28 Julio 2022
Elecciones adelantadas: el alfarismo cuestionó el rol de Fiscalía de Estado
El Partido por la Justicia Social (PJS) advirtió que en el Poder Judicial de la provincia (PJ) había dos sentencias, ambas fechadas el 28 de diciembre de 2018, y las dos identificadas como expediente 653/18, pero con contenidos diferentes, particularmente en la parte resolutiva que permitía anticipar las elecciones de 2019. Se trata de otra disputa entre el alfarismo y el oficialismo por el adelantamiento de los comicios provinciales en 2023.
• En la “Sentencia 1.028” disponible en la Dirección de Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia se resuelve “declarar, para el presente caso, la inconstitucionalidad” del plazo establecido en la Carta Magna. Es decir, queda invalidado solamente en el contexto de los comicios de hace cuatro años, que fueron convocados por el Gobierno tucumano, finalmente, para el 9 de junio de 2019.
• En la “Sentencia 1.028” disponible en el Sistema de Administración de Expedientes (SAE) se resuelve “declarar la inconstitucionalidad y nulidad absoluta” del artículo 43, inciso 6°. No incluye la expresión “para este caso” y agrega la “nulidad absoluta”. Con lo cual, la disposición constitución queda fulminada “para todos” y para la posteridad.
El apoderado del PJS, Álvaro Contreras, ratificó la intención del partido de solicitar la “intervención como tercero” en el planteo judicial del oficialismo para adelantar las elecciones provinciales, diferenciando de los comicios nacionales.
“Se intenta manipular la elecciones en un estrategia electoral partidaria con argumentos falaces y con el planteo de un proceso totalmente inexistente y aparente. No solo pedimos la ‘intervención como tercero’, sino también la nulidad de todo lo actuado en este caso particular”, dijo en una entrevista con “BUEN DÍA”, el noticiero de LG Play.
“Hay un conflicto de intereses y una apariencia de proceso porque están los mismos actores en los dos lados, no hay controversia. ¿Quiénes son las autoridades del Partido Justicialista (PJ)? Juan Manzur y Osvaldo Jaldo. Y las máximas autoridades provinciales son Manzur y Jaldo. La constitucionalidad y la defensa del orden jurídico están en manos de Fiscalía de Estado, un órgano dependiente de manera directa del Gobernador. Si el Gobernador quiere establecer una estrategia política electoral para adelantarse y separarse del contexto nacional, ¿con qué énfasis van a defender las leyes? ¿Cuál será la actitud de la Fiscalía en el proceso?”, resaltó el abogado.
El apoderado del PJS ratificó la posición del alfarismo en otra puja con el oficialismo, con miras a las elecciones 2023. Mirá la entrevista completa en este video de LG Play.
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