10 Febrero 2022
Los mensajeros y el Gobierno están llevando a cabo reuniones con miras a mejorar la seguridad de estos trabajadores, que se volvieron esenciales desde el comienzo de la pandemia y al mismo tiempo se han convertido en blancos de ataques de los delincuentes. Esos encuentros son un reflejo de la crisis que agobia al sector y de la voluntad de encontrarle salidas.
Los cadetes reclaman medidas de apoyo desde hace mucho tiempo. Hace poco más de un año fueron asesinados dos repartidores en que habían llevado pedidos a barrios críticos y hace pocos días uno perdió cuatro dedos de una mano en un violento ataque. En diciembre hicieron dos marchas en reclamo de seguridad y entonces se reveló que sufrían entre 18 y 25 ataques por mes, que se denunciaba el 75 % de las agresiones y que cada vez se achicaba más el radio de los lugares a los que podían ir. Según el titular de la Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicios (Asimm), las limitaciones serían, al norte, avenida Francisco de Aguirre; al este, el parque 9 de Julio (avenidas Soldati - Brígido Terán); al sur, avenida Independencia y al oeste el Camino del Perú. Además, el cuadrante comprendido entre Alem e Independencia hacia el este, quedó excluido al igual que el cuadrante entre avenida República del Líbano, Belgrano y Estado de Israel, hacia el norte. “Esos serían los límites aproximadamente si nos llevamos de los recorridos que hacen los trabajadores de las dos aplicaciones más conocidas; sin embargo hay que aclarar que después hay compañeros que trabajan particularmente para sangucherías, pizzerías y otros locales de esas zonas y que sí las recorren”, especificó. “Villa 9 de Julio (de la Juan B. Justo hacia el este) es otro barrio al que ya casi no vamos. Se fue limitando mucho también el acceso ahí por la cantidad de asaltos que sufrimos. En realidad hay compañeros a los que incluso en pleno centro les han robado, pero, a medida que nos alejamos del centro y entramos a ciertas zonas los ataques se vuelven más y más violentos”, dijo.
El Gobierno los convocó para hacer un registro, con la idea de generar un padrón que permitiría visibilizar la actividad, por un lado, y aportarles un GPS para hacerles seguimiento durante sus recorridos. Hay unos 500 cadetes registrados y hay otros tantos fuera de radar, a los que se ha convocado para que se unan. En la reunión del viernes pasado con el Ministerio de Seguridad se reveló que hubo un episodio en el que actuaron en busca de “justicia por mano propia”, lo cual ha sido cuestionado tanto por los funcionarios como por los mensajeros. Es importante que esas prácticas –que muestran la poca confianza en la Policía- se discutan. También se ha planteado analizar las medidas que se han puesto en marcha en jurisdicciones como Yerba Buena –allí se propuso armar corredores seguros y se aceitaron las comunicaciones entre cadetes y patrulleros- y sacar lo positivo de estas experiencias.
Los mensajeros se han convertido en un servicio esencial y están entre los trabajadores más desprotegidos. Bueno es que se implementen medidas para cambiar las cosas.
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