Adhemar habría manejado un capital de U$S 60 millones

Primero fue Intensive Live, después Generación Zoe y ahora Adhemar Capital. Ya son tres las firmas operaron en la provincia que están siendo investigadas por la Justicia ya que presumiblemente perjudicaron a inversionistas tucumanos que no pueden recuperar el dinero que aportaron para apostar al negocio de las criptomonedas. Alfredo Aydar, que representa a tres ahorristas que denunciaron a Adhemar, señaló que no se sabe cuántas personas fueron damnificadas, pero estimó que en nuestra provincia llegaron a manejar hasta U$S 60 millones.

Ante la Justicia Federal, apuntó contra Edgar Adhemar Bacchiani, el CEO de la empresa que lleva su nombre y que comenzó a operar en Catamarca en 2018, pero también mencionó a Sofía Aylan, María Lihue Banegas y Lucas Barrera Oro, los ejecutivos que manejan la sucursal de Tucumán ubicada en Solano Vera primera cuadra, Yerba Buena, que abrió sus puertas el año pasado. Estas cuatro personas y otras cinco más fueron imputadas por el delito de haber operado financieramente sin autorización, lavado de activos, defraudación y asociación ilícita por el juez federal de Catamarca Miguel Ángel Contreras, tras los pedidos de los fiscales Santos Reynoso y Rafael Vehils Ruiz.

En la demanda, los tucumanos contaron cómo era la operatoria para captar clientes. “El aspecto de solidez y confianza de la empresa se basó en una construcción a partir de supuestas vinculaciones con personas de renombre como jugadores de fútbol, actores y diversas figuras públicas y con la participación de otras firmas que ofrecían descuentos a quienes firmaban contratos con Adhemar Capital”, se puede leer en el escrito.

Allí, Aydar señaló que tentaban a los inversionistas para que aportaran un mínimo de $500.000, tras lo cual recibirían una rentabilidad de entre el 15% y el 22% mensual durante seis meses, tiempo en el que los inversionistas no podían tocar esa suma de dinero. El profesional explicó que los intereses variaban según el monto del dinero que se aportaba y si querían realizar la inversión en blanco o en negro. “Durante los primeros seis meses cumplieron con lo pactado. Eso es lo que normalmente se hace para ganar confianza en una plaza. Los problemas llegan después, cuando no pueden responder por los pagos. Es un típico caso de estafa piramidal”, explicó.

El negocio es así: los aportantes le entregan el dinero a una persona -en este caso Bacchiani- para que compre criptomonedas. Él realiza la inversión y las coloca en una billetera virtual que está a su nombre. Él maneja todo, no el cliente que puso su dinero, quien sólo recibe un documento donde la firma se compromete a realizar el pago, indicaron las fuentes. “La compra y venta de criptomonedas no es ilegal, pero lo son las conductas de las personas que se dedican a este tipo de negocio. Con tácticas que no son legales terminan convenciendo a sus clientes. Y eso sí es un delito”, opinó Aydar.

El principio del fin

Los problemas de Bacchiani comenzaron cuando empezó a desafiar y cuestionar al gobierno de Catamarca por unas obras que no le permitieron realizar. El gobernador Raúl Jalil pidió al Banco Central de la República Argentina que investigara a la firma Adhemar por las operaciones que estaba realizando. La entidad le dio la razón y solicitó a la Procelac (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos) que iniciara una pesquisa. En enero, la Comisión Nacional de Valores (CNV) ordenó que suspendieran todas las operaciones que estaba realizando y que además no incorporara más clientes. Pero la orden no se cumplió.

A fines de enero, la firma comenzó a tener problemas para cumplir con los pagos. En marzo, convocaron a sus clientes para firmar un convenio de reestructuración de la deuda. Los inversionistas tenían dos opciones: aceptar un nuevo acuerdo con tasas mucho menores (la reducción promedio fue del 10%, según reconocieron varias personas a LA GACETA) o retirar el capital invertido en cuotas sin recibir ningún tipo de compensación. Pero tampoco cumplieron con esos acuerdos particulares. “Son maniobras que realizan para no cumplir con sus obligaciones o conseguir un poco más de plazo. Además, varias personas que consultaron qué podían hacer me dijeron que en la empresa les habían dicho que si los denunciaban, no les devolverían nada”, señaló Aydar.

Ayer LA GACETA intentó contactarse con el abogado Miguel Ángel Pierri, defensor de Bacchiani, pero el letrado dijo que no podría hablar y que lo haría mañana.

Entre los afectados, según pudo constatar nuestro diario, se encuentran personas comunes que invirtieron un dinero extra (cobraron una herencia o vendieron un bien); empresarios que buscaban generar ingresos extra para escudarse de la inflación; personas que buscaban ingresar al sistema financiero efectivo que provenían de ilícitos (narcotráfico, robos y estafas); dirigentes políticos y sindicales; y grupos de aficionados de golf o de clubes de rugby que buscaron realizar una inversión diferente, rápida, sencilla y efectiva. “No pudimos establecer cuántos fueron los damnificados; por los comentarios que hemos recibido, estimamos que llegaron a manejar un capital de U$S 60 millones”, informó Aydar.

El viernes, la gerente de la sucursal Tucumán anunció que a partir del lunes se normalizarían los pagos de los clientes. “Es lo que vienen diciendo desde enero y hasta aquí no cumplieron. El anuncio lo hicieron justo cuando se conoció su imputación. Es demasiado raro”, finalizó el abogado.

Generación Zoe

Un paquete educativo y financiero

Generación Zoe o Zoe Cash es una organización que opera hace poco más de cinco años en varios países y que se presenta en sociedad como una compañía de coaching y liderazgo, además de ofrecer paquetes educativos, pero que se dedicaba a los negocios financieros a través de operaciones de compra de bitcoins. El dueño de la firma, Luis Cositorto, que fue detenido recientemente, empezó en Córdoba como titular de una empresa que se dedicaba a la venta de perfumes en las calles. Los investigadores descubrieron que realizaba operaciones en México y Colombia. Está acusado de integrar una asociación ilícita que se dedicaba a operaciones no autorizadas y de lavado de activos.

Intensive Live

Una verdadera empresa fantasma

Intensive Live se presentaba en Tucumán como una firma supuestamente establecida en los Estados Unidos y con sedes en distintos países de Latinoamérica dedicada al transporte de pasajeros premium; una especie de Uber con vehículos de alta gama. Los inversionistas podían convertirse en socios de la empresa con una inversión mínima de 300 dólares. Lo más tentador de esta plataforma es que ofrecía una rentabilidad de más de un 20% mensual en dólares; una tasa de interés muy por encima de la que ofrecen los negocios del mercado financiero en la actualidad. Pero en realidad, la empresa no estaba radicada en el país y la aplicación que aseguraban estar utilizando no estaba ni siquiera patentada.