Si van a perseguir adictos, la ley de narcomenudeo será un fracaso

“Todos los días pueden observarse expedientes que, si bien tratan de delitos contra la vida, la integridad personal, la libertad individual, la integridad sexual y la propiedad, están íntimamente vinculados con el tráfico y el consumo de estupefacientes”.

El fallo que habilitó la puesta en práctica de la ley de narcomenudeo en la provincia deja en claro que la droga es hoy la principal impulsora de la inseguridad en Tucumán. Así lo dijeron los jueces que decretaron el cese de la medida cautelar que frenaba la vigencia de la norma, a la que se opone el Ministerio Público Fiscal, en la persona de su titular, Edmundo Jiménez.

Pasaron ocho años desde que comenzó a gestarse para Tucumán una ley de narcomenudeo que le permitiría a la provincia hacerse cargo de los delitos relacionados con la venta de estupefacientes en menor escala. Fue José Alperovich quien comenzó en 2014 con esa idea y cada año quien estuvo sentado en el sillón de Lucas Córdoba intentó poner en práctica una norma que ya había sido probada en otras provincias. Juan Manzur, además, decidió crear una secretaría de Lucha contra el Narcotráfico que aún hoy está vigente pero que, a pesar de los esfuerzos de quienes trabajan allí, no pudo hasta el momento montar una estructura que realmente diera la lucha que esta problemática amerita. Osvaldo Jaldo es ahora quien está sentado en el famoso sillón. Y fue él el que se puso al frente de la batalla y con la base de la propuesta del radical José María Canelada, impulsó la ley.

¿Por qué se negaba Jiménez a implementar esta ley hasta el punto de objetarla ante la Corte? La principal razón que aducía era falta de recursos. La Ley estipula la creación de fiscalías, juzgados y defensorías especializadas. Tanto para la Capital como para el interior de la provincia. Y además, la capacitación. Nadie en la Justicia provincial sabe cómo se investigan los delitos relacionados con la droga simplemente porque nunca fue competencia suya. La estructura que se debe armar desde cero es muy importante y por eso, aunque la Corte ya habilitó la aplicación, se espera que recién pueda comenzar a utilizarse de aquí a, por lo menos, un año.

“Luchar contra el narcotráfico” es una de las frases más utilizadas por los políticos en campaña y por los dirigentes en gestión. Este 2022 se cumplen 33 años de la vigencia de la Ley Nacional 23.737 de Tráfico y Tenencia de Estupefacientes. Hace unos días el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, advirtió que era hora de hacerle algunos cambios. La idea es clara: la Justicia debe involucrarse.

¿Cuál es el fin de la ley de Narcomenudeo que ahora deberá implementarse en Tucumán? Perseguir a los vendedores callejeros, a los quioscos, a los que tienen mayor llegada a los consumidores. Las grandes organizaciones seguirán siendo investigadas por la Justicia Federal y por las fuerzas federales. Para poner un ejemplo cotidiano, la Policía deberá actuar con la venta de estupefacientes igual que con cualquier otro tipo de delito que no sea federal. Es decir, como cuando se denuncia un asalto, un homicidio, un abuso o incluso un accidente. Tomar la denuncia, investigar y si hay pruebas, detener. Pero se apunta sobre todo a la flagrancia, a que la denuncia dé paso a un movimiento más coordinado y menos burocrático. A detener al delincuente con la droga en su poder. No hace falta decir mucho acerca de qué pasa con la mayoría de las denuncias que se hacen en Tucumán.

Ahora hay un problema que se está dando en todas las provincias que, ante el muy escaso resultado de la ley inspirada en la idea de “lucha contra el narcotráfico”, llevó al Congreso de la Nación en el año 2005 a permitir la transferencia a las provincias de la investigación y juzgamiento de algunas figuras menores como la venta de escasa cantidades o su tenencia con esos fines. Y ese problema es la persecución del consumidor. En Buenos Aires se iniciaron en 2020 25.934 causas por narcomenudeo. De ellas, 19.272, es decir el 74,3 % fueron por tenencia de estupefacientes para uso personal algo que, según la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no es un delito. En los fallos conocidos como “Arriola” y “Bazterrica” la Corte decretó la inconstitucionalidad de la punición de la tenencia de estupefacientes para uso personal, resguardando garantías personales en el caso de dos jóvenes que habían sido detenidos con droga en su poder, pero para consumo. Entonces, en Buenos Aires, en 2020, tres de cada cuatro intervenciones de la fuerza policial fueron para arrestar a consumidores, y las causas terminaron siendo archivadas. Es similar a lo que pasa en Tucumán en la Justicia Federal. Casi el 90% de las causas que ingresan a los juzgados es por tenencia para consumo. La persecución no debe ser de los enfermos, sino de los que venden la droga. A todo esto, la Corte, al levantar la cautelar que había interpuesto Jiménez para que la ley no se aplique en Tucumán, advirtió que se llegó a esa decisión “habiendo tomado relevancia pública las pérdidas de vidas producidas por la adulteración de estupefacientes y siendo cada vez más palpable una criminalidad propia de grupos que se dedican al tráfico de estupefacientes en distintas escalas, lo cual afecta especialmente a personas vulnerables que pasan a integrarlos o sufrir su violencia. Sobre el punto, esta Corte Suprema de Justicia no puede abstraerse del considerable aumento de causas penales que giran en torno al mundo de las drogas”. Y mencionaron la adecuación de las partidas presupuestarias, “buscando que existan recursos humanos y tecnológicos suficientes para la persecución del delito, así como resortes sanitarios apropiados para el tratamiento del consumo problemático de sustancias”. El actual presupuesto de la Secretaría de Prevención y Asistencia de las Adicciones es de $ 167.940.000. El 0.048% del presupuesto total. Hoy hay sólo dos centros asistenciales públicos para internar a adictos: Las Moritas y el Obarrio.

Jaldo espera que con la adhesión a esta norma, la Nación comience a mandar los recursos que la misma ley 26.052 prevé para encarar una lucha a todas luces desigual. El Ministerio de Seguridad de la provincia tiene dos secretarías destinadas a armar la estructura para combatir los delitos. Una es la de Seguridad. La otra, la de Lucha contra el Narcotráfico: allí, hoy, trabajan cuatro personas. Así es muy difícil.