14 Junio 2022
EN LAS CALLES. Miles de cubanos marcharon al grito de "libertad", mientras que las autoridades de la isla señalaron hacia Estados Unidos como posibles conspiradores.q ARCHIVO
Cuba confirmó las sanciones contra 381 personas que participaron en las protestas del año pasado en el país, las más grandes ocurridas desde la revolución de Fidel Castro en 1959.
De todo el grupo, casi 40 recibieron entre 5 y 25 años de cárcel como condena, según un comunicado de la Fiscalía General difundido en los medios estatales.
“La Fiscalía General de la República continúa informando al pueblo sobre la respuesta legal a los hechos del 11 de julio de 2021, que atentaron contra el orden constitucional y la estabilidad de nuestro Estado socialista”, señaló el texto publicado por Infobae.com.
Los manifestantes antigubernamentales fueron condenados por los delitos de sedición, sabotaje, robo con fuerza, violencia, atentado, desacato y desórdenes públicos. Los tribunales del país han emitido 76 sentencias que “han adquirido firmeza”.
El Gobierno cubano acusó previamente a Estados Unidos de financiar y fomentar las manifestaciones ocurridas en la isla. En las protestas generalizadas del 11 y 12 de julio de 2021, miles de personas salieron a las calles en pueblos y ciudades de todo el país. Muchos cubanos gritaron “libertad” mientras marchaban irritados por la escasez de alimentos, medicamentos y molestos por los cortes de electricidad en medio de un incremento de los casos de coronavirus en la isla.
Cuba había informado en marzo que sólo en La Habana fueron sentenciados más de 100 manifestantes a penas de entre 4 y 30 años de cárcel.
La Fiscalía añadió que 36 manifestantes fueron condenados por sedición y se les sentenció a penas de entre 5 y 25 años de prisión. Otros 84 cubanos - añadió - recibieron rebajas en sus condenas iniciales, incluyendo a 15 jóvenes entre 16 y 18 años de edad luego de transcurrir el tiempo para la apelación de sus sentencias. La edad penal en Cuba es de 16 años.
Grupos de derechos humanos, el gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea sostienen que los juicios carecieron de transparencia y solicitaron con insistencia la liberación de las personas sentenciadas.
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