25 Agosto 2021
Aerolíneas Argentinas
En Estados Unidos, la Argentina suma una nueva demanda. En los tribunales del distrito de Columbia, el fondo Titan Consortium le reclama al país el pago de US$327 millones que le debe por el fallo en contra que tuvo en el Ciadi -el tribunal arbitral del Banco Mundial-, a raíz de la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral, ocurrida en 2008.
Según detalló La Nación, en 2019, el Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones) rechazó el pedido de nulidad que había realizado la Argentina, luego de que en 2017 condenara al Estado argentino a desembolsar más de US$320 millones más intereses a Titan.
La expropiación
El pase de manos de Aerolíneas Argentinas se realizó en medio de fuertes polémicas. El gobierno kirchnerista tomó la empresa y mandó un proyecto para declararla de interés público. Esa ley le entregó facultades al Ministerio de Planificación para que sea el ejecutor del Congreso. Con amplia mayoría, tanto diputados como senadores aprobaron el proyecto.
Luego se pidió al Tribunal de Tasaciones de la Nación que valuara los activos. Ese trabajo entregó un valor negativo de US$832 millones, muy lejos de los US$600 millones que decía Marsans que valía el grupo de compañías. Como las partes no se pusieron de acuerdo, poco después de la estatización se inició un juicio. Entonces, el Estado depositó un peso como valor simbólico y se hizo de la empresa.
Pocos días antes de la primera audiencia en el Ciadi, el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Enrique Lavié Pico reconoció el derecho del Estado a la expropiación de acciones de las empresas Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas, que en 2008 estaban en poder de la firma Interinvest Sociedad Anónima.
El Estado tomó el control de la empresa y colocó primero como presidente a Julio Alak y, después, a Mariano Recalde. Finalmente el Ciadi ubicó la vara más cerca de lo que pedía Marsans que de lo que estableció aquel Tribunal de Tasaciones.
El juicio empezó formalmente el 3 de marzo de 2014, cuando arrancaron las audiencias en el Banco Mundial. Fueron 15 días que terminaron con los alegatos de cada una de las partes.
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