajar más aun en la sensilización del tema. "A diario, personas anónimas sufren algún incidente de salud mental. Debemos terminar con losm prejuicios, con la estigmatización, con discursos que excluyen. Y, en paralelo, hay que seguir generando instancias de tratamiento, espacios de primera escucha, accesibilidad de cada persona a dispositivos de abordaje, para que pueda recibir el tratamiento según su necesidad terapéutica", afirmó.