Según legisladores, el fallo de la Corte expone un “vacío legal”

El presidente del cuerpo dijo que existen distintos proyectos que buscan legislar sobre el acceso a la información pública en la provincia.

POSTURAS. Los legisladores coincidieron en el respeto al fallo del Tribunal por adecuarse a las normas vigentes. la gaceta / foto de Inés Quinteros Orio POSTURAS. Los legisladores coincidieron en el respeto al fallo del Tribunal por adecuarse a las normas vigentes. la gaceta / foto de Inés Quinteros Orio

A raíz del fallo de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán que rechazó el amparo presentado por Luis Iriarte para conocer la nómina del personal del Poder Legislativo, legisladores de distintos espacios políticos brindaron su opinión al respecto. Independientemente de sus posturas, todos coincidieron en respetar la sentencia emitida por el máximo órgano de justicia, antes del cierre de 2021. Desde uno de los bloques políticos también remarcaron que lo sucedido en torno a este caso abre nuevamente el debate sobre la necesidad de que la provincia cuente con una ley que garantice el acceso a la información pública.

“Somos respetuosos de los poderes. La Corte tendrá sus motivos para haber tomado dicha decisión y más allá de estar de acuerdo o no, somos respetuosos”, dijo el presidente de la Legislatura de la Provincia, Sergio Mansilla.

En diálogo con LA GACETA, el legislador oficialista afirmó estar de acuerdo “en general” con lo que sugiere el fallo. “Estamos en una línea de tratar de cuidar los intereses y la privacidad de mucha gente que desempeña funciones en la Cámara. Por nuestra parte seguiremos brindando información a los verdaderos interesados, como cada legislador que necesita saber. La otra información está como corresponde en la Anses y se la puede sacar de ahí”, precisó Mansilla.

Necesidad de una ley

“Con una ley, ningún ciudadano hubiese tenido necesidad de presentar un amparo y en caso de incumplimiento de la norma se hubiera presentado una denuncia por incumplimiento en los deberes de funcionario público”, manifestó Walter Berarducci.

En relación a esto, el representante del Partido por la Justicia Social (PJS) en la Legislatura remarcó que el fallo judicial “da por concluida las pretensiones y las peticiones del amparista”, pero eso “no concluye la discusión política” sobre el tema. “Tucumán viene en deuda con la reglamentación de diversos institutos que ya funcionan en el ámbito nacional. También debe observarse que el fallo, en el voto del vocal Daniel Posse, llama a los otros poderes para llenar el vacío legal”, exclamó.

“Cuando dicta una sentencia, la Corte se adecua al plexo normativo. Sobre los fundamentos del fallo los comparto, por eso en junio del año pasado presenté un proyecto para que Tucumán pueda tapar el vacío legal que tiene sobre este tema”, dijo el legislador. Y agregó: “el poder legislativo debe abocare a llenar ese vacío porque estamos hablando de reglamentar un principio básico de la república y contemplado en la Constitución como lo es el acceso a la información pública para rendir cuentas ante el votante por parte de personas que por el voto popular o una designación administran recursos que no les son propios porque pertenecen al pueblo de la provincia”.

Conforme a derecho

Consultado por este medio, Raúl Ferrazzano, presidente de la Comisión de Legislación General de la Legislatura, aseguró que el fallo fue dictado “conforme a derecho” y señaló que “en este caso se protege el derecho a la intimidad, considerando la información personal como aquella vinculada a todos los aspectos de la vida del individuo, de sus asuntos o negocios, designios o afecciones de él o su familia, por lo común reservados, por considerar que integran su ámbito personalísimo en virtud de la ley nacional 25.326”.

En esta línea, el dirigente del Frente de Todos (FdT) remarcó que la Ley de Protección de Datos Personales y Hábeas Data regula justamente “la protección integral de los datos personales asentados en archivos, registros, bancos de datos u otros medios técnicos de tratamiento de datos, sean éstos públicos o privados destinados a dar informes, para garantizar el derecho al honor y a la intimidad de las personas y este fallo tiende a preservar los principios de esta normativa para impedir estigmatizaciones. “La correcta protección de los datos personales puede considerarse como una condición para garantizar el respeto del principio de igualdad. Todos los instrumentos sobre la cuestión prohiben cualquier discriminación basada en datos personales e intentan garantizar su privacidad”.

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