Las instituciones, en el laberinto de Pisa

Ya sin la jubilación como puerta de escape, el juez Juan Francisco Pisa ha comenzado a recorrer el laberinto del juicio político, acusado por su desempeño en el caso de la profesora de inglés Paola Tacacho, asesinada por el acosador Mauricio Parada Parejas en octubre pasado. Quince días hábiles tiene el magistrado para su descargo y luego la comisión actuará durante 30 días. Pisa comenzó a tirar mandobles, como había anunciado en diciembre -cuando fue acusado por primera vez en la Legislatura-, advirtiendo que pagarían quienes se metían con su caso. Ahora negó haber tenido responsabilidades en lo sucedido con Paola, defendió su papel en la causa por “desobediencia judicial” por la que absolvió en 2016 a Parada Parejas y dijo que no intervino en las 13 o 14 causas de la profesora. Y su primer mandoble fue contra LA GACETA al sugerir que “han vendido una historia equivocada”.

Justicia que se esconde

Lo correcto y lo equivocado se han de ir dilucidando en el laberinto del juicio, en el que volverá a ponerse en debate la tragedia de la docente de inglés, un estigma contundente de la negación de auxilio a las víctimas por el cual la Justicia sigue escondiéndose detrás de los escritorios y de las normas, como hace el juez, cuya frase va a resonar constantemente: “¿qué responsabilidad puedo tener yo en este caso?”

Alberto Lebbos, que bastante sabe de la evasión de responsabilidades de la Justicia y del poder político frente a la falta de respuestas a las víctimas, dice que lo ha impactado esta noticia de que el juez vaya a juicio político, pero en primer lugar lo impactó como una consecuencia de la interna en el oficialismo. “Esto ocurre por la grieta; no es que les vino un fuerte impulso de hacer funcionar las instituciones. Todos tenemos esa sensación. Es bueno que funcionen, pero lamentablemente uno tiene que estar mirando bajo el agua”, explica.

Otros tiempos, otros vientos

Está claro que en la primera acusación contra el juez no había grieta y la comisión actuó casi monolíticamente en febrero para desestimar el pedido de juicio político con la excusa de que el gobernador Juan Manzur había aceptado la renuncia de Pisa. No importó si la comisión estaba obligada a seguir actuando. Se archivó. ¿Qué garantía hay ahora de que las instituciones estén funcionando, como dijo el legislador alfarista Walter Berarducci, cuando señaló que “son vientos buenos para recobrar la institucionalidad”? Mientras Pisa recorra su laberinto, los ojos van a estar puestos en lo que ocurra en las PASO, el 12 de septiembre, donde habrá ganadores y perdedores en la grieta oficialista. Por ahora la Legislatura, reducto del vicegobernador Osvaldo Jaldo, está mostrando su movimiento y en él se ven los trámites de juicio político contra Pisa, contra el juez Orlando Stoyanoff y contra el ministro de Educación, Juan Pablo Lichtmajer. ¿Cómo será el derrotero de Pisa en su laberinto para fines de octubre, cuando arrecie la campaña electoral y el oficialismo esté obligado a dejar bajo la alfombra sus peleas internas?

Por ahora, Pisa ya no tiene la puerta de la jubilación -aunque llegara la resolución de la Anses- y sólo se pueden hacer especulaciones con respecto a las actuaciones del jury, que está integrado por representantes de la Corte Suprema, la Legislatura, el Poder Ejecutivo y el Colegio de Abogados.

Otra cuestión es la acusación. “Paola no fue oída”, dijo el presidente de la comisión de Juicio Político, Raúl Ferrazzano, que afirmó –a partir de la denuncia de las militantes feministas Belén Ortiz y Laura Sánchez- que Pisa ignoró la Ley de Emergencia contra la Violencia contra la Mujer, vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva de Tacacho y el derecho de acceso a la justicia y no actuó con perspectiva de género. Suena contundente y razonable. Las denunciantes dijeron que tienen buenas expectativas y se apoyaron en la acordada de la Corte Suprema que analizó la tarea en el juzgado de Pisa y encontró irregularidades.

Consecuencias de los actos

El juez, por ahora, dice que no podía saber en 2016 lo que iba a hacer en 2020 el acosador; y que aunque él lo hubiera condenado jamás hubiera estado privado de libertad. Esto obliga a reflexión, más allá del laberinto del magistrado. Por un lado, está claro que los actos públicos tienen efectos y responsabilidades, aunque habrá que analizar en profundidad esas responsabilidades. La acusación de no haber actuado con perspectiva de género es contundente y la sociedad ya está aprendiendo en muchas áreas acerca de la necesidad de tenerla en cuenta. Por eso se ha obligado a dictar en todo el Estado la capacitación en la Ley Micaela. Habría que chequear cómo está resultando esa formación.

Por otro lado está el planteo de la familia Tacacho y de militantes por los derechos de la mujer, de que hubo otros funcionarios de la Justicia que tuvieron responsabilidades en las desestimaciones constantes de las denuncias de Paola. Todos esos funcionarios –fiscales y empleados de fiscalías- quedaron expuestos en las publicaciones que hizo LA GACETA de

La perspectiva que falta

En uno de los casos, el de la fiscala Mariana Rivadeneira, se pidió juicio político, que fue desestimado rápidamente. ¿No es una circunstancia parecida? Esto abre inquietudes sobre el sistema, sobre todo porque se presume con bastante certeza que hay muchas víctimas como Paola que están pidiendo auxilio infructuosamente. La Justicia se está escondiendo detrás de los escritorios y de las normas y trata de esquivar que no se actúa con perspectiva de género. En el caso de otra profesora de inglés que ha denunciado acoso se le ha dado custodia, pero se ha negado que sea similar al de Paola. ¿Está faltando en este caso la perspectiva de género?

En un debate que se hizo en la Facultad de Derecho de la UNT, la decana Adela Seguí dijo que las instituciones deben asumir sin vergüenza que tienen que hacerse cargo de formar profesionales que tengan una mirada íntegra, sensible y de género. Esa es una definición que tendría que motivar una emergencia en serio, debatida por todos los poderes cuanto antes.

Precisamente, el laberinto del juez Pisa podría movilizar a la sociedad a que se acepte esta perspectiva, sobre todo si el jury llegara a destituirlo y sentara el precedente para que las instituciones pongan en serio, en el centro de la discusión, al machismo que las inunda y ha generado esta tragedia.