05 Julio 2022
El ministro Pupilar y de la Defensa, Washington Navarro. Foto de Prensa MPD
La comisión de Juicio Político de la Legislatura, que preside el oficialista Raúl Ferrazzano, resolvió rechazar y archivar este martes al mediodía el pedido de destitución impulsado en contra del ministro Pupilar y de la Defensa del Poder Judicial de Tucumán, Washington Navarro Dávila.
La presentación había sido efectuada por la ciudadana Alejandra Romero, con el patrocinio del abogado Gustavo Morales.
Según los denunciantes, correspondía desplazar de su cargo a Navarro Dávila por la presunta comisión de tres hechos, también planteados ante la Justicia penal: el supuesto alquiler de una cochera a la familia de una de las funcionarias del ministerio; la supuesta realización de obras no declaradas ni autorizadas en ese estacionamiento; y el supuesto uso de recursos estatales (personal y materiales de obra) para la construcción de su casa particular en Tafí del Valle.
Ante la prensa, el oficialista Ferrazzano fundamentó la decisión de rechazar las presentación de Romero y Morales. "Del análisis efectuado por los miembros de la comisión, hemos llegado a la conclusión que, habiendo un trámite judicial pendiente, es inoportuno avanzar en correr traslado a la presentación y por ello hemos decidido archivar la causa”, expuso el legislador del Frente de Todos. Agregó que el magistrado se puso a disposición de la comisión y que aportó voluminosa documentación.
Raúl Pellegrini, del PJS, votó para que se le corriera traslado. "A los efectos de brindarle la oportunidad de que formule el descargo correspondiente volcando las explicaciones del caso, en resguardo tanto de su investidura como de la salud que deben evidenciar las instituciones, como asimismo a los fines de que presente en tiempo y forma de acuerdo a las normas de procedimiento de juicio político, la voluminosa y relevante documentación presentada espontáneamente por el ministro", justificó en su voto el opositor.
COMISIÓN DE JUICIO POLÍTICO. Raúl Ferrazzano presidió la reunión. Foto de Prensa HLT
Estacionamiento
La presentación ante el Poder Legislativo daba cuenta, en primer término, que el ministro Pupilar y de la Defensa ha alquilado el inmueble de Salta 260 a través de una "contratación directa" autorizada por el acuerdo 33/21 del Tribunal de Cuentas, por $ 8,9 millones, más IVA, durante 36 meses. Luego, denuncian que esa cochera, rentada para el estacionamiento de vehículos de ese órgano del Poder Judicial, es propiedad de la familia política de María Laura Gutiérrez, secretaría institucional del ministerio.
En segundo lugar, aseveran los denunciantes, “Navarro Dávila miente al Tribunal de Cuentas cuando arguye que el inmueble objeto de locación se encontraba en perfecto estado de conservación. Sin embargo, el ministro Pupilar y de la Defensa ordena que se ejecuten obras en el inmueble”. Son, según el expediente 54-JP-22, refacciones, arreglos en los techos y construcción de oficinas. Aseveran que estos trabajos se realizan sin control preventivo, siquiera, del órgano de contralor estatal, “provocando una erogación ilegal e innecesaria” al Poder Judicial tucumano.
Según los denunciantes, estas presuntas obras, aparentemente, tampoco contaron con permisos municipales. Afirman, inclusive, que habrían sido denunciada por vecinos y que se habrían intentado frenar en tres oportunidades esos trabajos. “Navarro Dávila obstaculiza la realización de tales clausuras, pues ostenta su cargo para intimidar a los inspectores de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán”, manifestaron.
Barrio privado
El pedido de juicio político planteaba también que Navarro Dávila se encontraría “utilizando ilegalmente” tanto “personal como bienes materiales asignados por el Estado al Ministerio Pupilar y de la Defensa” para “la construcción de una vivienda” particular. Según la presentación, se trata de un inmueble adquirido por el funcionario judicial en el barrio privado tafinisto “Los Alisos”, en un lote de 2.900 metros cuadrados de superficie.
“Los materiales que se desvían para beneficio personal de Navarro Dávila con la construcción del inmueble en la localidad Tafí del Valle están legalmente asignados a una obra de las defensorías penales de Laprida 1.074 de San Miguel de Tucumán”, sostuvieron los denunciantes.
“Los materiales de construcción que adquiere el Ministerio Pupilar y de la Defensa son comprados en el corralón Del Pero, cuyo personal en varias oportunidades procede a dejarlos en el domicilio particular de Navarro Dávila en Tafi del Valle”, indicaron en el escrito a la Legislatura.
Agregaron que “el recorrido del personal y de los bienes del Ministerio Pupilar y de la Defensa hasta llegar al inmueble (tafinisto) empieza con el traslado por el chofer Pablo Mamaní a un galpón del suegro del secretario administrativo del Ministerio, Federico Vinocour, en Rivadavia y Chile”.
Según indicaron en la presentación, estas presuntas acciones determinarían que el ministro Pupilar y de la Defensa se encontraba supuestamente incurso “en la causal de destitución contenida en el artículo 4 del inciso 2° de la Ley 8.198”. Esa figura, en la norma para el enjuiciamiento político de las principales autoridades estatales de Tucumán, aplica para quien “incumpliere los deberes inherentes al cargo”.
“Corresponde que se formule acusación y, posteriormente, se destituya” a Navarro Dávila, habían subrayado los denunciantes. Este martes, finalmente, el expediente abierto en la Legislatura a partir de este planteo fue enviado al archivo.
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