¿Qué sabe Jujuy que nosotros aún no sabemos?

¿Cuál es la premura que tiene Gerardo Morales para tomar decisiones sin medias tintas sobre la pandemia? ¿Cómo hace el mandatario para adelantarse a medidas que luego repercutirán en el resto de distritos? Otra vez la provincia del norte tomó la delantera en iniciativas vinculadas al coronavirus y sin titubear, decretó medidas contundentes para evitar el aumento de contagios. En pleno fin de semana, la administración provincial publicó un decreto en el que dispone que deben vacunarse “todos los agentes dependientes de la administración pública provincial, entidad autárquicas, organismos centralizados y descentralizados, empresas y sociedades del estado cualquiera sea su situación de revista y lugar en que presten servicios”.

El Estado jujeño emplea a 81 trabajadores por cada 1.000 habitantes, según datos recientes de la consultora Aerarium, que midió estadísticas de diciembre de 2020. Por lo tanto, el decreto de Morales podría impactar en un 8% de la población. Si bien gran parte de dicho grupo ya podría estar inoculado con al menos una dosis, la provincia se aseguraría un porcentaje de adultos ya protegido de cara a la tercera ola de coronavirus que tanto preocupa a los especialistas por el impacto de la variante delta. Pero Morales no se limitó a una medida que afectará solo a los trabajadores estatales, sino que también “invitó”, a través del decreto, “a la actividad privada en general a adherir”.

El año pasado, Jujuy fue una de las primeras provincias en decretar la suspensión de las clases presenciales, la obligatoriedad del uso de barbijo y la circulación por número de DNI. La frontera con Bolivia aceleró la toma de decisiones de la gestión provincial con medidas que luego serían replicadas en todo el territorio. Hoy la provincia imita acciones que por ahora solo se tomaron en países que están afrontando la virulencia de la nueva variante como EEUU, cuyo presidente decretó la obligatoriedad de la vacunación para todos los agentes federales. Además, el gobernador jujeño les descontará el sueldo a aquellos empleados que no asistan a sus lugares de trabajo por no estar vacunados.

La población protegida en Jujuy también podría tener un potencial aún mayor cuando esta semana el gobierno anuncie un pase sanitario para acceder al transporte público. Solo en el Gran Jujuy el transporte presta servicio a 270.000 usuarios, lo que representa al 35% de la población.

¿Cómo podría repercutir una medida similar en Tucumán? Hasta el momento la provincia vacunó a casi 900.000 personas con al menos una dosis. Si bien la cifra duplica a los vacunados en Jujuy, en términos porcentuales ambas provincias cuentan con un 53% de inoculados en su población. Por lo tanto, ambos distritos parten del mismo escenario para afrontar una posible tercera ola de Covid-19. En caso de establecer la obligatoriedad a trabajadores estatales, la medida afectaría a 57 trabajadores por cada 1.000 habitantes, es decir a casi un 6% de la población tucumana. Como en el caso de Jujuy, gran parte de este grupo ya recibió alguna de las dos dosis, principalmente los trabajadores de la salud, fuerzas de seguridad y docentes, tres de las franjas más pobladas dentro de la planta de empleados públicos. Si el gobierno local también quisiera establecer un pase sanitario, dicha medida alcanzaría por lo menos a 300.000 tucumanos que utilizan transporte público para movilizarse todos los días, un 17% de la población total.

Los datos oficiales, por lo tanto, revelan que Morales tiene algunos índices que lo motivan a tomar la delantera para hacer obligatoria la vacuna y cuenta con un potencial de crecimiento de inoculados mayor que el de Tucumán. Pero como ya aprendimos, ambas provincias estarán expuestas de la misma forma a una nueva ola o variante de coronavirus. Los dirigentes observarán con atención la reacción de los jujeños y el impacto político de estas medidas sanitarias, que más allá de su efectividad, obligarán a tomar posturas frente a una pandemia que por ahora no se toma licencia.