Por Martín Soto
18 Abril 2022
DISTANCIADOS. El diálogo entre la Municipalidad y el Concejo Deliberante se encuentra prácticamente cortado. LA GACETA / FOTO DE DIEGO ARÁOZ
La escalada de tensiones entre el Municipio de Yerba Buena y el Concejo Deliberante por un incremento de fondos ingresó en un momento crítico.
Luego del nuevo veto interpuesto por Mariano Campero (JxC) a una ordenanza para que se gire al cuerpo legislativo -de modo automático- un 3% de los fondos que remite la Provincia a la Municipalidad (en el marco del Pacto Fiscal 2022), los ediles sostienen que al Ejecutivo municipal le corresponde ahora promulgar el porcentaje original (del 5%). Sostienen que al haberse rechazado en sesión los cambios realizados por el jefe municipal, se entiende que se está insistiendo con la ordenanza original. “El rechazar el veto es lo mismo que insistir. Es una verdad de perogrullo. El Ejecutivo está obligado a la promulgación y la publicación”, resumió el presidente del cuerpo, Rodolfo Aranda (JxC).
A través de la Ordenanza N° 2.363, el Concejo autorizó -por mayoría- al Municipio a adherir al Pacto Fiscal 2022. Sin embargo, incluyó dos artículos (5° y 6°) para que se transfiera al Concejo, de modo automático, el 5% de lo que se perciba de la Provincia (en el marco de la Ley N° 7.974) “a los efectos de garantizar el adecuado funcionamiento de la institución legislativa municipal”. Campero promulgó la norma, pero interpuso un veto parcial.
El cuerpo deliberativo sesionó el 29 de marzo, en dos ocasiones. En la primera se trató el veto, con duras críticas hacia el Municipio. Con el voto de nueve de los 10 ediles (el republicano Gonzalo Cisneros estuvo ausente) se rechazó los cambios realizados por el Ejecutivo municipal a la norma. Horas después, con la misma cantidad de votos, el Concejo aprobó una modificación a la Ordenanza N° 2.363 para incluir un nuevo artículo 5°, pero redujo el giro de los fondos a un 3%.
La modificación fue vetada el miércoles por el Municipio (Decreto N°280), con las firmas de Campero, Manuel Courel (Jefe de Gabinete) y Hernán Ganen (Secretario de Hacienda). Por lo tanto, los ediles sostienen que legalmente corresponde al Ejecutivo municipal promulgar y publicar el contenido original de la norma, con un 5% para el Concejo.
“Vamos a obrar acorde a derecho y le pedimos al Ejecutivo que haga lo mismo. No es capricho, la ley es clara. Si no lo publicás estás alejándote de lo que dice la ley”, dijo Aranda en diálogo con LA GACETA. Y agregó: “lo que buscamos es la autarquía financiera y económica del Concejo”.
Normativa
La Ley Orgánica de las Municipalidades (N°5.529) marca en su artículo 29 que todo proyecto vetado parcialmente volverá al Concejo. Dice que si el cuerpo acepta las observaciones, el proyecto se convertirá en norma con dichas modificaciones. Y agrega: “si el Concejo insistiese en su sanción, con el voto de los dos tercios de los miembros presentes, el proyecto se convertirá en ordenanza”. Aranda, a su vez, agregó que la Constitución de la Provincia es muy clara también respecto al rol del Poder Legislativo ante una norma vetada (a partir del artículo N°71).
Repercusiones
Entre los representantes vecinales no cayeron bien las declaraciones de Courel, quien dijo que se vetó la ordenanza del 3% porque no estaba debidamente justificado el destino de los dineros. “Queremos transparencia y eficiencia, no que el órgano legislativo sea una caja política. No es un lugar para hacer asistencialismo ni para estar rodeados de punteros políticos. Como vecino me gustaría que los concejales digan en qué gastan la plata”, había manifestado.
El peronista Alejandro Sangenis (h) arremetió contra el jefe de Gabinete. “Courel no tiene ninguna facultad para censurar gastos de este Concejo. Si los considera ilegales e ilegítimos, tendría que recurrir por las vías que no son las declaraciones difamatorias y agresivas. Sepa que mencionaré para que concurra al Concejo Deliberante a que se explaye sobre sus dichos que con hombría los debería sostener”, dijo.
Aranda, en tanto, subrayó que es el Poder Legislativo el que controla al Ejecutivo, y no al revés. “Quien controla al Concejo es la sociedad y la Justicia. El Ejecutivo no tiene la prerrogativa de controlarnos a nosotros. Es no tener claro la división de poderes y no saber las incumbencias de unos y de otros; algunos asesores de Mariano deben volver a estudiar Educación Cívica”, lanzó.
Otro tres ediles de JxC fueron contactados por este diario para que brinden su opinión sobre el tema, pero se excusaron de hacerlo. José Macome, quien fue aludido por Courel, indicó que entiende que es una provocación. “No voy a entrar en el juego”, dijo. Lisandro Argiró afirmó que no fue notificado sobre el nuevo veto, por lo que prefería ser prudente. En tanto que Álvaro Apud se excusó de dar declaraciones por estar en un compromiso familiar.
Labor parlamentaria: el Concejo define si tratará el veto el jueves
En medio de las tensiones con la Municipalidad, el Concejo Deliberante se encamina a una nueva sesión para el jueves, desde las 9. Aranda indicó que el miércoles se inició una reunión de Labor Parlamentaria, la cual pasó a un cuarto intermedio hasta mañana. Los concejales debatirán allí si el nuevo veto interpuesto por Campero, las tensiones generadas con el Ejecutivo municipal y el malestar que les provocó los dichos de Courel merecen ser incluidos en el orden del día.El presidente del cuerpo sí adelantó que uno de los temas que tienen previstos debatir será una ordenanza referida a urbanizaciones especiales que -afirma- la Municipalidad no promulga desde 2021.
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