23 Abril 2022
WASHINGTON, Estados Unidos.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cuestionó como violaciones a los derechos políticos lo ocurrido en Venezuela, en las elecciones de 2021, e instó al Estado venezolano a adoptar un compromiso genuino con la democracia y el Estado de derecho.
La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea denunció que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela rechazó 27 candidaturas que buscaban presentarse en las elecciones regionales y municipales de 2021 debido a inhabilitaciones políticas impuestas por la Contraloría General de la República.
Esa decisión impactó desproporcionadamente a los partidos políticos disidentes del gobierno, como es el caso del Partido Comunista de Venezuela, con 15 inhabilitaciones, y los partidos de oposición reunidos en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que recibieron al menos tres inhabilitaciones.
En la misma línea, el Tribunal Supremo de Justicia suspendió el conteo de votos de la elección a la gobernación de Barinas. Ello, debido a que el candidato opositor que lideraba ampliamente en el escrutinio de votos se encontraba inhabilitado por la Contraloría General, pese a que pudo inscribir su candidatura y que según informó a la Comisión, nunca fue notificado de la inhabilitación. Algo similar ocurrió con la aspirante a la gobernación alterna de la oposición, que también se enteró de su inhabilitación al momento de inscribir su candidatura. La CIDH consideró que estas decisiones representan una arbitrariedad dirigida a obstaculizar los derechos políticos de opositores.
Desde el 2015 más de 30 dirigentes de la oposición al gobierno han recibido inhabilitaciones por parte de la Contraloría General de la República, sanciones por las que el Estado de Venezuela fue condenado internacionalmente en el caso López Mendoza. En este sentido, la CIDH reiteró, en un comunicado, “que ningún órgano administrativo puede restringir los derechos políticos a elegir y ser elegido a través de sanciones de inhabilidad o destitución”.
“Conforme a estándares interamericanos, para consolidar y proteger un ordenamiento democrático respetuoso de los derechos humanos, este tipo de sanciones únicamente puede ser impuestas mediante una condena por un juez o una jueza en el marco de un proceso penal”, dice el llamado.
La Comisión Interamericana, cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, recordó que el ejercicio de los derechos políticos “constituye un fin en sí mismo y, a la vez, un medio que las sociedades democráticas tienen para garantizar los demás derechos”.
La CIDH, un órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA), instó al Estado venezolano a que reconstruya la separación e independencia de los poderes públicos mediante reformas concretas, y que garantice que la Contraloría General de la República no siga imponiendo este tipo de sanciones de cara a futuros eventos electorales. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. Está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia. (Especial)
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