Por Homero Terán Nougués
21 Junio 2022
EN FILA. Los camiones se formarán, según dijo Reinoso, en fila al costado de la ruta como protesta por la falta de gasoil y para exigir federalismo.
Hoy, a partir de las 00, comenzó la protesta de los transportistas, quienes realizan un paro general en toda la provincia para reclamar por “mayor federalismo”. El gobernador Osvaldo Jaldo, en tanto, presentó ayer dos denuncias (una dirigida a la Fiscalía Regional del Centro Judicial de la Capital y otra a la Fiscalía Federal de Turno) en las que solicita a la Justicia que tome medidas preventivas con el fin de garantizar el derecho a la libertad de circulación de las personas o entidades que se vean afectadas por la medida.
“La protesta es por igualdad de precios y litros de combustible. Buscamos el federalismo. Que si en capital cuesta $ 110 o $ 115 un litro de gasoil y te llenan los tanques, pedimos que se cumpla lo mismo acá en Tucumán. Es decir que nos cobren el mismo precio que en Capital Federal y que nos llenen los tanques también”, explicó Eduardo Reinoso, presidente de la Asociación de Transportistas de Cargas de Tucumán (ATCT), en una conversación con LA GACETA.
Ante las denuncias del Poder Ejecutivo, el dirigente de los transportistas aclaró que la de hoy es una protesta tranquila a través de la cual simplemente se busca reclamar por sus derechos. “Es una protesta entre colegas, pacífica, a la orilla de la ruta, sin cortes y sin bloqueos de empresas ni nada. Están todos los colegas a la expectativa para arrancar con la movilización mañana (por hoy) a primera hora”, explicó Reinioso.
Denuncia del PE
Leonardo Francisco Debono, director judicial de la Fiscalía de Estado, fue quien presentó sendas denuncias a la Justicia en representación del gobernador de la provincia, a fin de solicitar “todas las medidas conducentes al cuidado de los bienes y libertades personales de todos los ciudadanos del territorio provincial con motivo de la huelga anunciada por la ATCT”.
“La decisión de Eduardo Reinoso y la comisión directiva -dice el documento presentado por el PE- asume plena y agravada entidad, al decidir una huelga cuyos resultados pueden traer aparejados trastornos y daños irreparables a la actividad productiva de la provincia: transportes de pasajeros, pérdida de jornales de trabajadores de todas las actividades, daño a la actividad sucroalcoholera, desarrollo de actividades esenciales, etcétera”.
Ante esto, el gobernador expresó su descontento por la decisión de la medida de fuerza que tomó el sector y así lo dejó escrito en la denuncia: “el planteamiento de exigencias desatinadas genera total incomprensión, y son un contra ejemplo de cómo debe organizarse un diálogo serio, siendo destacable su indiferencia e irresponsabilidad, así como su falta de solidaridad y compromiso con todos sus comprovincianos, al pretender la defensa de sus intereses dejando de lado mecanismos más efectivos de resolución, sin reparar mínimamente en la necesidades y bienestar de otros múltiples actores sociales que sufrirán las consecuencias de su protesta desproporcionada con la realidad social y económica, perjudicando a la provincia en general y a toda la población en particular. La huelga es en este caso una estrategia destructiva que generará más problemas que los que supuestamente desea corregir”.
La Fiscalía de Estado, siguiendo las instrucciones de Jaldo, llama entonces a la Justicia para que tome medidas al respecto. “Se vuelve imprescindible que la justicia actué en pleno desplegando todas las herramientas que se consideren pertinentes para asumir un control cuidado y efectivo de las actividades de los huelguistas a efectos que su accionar no impida, obstaculice, lesione, o altere ningún derecho constitucional tanto de personas físicas como jurídicas del territorio Provincial”, continúa el texto.
Para sostener el pedido, el Ejecutivo se basa en el artículo 194 del Código Penal de la Nación, en el cual se establece: “el que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años”.
Finalmente, el texto que fue firmado por el director judicial de la Fiscalía de Estado, concluye en un pedido concreto a la Justicia. “Acudimos a la Justicia Federal, solicitando que desde dicho poder garanticen el normal desarrollo de las actividades referidas por la huelga decidida, no desamparando los derechos de todos los habitantes de la Provincia”.
Los servicios que no serán afectados
A causa del paro del transporte de cargas de hoy distintas actividades se verán afectadas, ya que, según anticipó la cámara de empresarios, “no entrará ni saldrá ningún camión de la provincia” mientras se desarrolle la protesta.
En principio, tres grandes rubros vinculados al sector no serán alcanzados por el paro (los de la ilustración): el transporte de combustibles a las estaciones de carga; el traslado de caudales; y el servicio de ómnibus.
En cambio, sí habrá interrupción en el resto de la logística: transporte de agua y de gaseosas; de caña de azúcar, de citrus y de cereales; de paqueterío y mercadería; y de cargas generales, entre otros. En Tucumán, más de 1.800 camiones están afectados al traslado de mercadería y de productos varios. Además, la CTC engloba 480 pymes de la provincia dedicadas a este rubro.
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