28 Junio 2022
MINISTERIO PUPILAR Y DE LA DEFENSA (MPF)
El Ministerio Pupilar y de la Defensa (MPD) del Poder Judicial de Tucumán avanza con el trámite administrativo para concretar el cotejo de precios que determinará la contratación de la empresa para la obra del nuevo edificio de la sede de la repartición, situada en Santa Fe 929.
El lugar estará destinado "al funcionamiento de las oficinas ejecutivas del Ministerio Pupilar y de la Defensa", y requerirá de una inversión superior a los $1.529 millones -con estimaciones de mayo pasado-, señala el acuerdo 2.832 del Tribunal de Cuentas (TC).
El proyecto para el nuevo edificio del MPD, órgano judicial a cargo de Washington Navarro Dávila, está enmarcado en la autorización establecida mediante ley 9.152 (modificada por ley 9.463), que habilita a la repartición a celebrar contratos en forma directa, previo cotejo de precios, para "la realización de obras, como así también a la adquisición de bienes, inmuebles, la contratación de servicios y designación de personal que resulten necesarios para un mejor funcionamiento y una mayor eficiencia en el cumplimiento de los fines de su creación".
En principio, esta disposición rige hasta diciembre de 2022, a partir de una prórroga de la normativa original dictada por el Poder Legislativo.
El ministro Pupilar y de la Defensa, Washington Navarro Dávila. Foto de Prensa MPD
En este proceso, el Ministerio Pupilar y de la Defensa dictó la resolución 620/2022, que fue sometida a control preventivo del Tribunal de Cuentas.
A través de aquella disposición, el órgano a cargo de Navarro Dávila había aprobado los trámites y la documentación correspondientes a la Obra Pública 03/2022 "Sede MPD Centro Judicial Capital". Además, había autorizado el llamado "a cotizar la contratación directa de obra pública mediante el sistema de cotejo de precios, en virtud de lo dispuesto por Leyes 9.152 y 9.463, por un presupuesto oficial de $ 1.590.648.318,81, IVA incluido, más el 20% correspondiente a adicionales e imprevistos, y el valor estimado por redeterminación de precios a enero de 2024, destinada a la construcción de un edificio en calle Santa Fe Nº 929 de esta ciudad".
En los considerando, el Tribunal de Cuentas, integrado por Miguel Terraf (presidente), Marcelo Vidal y Sergio Díaz Ricci (vocales), señaló que correspondía expedirse con la modalidad de asesoramiento prevista en el acuerdo 138/2000.
El Departamento de Ingenieros Fiscales del organismo de contralor analizó la documentación técnica, y constató que "cumple con los requisitos necesarios para su cotización, ejecución, seguimiento y control de la obra, la cual se rige por la Ley Provincial de Obras Públicas 5854 y su Decreto Reglamentario". Y dieron el visto bueno "desde el punto de vista estrictamente técnico", aclarando que queda "bajo exclusiva responsabilidad de la repartición la solución planteada, diseño elegido y dimensionado de todos los elementos que forman parte de la presente obra, como así también el plazo de ejecución estipulado de 18 meses".
A su turno, el Departamento de Contadores Fiscales y Asesoría Jurídica también emitieron dictámenes favorables.
Tras considerar los informes de los diferentes estamentos internos, el Tribunal de Cuentas consignó que no existían objeciones para la prosecución del trámite, aunque advirtió que, debido a las disposiciones vigentes, correspondía que el Ministerio Pupilar y de la Defensa "acredite instrumentalmente en autos la titularidad dominial del inmueble" de Santa Fe al 900.
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