13 Abril 2022
Eduardo Robinson
Economista y consultor
Tras salir de la convertibilidad, hacia fines de 2001, en medio de una crisis social, política y económica, la economía argentina empezó a alentar presiones inflacionarias. Fue un período de recuperación del consumo, de expansión de la economía, impulsada por los altos precios internacionales de la soja y recuperación del nivel de actividad económica. Desde hace casi dos décadas, la economía viene soportando un proceso inflacionario que se agudizó en los últimos años y que en el año vigente amenaza con superar el 60% anual.
Desde hace ya varios años, se reinstaló en la economía argentina la inflación. El aumento generalizado de precios es un problema que refleja, los crecientes desequilibrios macroeconómicos. Y la inflación, cuando es elevada ocasiona costos. Entre ellos, la dificultad de planificar, de proyectar ingresos y egresos en las empresas y en las familias. En otras palabras, incrementa la incertidumbre y reduce el horizonte de decisiones.
El asalariado, el cuentapropista, no tiene claro cuál será la evolución de su ingreso y de sus gastos. Tal situación produce un clima de estrés salarial. A su vez, no puede anticiparse cuánto se incrementarán sus ingresos porque depende de varios factores: por ejemplo, si se trata de un trabajador registrado o no. En caso de estar en la economía formal, la reparación del salario dependerá de la capacidad de negociación de su sindicato y del sector al que pertenece. Si trabaja en la informalidad la situación es más compleja, pues dependerá de arreglos directos con el empleador. A su vez, depende del sector de la economía, si está ligado al comercio, a la actividad industrial, al sector agrario, etc.
Dado el proceso inflacionario, la pregunta pertinente es qué se avizora en materia inflacionaria. El gobierno, no tiene un plan antiinflacionario. Lo que hizo, hasta el año pasado es usar un par de anclas para los precios: atrasar el tipo de cambio y las tarifas de servicios públicos. Pero, en el año vigente, y con el acuerdo con el FMI, esas anclas hay que relajarlas. Por lo tanto, la inflación será muy difícil de desacelerar. Precisamente, las distintas visiones dentro del gobierno, pasan por cómo contener la inflación. Para el ala del Presidente, hay que pasar un período de reacomodamiento de los precios relativos, es decir, incrementar las tarifas, no menos de un 80%, acelerar la devaluación del dólar oficial y reducir el desequilibrio fiscal tratando de desacelerar la emisión monetaria. El ala más dura, entiende que hay que continuar incrementando la demanda agregada, es decir, alentar más el consumo, no incrementar más del 20% las tarifas se servicios públicos y relajar la política monetaria, esto es no seguir subiendo la tasa de interés para evitar enfriar la economía. Por ello, el problema de la inflación en el actual contexto, responde más a aspectos de orden político que económico. El problema es que en las dos visiones las expectativas inflacionarias se mantienen alta. Hay que tener en cuenta, que con este diseño macroeconómico, la tasa de inflación sirve para licuar el gasto público y cómo impuesto. Por ello, no hay buenas perspectivas respecto de una pronta desaceleración de la inflación. Por este camino, habrá un enfriamiento del consumo y un cuadro social más tenso.
El combo de aumentos de marzo, más los que vienen, descompensarán el poder adquisitivo del salario que en algunos sectores se podrán compensar y en otros no lo que llevará inexorablemente a un resentimiento en el nivel de actividad económica.
Planificar ingresos y gastos se torna cada vez más dificultoso y esto constituye un costo importante para los distintos sectores de la economía.
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