España y la violencia de género

En julio de 2021 en España se aprobaba la Ley de Libertad Sexual, conocida popularmente como “solo sí es sí”, en donde se tipifica como delito el acoso sexual callejero, que se castigará con localización permanente o trabajos en beneficio de la comunidad. Esta Ley equipara a las víctimas de violencia sexual con las de género, y establece la puesta en marcha de una red de servicios de atención integral.

Así, todas las comunidades autónomas deberán contar con centros de crisis 24 horas, preparados para atender a las mujeres que sufran violencia sexual en todo momento, algo que, según los medios españoles, no se estaba cumpliendo. La norma contempla también la creación de juzgados especializados en violencia sexual –como sucedió con la violencia de género en la pareja o ex pareja– y formación para todos los operadores que intervienen en el proceso.

“Desde marzo de 2021, el teléfono de atención 016 así como los servicios online homólogos, atienden a mujeres que padecen cualquier tipo de violencia machista. Unos meses más tarde, el Gobierno aprobó también la ampliación del servicio de atención y protección telefónica (ATENPRO) a las víctimas de violencia machista fuera de la pareja o expareja.

Hasta ahora, a este recurso de telefonía móvil y telelocalización solo podían acceder las víctimas que sufren violencia por parte de hombres con los que mantienen o han mantenido una relación sentimental. A partir de ahora podrán utilizar este servicio que ofrece atención inmediata y especializada las mujeres que sufren violencia sexual, explotación sexual o trata”, publicó recientemente El Diario de España.

Sin embargo, la violencia institucional, silenciosa y que termina por callar las voces de las mujeres es la que más cuesta erradicar: "Es un tipo de violencia que las abarca casi todas, viene a decir que las instituciones no están dando respuesta adecuada a las violencias ni en prevención ni en sanción. Ahí tenemos que seguir haciendo mucho hincapié", dijo al El Diario la abogada Consuelo Abril.

En muchos casos cuando las mujeres se acercan a denunciar reciben violencia institucional porque no obtienen respuesta o garantías, sino que además recae sobre ellas la sospecha y la culpa de por qué lo han denunciad". La Ley de Infancia, aprobada en aquel país en mayo pasado contemplaba esta situación: "Necesitamos un cambio de sentido: para un hijo no es bueno tener un padre maltratador aunque aparentemente sea cariñoso con él o le haga muchos regalos", apuntó la abogada Consuelo Abril y explicó que, como sucede en Argentina, muchos jueces carecen de perspectiva de género en sus sentencias.

La violencia institucional, en definitiva, es una práctica estructural de violación de derechos por parte de funcionarios pertenecientes a diversas fuerzas de seguridad o poderes del Estado.

Nuevos tipos de violencia

A finales de noviembre del año pasado, todos los grupos parlamentarios, a excepción de la extrema derecha española, Vox, cerraron un acuerdo para renovar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, un documento de 13 puntos que instó a declarar como esenciales todos los servicios y recursos de reparación y atención a las víctimas de violencia de género y violencia machista en España. Diferentes grupos políticos se comprometieron a adecuar la normativa estatal al convenio de Estambul y al acuerdo del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, que España ratificó en 2014. De esta manera se pide expresamente una “respuesta integral y contextualizada” de todas las formas de violencia que incluye el tratado, con mención expresa a “la violencia económica, la violencia vicaria, y la violencia en el ámbito digital”.

Desde 2003 en España han sido asesinadas 1.118 mujeres por sus parejas o ex parejas y desde 2013, también han muerto a manos de sus padres o las parejas de sus madres 44 menores de edad (los hijos son considerados víctimas directas de la violencia machista desde 2015). Antes de esto, España aún no contabilizaba otras víctimas, como aquellas que fueron asesinadas tras una agresión sexual o en un caso de explotación sexual.

Es por esto que, a partir de este enero de 2022 España se convertirá en el primer país europeo en contabilizar oficialmente todos los feminicidios. “El Gobierno desplegará una nueva estadística en la que, además de los casos mortales de violencia de género dentro de la pareja o la expareja, se registrarán también los feminicidios sexuales, familiares, sociales o vicarios”, indicó el diario El País. España avanza en algo que México y Argentina ya habían hecho: incorporar el concepto feminicidio - los asesinatos de mujeres cometidos por hombres por razones de machismo o misoginia, es decir, por el hecho de ser mujeres- en su legislación.

Si bien hubo varios casos representativos, el de Marta del Castillo fue uno de los más emblemáticos. La joven de 17 años desapareció en 2009 y fue buscada intensamente por su comunidad bajo el lema “Todos somos Marta”. Ella había salido ese día para conversar con Miguel Carcaño quien confesó el crimen días después y está condenado por el mismo, luego de que en su chaqueta se encontrara sangre de Marta. Hubo protestas, marchas y revueltas ante el juzgado pero el cuerpo de Marta, una víctima más de la violencia machista, nunca apareció.