16 Mayo 2022
En la Legislatura hay dos proyectos para crear a un Defensor del Niño. Algo que el juez Federico Moeykens había solicitado esta semana sin estar al tanto de que el tema ya estaba en discusión de la comisión de Niñez, Adolescencia y Familia. El legislador José Ascárate (UCR) le envió a LA GACETA una copia del proyecto de su autoría junto a su par José Canelada (UCR). Habría otro proyecto previo impulsado por la legisladora Marta Najar (FT) y por la hoy senadora Sandra Mendoza (FT).
“El Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (NNyA) tendrá a su cargo garantizar la protección integral y promoción de los derechos consagrados en la Constitución Nacional, en la Convención sobre los Derechos del Niño y en las leyes nacionales y provinciales”, comienza el proyecto impulsado por los radicales.
Se aclara que este rol “se desempeña con autonomía y autarquía financiera. No recibe instrucciones de ninguna autoridad”, puesto que su función natural será: “denunciar ante las autoridades competentes cualquier irregularidad que amenace, lesione o vulnere los derechos de estos (NNyA)”
De aprobarse este proyecto el titular de esta defensoría contará con dos adjuntos que podrán asistirlo o reemplazarlo. Deberán atender cuestiones civiles y penales. Entre las funciones mencionadas, el Defensor de NNyA deberá: “supervisar a las entidades públicas y privadas que se dediquen a la atención de las NNyA ya sea albergándolos en forma transitoria o permanente, desarrollando programas de atención a los mismos, debiendo denunciar ante las autoridades competentes cualquier irregularidad que infrinja amenace o vulnere sus derechos”. También será su responsabilidad: “controlar a los ministerios, secretarías de Estado y direcciones del Poder Ejecutivo en su accionar con el MPF y el Poder Judicial a los efectos de la restitución de Derechos o de las Medidas Excepcionales que deban realizarse ante la vulneración o violación de estos Derechos”. Promoverá a la sociedad el cumplimiento de estos derechos. Deberá impulsar las medidas judiciales y extrajudiciales de cada caso. “Para ello puede tomar las declaraciones del reclamante y efectuar recomendaciones con miras a la mejoría de los servicios públicos y privados de atención de los NNyA determinando un plazo razonable para su perfecta adecuación”. Deberá sugerir sanciones por infringir las normas de protección integral y promoción de estos derechos.
Deberá contar con experiencia en el área de Niñez y Familia, concursar y presentar un “plan de trabajo plurianual para la Defensoría”, el cual deberá ser aprobado por la Legislatura. El cargo regiría por 5 años con posibilidad de una reelección.
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