La condena al ex fiscal Albaca sienta un precedente histórico para la Justicia local

El caso “Lebbos” rompió todos los récords y llevó a la Justicia de Tucumán a otra dimensión, un nivel donde la institución es capaz de juzgarse a sí misma y de castigar a los integrantes de la casa que quebrantaron el Código Penal en ocasión de ejercer el cargo. La decisión de condenar por primera vez a un ex fiscal, Carlos Albaca, por la comisión del delito de encubrimiento agravado perfora la barrera que blindaba al Poder Judicial local. “Nadie es intocable”, celebró ayer Alberto Lebbos, padre de la víctima Paulina Lebbos y abuelo de la querellante Leticia Victoria Lebbos, quien al final no presenció el juicio (se informa por separado). Más allá del efecto en el caso concreto, la sanción impuesta a Albaca, que aún puede ser discutida en la Corte Suprema, sienta un precedente de máxima relevancia para otros funcionarios equiparados a magistrados cuestionados por sus prácticas morosas, opacas u obstructivas.

Antes de la notificación de la resolución unánime de los jueces Fernanda Bähler (presidenta), Wendy Kassar y Raúl Cardozo, Albaca dijo que confiaba “en la mayoría de los integrantes” del Poder Judicial y que aguardaba una absolución -después se retiró acompañado por su defensor Macario Santamarina sin contestar las preguntas de la prensa-. Según su criterio, su condena entraría en contradicción con el segundo fallo contra agentes estatales que debían investigar el caso “Lebbos” (se informa por separado). El plazo para recurrir la sentencia de la Sala I de la Cámara Penal que debe concluir las causas del viejo Código empezará a correr tras la entrega de los fundamentos programada para el 12 de febrero a las 12.

El crimen de Paulina Lebbos, acaecido en 2006, tiene ya su propia trilogía de enjuiciamientos con resultados adversos para los agentes estatales que debían dilucidar el delito. Es difícil encontrar un derrotero semejante en el país. Además, la espiral de condenas ha ido en ascenso. Empezó por los policías de rango más bajo involucrados en el hallazgo de los restos de la joven; prosiguió por la plana mayor de la cartera de Seguridad de la gestión del ex gobernador y ex senador José Alperovich, y desembocó en “la pata judicial” que representa Albaca, quien controló la causa del homicidio entre 2006 y 2013. Este miércoles Lebbos prometió que irá por un cuarto juicio contra César Soto, ex pareja de su hija; Sergio Kaleñuk, hijo del ex secretario privado de Alperovich, Luis Alberto Kaleñuk (fallecido); el propio ex gobernador, y otros 40 sospechosos de encubrimiento y falso testimonio. A ese grupo hay que agregar dos sujetos más: el ex secretario de Albaca, Emilio Ángel Salazar, y Luis Daniel Olivera, el dueño del camping donde Kaleñuk padre instaló una casa durante un tiempo. En el tercer juicio que acaba de concluir, Olivera confesó que había usurpado lotes fiscales en El Cadillal.

Albaca es la séptima autoridad estatal condenada por encubrimiento agravado del homicidio de Lebbos y la de mayor jerarquía. Anteriormente habían sido sancionados por esa misma figura penal el comisario Enrique García y el oficial ayudante Manuel Ezequiel Yapura en el primer juicio, y Eduardo Di Lella, secretario de Seguridad; Hugo Sánchez, jefe de Policía; el subjefe Nicolás Barrera y Héctor Rubén Brito, superior de la Unidad Regional Norte, en el segundo.

Los magistrados Bähler, Kassar y Cardozo aplicaron a Albaca el máximo de la pena disponible, seis años de prisión, que habían solicitado el fiscal Gerardo Salas y la abogada querellante Soledad Deza. Pero el tribunal rechazó el pedido de privación preventiva de la libertad y, en principio, tampoco acogió la petición de quitar al ex fiscal la jubilación excepcional con el beneficio del 82% móvil que aquel goza desde 2014 gracias al decreto de Alperovich que le aceptó la renuncia condicionada, acto que detuvo el procedimiento de destitución. Deza anticipó que solicitará una aclaración dado que la resolución no explicita nada al respecto (se informa por separado). Si el fallo queda firme, Albaca no irá a una cárcel común puesto que este mes alcanzó la edad de 70 años que le permite acceder al arresto domiciliario.

El pronunciamiento de Bähler, Kassar y Cardozo incluye un aspecto que lo distingue de los dos previos: es la decisión de ordenar que el imputado y el Gobierno de Tucumán reparen el daño moral ocasionado a Leticia Victoria Lebbos. El tribunal dispuso que los codemandados civiles paguen $ 5 millones más intereses, casi la mitad del monto total reclamado originalmente. El fallo acoge la pretensión de que el Estado sea responsabilizado por los delitos de sus agentes. Este logro, que coloca a Tucumán a la altura de la jurisprudencia internacional en la materia, intenta paliar la vulneración del derecho a saber la verdad sobre quiénes y de qué manera, hace ya casi 16 años, mataron a Paulina Lebbos.

PEDIDO DE ABSOLUCIÓN

“Confío en la mayoría de los integrantes de la justicia”, dijo el ex funcionario imputado

A las 9.40 de ayer, 40 minutos más tarde de lo programado, empezó la última jornada del juicio oral y público del ex fiscal Carlos Albaca. Enseguida este se levantó de la silla de los acusados y en cuatro minutos liquidó su derecho a dirigir unas palabras finales al tribunal. “No cometí ningún delito: reitero que merezco la absolución. El Ministerio Público (Fiscal) no ha logrado probar responsabilidad alguna de mi parte. Hay una sentencia de la Sala III de la (antigua) Cámara Penal que ratificó mi descargo en cuanto a que no se preservó la escena del hallazgo de los restos (de Paulina Lebbos) y a que el paso del tiempo no influye en la evidencia recolectada. Un pelo bien conservado dura 50 años. El mismo Emilio Mrad (abogado de Alberto Lebbos) sostuvo (en el segundo juicio) que no era responsabilidad del fiscal conservar la prueba. Una sentencia condenatoria entraría en contradicción con la de la Sala III que está confirmada por la Corte. Sólo cabe dictar una sentencia absolutoria... confío en la mayoría de los integrantes de la Justicia”, manifestó. Luego el tribunal desalojó la sala y se retiró a deliberar hasta las 13.17, cuando volvió para notificar a las partes y a la sociedad que condenaba al ex fiscal.

MANTENDRÍA LA JUBILACIÓN

La sentencia no especifica una postura

Carlos Albaca no irá a la cárcel -tiene la edad requerida para el arresto domiciliario- y, en principio, tampoco perderá el haber jubilatorio con el beneficio del 82% móvil, pese a haber sido condenado a la pena máxima del encubrimiento agravado, seis años de privación de la libertad, por su actuación en el caso “Lebbos”. La resolución leída ayer no explicita una posición respecto del haber excepcional concebido para recompensar a quienes prestan servicios en la Justicia, pero fuentes tribunalicias explicaron que existía la decisión de que Albaca conservara sus ingresos actuales. La abogada querellante Soledad Deza anticipó que pedirá una aclaración al respecto.