El alfarismo pide informes por las 7.200 casas no ejecutadas

El legislador Berarducci solicitó formalmente que el Ministerio de Obras Públicas explique por qué se incumplió la Ley 9.420, dictada para que el Ipvdu construya las viviendas

CARTELERÍA. Los alfaristas objetan, incluso, la propaganda oficialista. CARTELERÍA. Los alfaristas objetan, incluso, la propaganda oficialista. LA GACETA / FOTO DE ANTONIO FERRONI

Los interrogantes del intendente Germán Alfaro respecto de la inacción del Gobierno provincial con la ejecución de miles de viviendas convenidas con la Nación fueron formalizados en la Legislatura.

El legislador Walter Berarducci, del bloque del Partido de la Justicia Social (PJS) presentó un pedido de informes para que el Ministerio de Obras Públicas de la provincia, a cargo de Fabián Soria, detalle por qué no están en ejecución las 7.200 viviendas que, a lo largo del año pasado, fueron objeto de convenios suscritos con la Nación.

Negligencia

Alfaro hizo un recuento, en la edición de ayer de LA GACETA, de los acuerdos entre Juan Manzur, cuando era gobernador en ejercicio, con el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi, para la construcción de casas en Tucumán, en el marco del plan federal “Casa Propia”.

• En enero de 2021 se firma el acuerdo para levantar 3.600 viviendas, con una inversión nacional de $ 14.600 millones.

• En mayo, Manzur y Ferraresi se reúnen para “acelerar” la construcción de las unidades acordadas en enero. Se pauta que, si a fines de 2021 estaban todas en ejecución, la Nación asignaría de inmediato otro cupo de 3.600 viviendas, para que en 2022 hubiera 7.200 casas en ejecución en la provincia.

• El lunes pasado, a 16 meses del primer convenio, se organizó un acto en Casa de Gobierno para anunciar que ponía en marcha el plan “Casa Propia”. Se firmaron convenios con empresas constructoras para encarar las primeras 267 casas.

• Alfaro contrasta esta situación con el hecho de que, según la información oficial, el Ministerio de Ferraresi ejecutó el 96,35% de su presupuesto de 2021. Lo cual significa que el dinero que debía venir a Tucumán para esas viviendas en 2021 fue a otros distritos.

Berarducci va más allá. En el expediente 54-PR-22 presentado ayer en mesa de entradas de la Legislatura recuerda que la Cámara dictó una ley en 2021 para que el Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano llevara construyera las 3.600 viviendas convenidas con la Nación en enero de ese año.

La Ley 9.420 autoriza al Ipvdu a contratar de manera directa, previo cotejo de precios, “todas las obras, materiales, bienes, insumos, equipamientos y servicios que resulten necesarios para la construcción de 3.600 nuevas unidades habitacionales, infraestructura y sus obras complementarias para su habitabilidad, en cumplimiento del Programa Nacional denominado ”Casa Propia - Construir Futuro” creado en el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat del Estado Nacional”.

Considerando que hay una norma de por medio, Berarducci reclama que el Ministerio de Obras Públicas informe cuál es el grado de cumplimiento de esa norma, el porcentaje de ejecución de las casas alcanzadas por el convenio con la Nación y por la Ley 9.420, y “cuáles son las áreas y los funcionarios responsables de la observancia” de la disposición legal.

Como el lunes recién se ha procedido a la firma de los convenios con las empresas constructoras para encarar 267 casas, que representan el 8,4% de las 3.600 del convenio de enero de 2021, el legislador pide que la cartera del Poder Ejecutivo informe las “razones de la demora” en la construcción, así como también cuáles son las firmas que construirán las primeras viviendas, el monto de los convenios firmados y el plazo de ejecución de las obras.

El legislador alfarista, además, solicita que se informe el “motivo del incumplimiento” del plan federal “Casa Propia”; que se identifique a “las reparticiones responsables del incumplimiento, demora o negligencia” y se iniciaron sumarios “para la identificación de los responsables de dicho proceder”.

Finalmente, el opositor solicita que se explique “cuánto es el gasto en que incurrió hasta el momento por el Poder Ejecutivo provincial en comunicar y publicitar la construcción de las 3.600 viviendas” que no se hicieron.

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