Una periodista de LA GACETA reitera que es criminalizada sin pruebas y para acallarla

Irene Benito, periodista de LA GACETA, reiteró a la fiscala Mariana Rivadeneira que está siendo criminalizada de un modo infundado e antijurídico como consecuencia de su ejercicio de las libertades de prensa y de expresión. La nueva presentación espontánea ingresó este jueves a la unidad de Rivadeneira, quien citó a Benito a prestar declaración como imputada a partir de una denuncia de noviembre de 2020 de Alfredo Falú, abogado y funcionario público con el rango de subsecretario del Gobierno. Benito expresó que la acusación en su contra es falsa; que los hechos que le endilgan no configuran delitos, y que la prensa debe ser protegida ante los ataques desmesurados en una sociedad libre y democrática, tal y como la propia Rivadeneira había dictaminado en marzo al disponer el archivo de las actuaciones.

La periodista, que también es abogada (no matriculada), dijo que no había cuestiones nuevas que justificaran mantener la causa en pie, y que, por el contrario, la información incorporada a partir de que la fiscala resolviera volver sobre sus pasos -por un pedido del denunciante- acreditaban su inocencia y la verdad de su versión. A Benito se la acusa de haber maniobrado para beneficiar periodísticamente al ex presidente del Colegio de Abogados de la Capital, Francisco García Posse, quien también fue citado a una indagatoria este 21 de diciembre. La base de tal elucubración es la alegación de inexistencia de una obra de redacción jurídica encomendada a la periodista en el ámbito de la actividad como docente de escritura para letrados que aquella desarrolla desde hace alrededor de 15 años en diversas entidades. Según la denuncia, el libro sería una pantalla para ocultar un pago indebido por la tarea de difusión de causas como “Teves” y “Rigourd”. La periodista añadió a su presentación una copia certificada por la escribana pública Catalina Elizabeth Minniti del “Libro de Estilo de los Abogados de Tucumán” en poder del Colegio de Abogados del Sur desde casi un año antes de la denuncia. Además, aportó correos electrónicos relativos al prólogo que elaboró la constitucionalista María Angélica Gelli en agosto de 2020.

Benito subrayó que el texto fue encargado por los dos colegios de abogados, el de la Capital y el del Sur, y entregado en mano, mediante respectivas copias impresas del original, a los entonces presidentes Marcelo Billone y Ángel Fara en una reunión del 16 de diciembre de 2019 (la publicación, que está pendiente, corre por cuenta de las entidades). La periodista apuntó que ambas instituciones ratificaron tales acontecimientos por pedido de la fiscala, y que incluso detallaron pagos por $ 40.000 en el caso del Colegio de Abogados del Sur y de $ 30.000 en el supuesto del Colegio de Abogados de la Capital, que admitió que quedaba un saldo de $ 10.000 a disposición de la autora. “En especial es de relevancia la contestación del Colegio de Abogados del Sur, organización a la cual ningún informe se le había solicitado al comienzo de las actuaciones. O sea que no hay hechos nuevos ni nada que pueda alterar el archivo resuelto por esta Fiscalía en marzo porque, además de que el denunciante criminalizó antijurídicamente la contratación de mi persona para redactar un libro, los colegios ratifican que no hubo fraude, estafa, ni ningún otro obrar u omisión de mi parte pasible de sanción penal”, expresó la periodista en la manifestación también firmada por su abogado defensor, Patricio García Pinto.

La citación a indagatoria fue emitida por Rivadeneira antes de que el Colegio del Sur respondiera el oficio que aquella le había remitido. En la causa hay, además, dos correos electrónicos aportados por Falú, quien sostuvo que Billone habría tratado de encubrir los delitos e incurrido en mentiras, y un informe del actual presidente del Colegio de la Capital, Rodolfo Gilli, que llama “bosquejo” al libro en cuestión. Benito advirtió que los mensajes habían sido enviados a Diego Vals, ex presidente del Colegio del Sur, y a García Posse, y sólo confirmaban la preparación de la obra en los términos indicados y de un modo totalmente transparente, puesto que los e-mails habían sido reenviados a la cuenta institucional del Colegio. En cuanto a la idea de tratar el proyecto en una “comida relajada” y el tratamiento de García Posse por su sobrenombre, “Pancho”, Benito refirió que no entendía dónde estaba el delito. A los fines de esta publicación, la periodista recordó que ella misma se había reunido con el denunciante a comer en ocasión de que, en la época tomada como delictiva, aquel acusó al fiscal Alejandro Noguera.

“No conozco la razón por la cual el actual presidente del Colegio de la Capital califica de ‘bosquejo’ el ejemplar que entregué a dicha institución el 16 de diciembre de 2019. Es el mismo libro terminado que ese día entregué a los presidentes de los dos colegios, un ejemplar para cada uno, tal y como informa y reconoce sin ‘calificativos’ al Colegio del Sur”, manifestó la periodista a Rivadeneira. Y añadió: “el denunciante, además de sus falsedades y subjetividades, también hace gala de una extraña facilidad para criminalizar hechos, como es el caso de mi actividad periodística. Tampoco puedo dejar de preguntarme si ya va acusando penalmente a dos ex presidentes del Colegio de Abogados de la Capital, García Posse y Billone, ¿continuará con su forma de actuar y avanzará contra el presidente actual, Gustavo Geria Lépore, y los ex presidentes del Sur, Vals y Fara?”.

Benito hizo hincapié en que se pretendía manchar una actividad lícita y constitucional realizada de manera abierta, transparente y con el aval de los consejeros de la abogacía, como consta en la causa. “Lo que Falú llama ‘operaciones de prensa maliciosas’ son realidad ataques a la libertad de expresión y el derecho de los periodistas a opinar sobre cuestiones de interés público para intentar acallar mi voz, para que me autocensure, para que tenga temor a represalias penales”, dijo. Tal posición ha sido sustentada en pronunciamientos de diversas entidades de defensa del periodismo y organizaciones no gubernamentales de la Argentina y extranjeras, así como por ciudadanos particulares que rechazan la transformación del periodismo crítico en un accionar criminal.