La prueba de fuego para el Frente de Todos

La negociación y el acuerdo entre el Gobierno nacional y el Fondo Monetario Internacional (FMI) remeció el verano político. La derivación más sustanciosa fue el portazo del diputado Máximo Kirchner a la presidencia del bloque del Frente de Todos (FdT). El contexto magnificó las repercusiones porque el alejamiento se dio en un tiempo postelectoral desfavorable y, como consecuencia, con una nueva conformación del Congreso con números muy apretados. El Gobierno no sólo deberá negociar ahora con la oposición sino que también deberá hacerlo -en otros términos- puertas adentro.

El antecedente más reciente de los ruidos internos en la coalición gobernante había sido meses atrás, cuando tras los comicios, los ministros y funcionarios kirchneristas presentaron sus renuncias. Ese episodio, de hecho, tuvo un coletazo en Tucumán porque determinó la llegada de Juan Manzur a la Jefatura de Gabinete y la de Osvaldo Jaldo, a la Gobernación.

El entendimiento entre el Poder Ejecutivo nacional y el organismo multilateral debe, por ley, ser autorizado por el Legislativo. El asunto y la polémica se reverdecerán en las próximas semanas. De acuerdo con fuentes nacionales, el Alberto Fernández se pondrá a la cabeza de las tratativas para conseguir los votos durante esta semana. En su último paso por Tucumán, Manzur dio una pista sobre cuándo podría enviarse la iniciativa. Explicó que durante la semana que comienza se terminará de “pulir” la documentación técnica y que luego será remitida al Congreso para su revisión. “No tengo dudas de su aprobación. Primará la cordura”, sentenció también al ser consultado por LA GACETA. El tratamiento comenzaría los primeros días de marzo, tras el comienzo del período de sesiones ordinarias.

Las esquirlas llegaron a la provincia. De los cinco diputados tucumanos que integran el bloque del FdT (integrado por 118 bancas), hay una kirchnerista: Mabel Carrizo. La incertidumbre respecto de cómo actuarán los representantes locales se traslada también a la Casa de Gobierno. Distintas fuentes confirmaron que hay cierta inquietud en el gobernador Jaldo al respecto. La posición de Carrizo tampoco es sencilla porque proviene de La Cámpora y además, en la interna, se mostró cerca del jaldismo. Entre el resto de los parlamentarios justicialistas hay dos grupos: los que llevan más tiempo en el puesto como Mario Leito y Carlos Cisneros y los recientemente asumidos Rossana Chahla y Agustín Fernández. La diferencia es que los primeros compartieron más con Kirchner y cuentan, lógicamente, con experiencia sobre la dinámica de las relaciones en el bloque. En general, la renuncia de Máximo impactó en todos y sorprendió. Colaboradores de los diputados, sin embargo, afirman que no se sintió con rudeza en el conjunto porque los referentes tendrían buena relación con la representante del kirchnerismo y comprenderían su posición.

La consigna en el peronismo es clara: no puede pasar lo que sucedió con el Presupuesto 2022 y la clave será negociar no sólo con el kirchnerismo sino también con Juntos por el Cambio.

En el Ejecutivo dan por descontado que los peronistas acompañarán el acuerdo con el FMI y, por ende, a la gestión Manzur-Jaldo. Trascendió que durante la semana pasada, cuando vino Manzur, acordaron reunirse este miércoles, en la Jefatura de Gabinete, para dialogar sobre el tema y sentar postura. En paralelo, se espera que en la próxima semana se reactive la Cámara baja tras el parate y reacomodamiento y comiencen también los encuentros para la conformación de las comisiones de trabajo.

Los miembros de las diferentes vertientes justicialistas son conscientes de que la prueba de fuego para el FdT será la votación. De eso, dicen, dependerá si el bloque se quiebra y por ende, también el Gobierno.

Una parte de la dirigencia local cree que la escisión es un hecho, sea cual sea el resultado. Considera que la renuncia fue un error de Kirchner y del espacio que conduce su madre, la vicepresidenta Cristina Fernández, porque interpreta que precipitó lo que tenía en los planes: romper el Frente para impulsar su propio espacio hacia 2023. Afirma que el hecho no perjudicó a Alberto y sí puso en una encrucijada no sólo a los parlamentarios afines sino también a los funcionarios del kirchnerismo.

En general, se plantean tres posibles escenarios. El peor, aseguran, sería el voto negativo. Esa sería una declaración de “guerra” y, de darse, ya prevén que deberían alejarse los cristinistas que tienen cargos ejecutivos. Una medida atemperada sería la abstención. La más positiva y demasiado optimista, arriesgan, involucraría que sólo Máximo vote en contra y que los otros diputados k avalen el proyecto.

¿Qué pasa en el kirchnerismo? Fuentes de ese espacio manifestan que aún no hay definiciones sobre cómo votarán. No descartan del todo que la abstención sea la salida más elegante al conflicto, porque no entorpecería la aprobación pero dejaría sentado el malestar. En los últimos días hubo un asado que se realizó en dependencias de la Anses en Buenos Aires y la diputada Carrizo participó. De acuerdo trascendió, Máximo brindó detalles del porqué de su decisión. Entre los motivos que se habrían mencionado estarían varios que se traslucen en su carta pública: sus sugerencias no fueron escuchadas y tampoco conoce los detalles del convenio. Hay otro agregado que es fácil de deducir y que tiene que ver con la importancia que la vertiente le da a los simbolismos y los mensajes: el kirchnerismo, mediante sus diversas figuras, históricamente se expresó en contra de las “presiones” y las políticas atadas al FMI. Hay una puerta abierta: que el tratamiento previo a la llegada al recinto sea excepcional y que puedan acceder a la información necesaria. En ese caso, eventualmente, podrían reconsiderar la postura. Todo está por verse y la incertidumbre probablemente se mantenga varias semanas más.

¿Primarias en Juntos por el Cambio?

La mayor parte de Juntos por el Cambio (JxC) mostró avances en cuanto a la organización con la mirada puesta en las elecciones provinciales de 2023 y en el futuro. Los máximos referentes tienen una idea fija, basada en sus propias autocríticas: dicen que esta vez no dejarán pasar la oportunidad que les brinda la coyuntura nacional y afirman haber aprendido de los errores pasados. Tras la cumbre en Tafí del Valle, hubo otras dos reuniones. Una se desarrolló con distintas fundaciones y organizaciones vinculadas con la producción y la generación de políticas públicas. En el encuentro, los opositores se explayaron sobre la intención del espacio de elaborar un plan de Gobierno hasta 2050 y los equipos técnicos para trabajar en distintas áreas. Según trascendió, varios referentes coordinarán en conjunto las tareas de distintas temáticas. Por ejemplo, Germán Alfaro, Domingo Amaya y Silvia Elías estarán en el área de Economía; José Cano y Beatriz Ávila en la de Salud; Raúl Albarracin y Alejandro Molinuevo en Justicia; José Canelada y Rodolfo Ocaranza en Reforma Política y Roberto Sánchez, Alfredo Alfieri y Elías en Producción. Convocaron a otros dirigentes a unirse.

La otra reunión fue la más jugosa: los equipos legales de los partidos que integran el frente se juntaron para avanzar en establecer una especie de código de convivencia dentro de la coalición ¿Qué incluiría? Algunos detalles como, por ejemplo, cómo podrían definirse las candidaturas. Esto iría en coincidencia con un requerimiento de la mesa nacional de Juntos. La idea es que la oposición no llegue atomizada con distintos postulantes a la gobernación y, de esta manera, dé ventajas a los oficialismos. En pocas palabras, no quieren repetir el “caso Córdoba” en donde Mario Negri y Ramón Mestre confrontaron y perdieron votos. Este tipo de pujas, como se vio en Tucumán, terminan desgastando a la dirigencia y las consecuencias se sufren en las urnas ¿Cómo se resolvería? La idea es que se celebren primarias abiertas dentro del frente en todas las provincias en las que no se llegue a un acuerdo y en las que no esté vigente un sistema de Paso provinciales. Se implementarían con los padrones de los afiliados de los partidos de Juntos y de los independientes que adhieren al armado.

En paralelo, el asunto de la regularización de la intervenida Unión Cívica Radical (UCR), columna clave en el espacio, sigue vigente. En la provincia, actualmente hay dos subinterventores: Lucho Argañaráz y Pablo Macchiarola. El runrún más fuerte de esta semana indica que el titular del partido, Gerardo Morales, enviaría un interventor normalizador para que comience el proceso de renovación de autoridades. El nombre que sonó con más chances para arribar es el del ex vicegobernador santafesino y presidente del Comité en su provincia Carlos Fascendini. La novedad no habría caído bien en algunos sectores internos y se esperan novedades.

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