Miguel Piedecasas: “El Poder Judicial es el sistema inmunológico de la institucionalidad”

Miguel Piedecasas sostiene que, en el fragor de la crisis económica y política que por estas horas domina la Argentina, aferrarse a la defensa de la independencia judicial es la opción correcta. Una de las causas del tembladeral, advierte, es institucional: la crisis de credibilidad que jaquea al Gobierno no sólo se debe a los problemas internos de oficialismo, sino también a la relación externa del oficialismo con la institucionalidad. “Está en crisis la república”, es una de las definiciones totalizadoras que brinda durante la entrevista con LA GACETA.

Máster en derecho y doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales, el abogado visitó Tucumán en el marco de su campaña para volver a ser representante de los letrados en el Consejo de la Magistratura de la Nación. Ocupó ese cargo en el período 2014-2018 y ahora aspira a regresar en las elecciones del 5 de octubre próximo. Unos 120.000 profesionales del Derecho, con matrícula federal, estarán en condiciones de sufragar en lo que se asoma como “la previa” de los comicios nacionales de 2023. Piedecasas integrará la oferta de Juntos por el Cambio, que se descuenta que se medirá contra una lista que proponga el Frente de Todos.

- Al mismo tiempo que la crisis política, económica y financiera de la Nación escalaba, el oficialismo impulsaba el proyecto de reforma de la Corte Suprema de Justicia para incrementar a 25 su número de miembros. ¿Puede prosperar este proyecto?

- No. No creo que prospere. Primero, es un proyecto carente de todo sustento lógico, constitucional o histórico. En nuestras fuentes del derecho constitucional, el Poder Judicial de la Nación se arma sobre la base de la Constitución de los Estados Unidos: ese país tiene 330 millones de habitantes, 50 estados y nueve miembros en su máximo tribunal. Tampoco hay en los antecedentes del derecho público provincial de la Argentina ninguna Corte ni Superior Tribunal con esa cantidad de miembros. Ni tampoco hay en los fundamentos del proyecto de ley una explicación concreta de por qué debe haber 25 miembros.

- El oficialismo argumenta que quiere federalizar la Justicia. En su opinión, ¿es así?

- Lo que el oficialismo hace con este proyecto es perturbar el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia. Introducir una iniciativa tendiente a la modificación de su estructura siempre será un motivo de ocupación y de preocupación para el máximo tribunal. También me parece un intento por distraer la atención pública de las cuestiones que deben definir los gobernantes, y la dirigencia política en su totalidad: enfrentar los graves problemas estructurales que está padeciendo la sociedad en este momento crítico de la república. Lo que se requiere en estos momentos no son proyectos absolutamente desatinados, sino de altos consensos políticos e institucionales para encauzar la economía nacional y hacer frente a los problemas sociales e institucionales.

- Esta “crisis de la república” que menciona, ¿también tiene razones institucionales entre sus causas?

- Sí. Esta pretensión de tornar funcional y dependiente el Poder Judicial de la Nación perturba el funcionamiento de las instituciones, la seguridad jurídica, las inversiones y el desenvolvimiento social, cultural y económico de cualquier sociedad. De eso no hay ninguna duda. No es una formulación retórica aquel principio que establece que la base de la república encuentra uno de sus sustentos fundamentales en la independencia de la Justicia. Esta independencia del Poder Judicial es necesaria para el desarrollo armónico de las sociedades. La Justicia es el garante último de los derechos ciudadanos y de la resolución de los conflictos entre los ciudadanos, y entre ellos y el poder. Si la Justicia es dependiente del poder político, entonces los grandes problemas que tiene la sociedad no van a encontrar la solución que la Constitución ha pretendido al instaurar este Poder Judicial independiente. Los delitos de corrupción, de narcotráfico y los problemas que hacen a la salud y a la vida de las personas no van a encontrar una respuesta adecuada si no hay Tribunales que sean independientes y eficientes.

- Pareciera ir en aumento la cantidad de cuestiones que de la arena política pasan a la arena judicial. ¿Hay una judicialización de la política?

- La política debe encontrar un punto de encuentro de diálogos y consensos para que las cuestiones políticas no justiciables se resuelvan justamente en el ámbito político. Ahora bien, lo que son delitos cometidos por los funcionarios públicos, son delitos. Y ahí no hay una judicialización de la política sino que, por el contrario, ese es un camino que debe ser allanado. Debe estar allanado el camino para que la Justicia pueda investigar los delitos contra la administración pública, conocidos como delitos de corrupción.

- ¿Cuáles son propuestas para llevar al Consejo de la Magistratura?

- Nosotros emprendimos un camino cuyo primer trayecto culmina el 15 de noviembre de 2018. Un editorial del diario La Nación valoró esa gestión del Consejo de la Magistratura por la cantidad de ternas que se habían elevado, que sumaron 309; los enjuiciamientos a diversos magistrados; las renuncias de jueces para no enfrentar los procesos de acusación que estábamos llevando adelante; y las primeras auditorías al Poder Judicial de la Nación y al Federal. Fue un círculo virtuoso. Como hay prohibición de reelección, pasaron cuatro años y nos postulamos nuevamente buscando una serie de objetivos centrales. Primero, trabajar en la modernización del Poder Judicial Nacional y Federal a través de la revolución tecnológica: implementar todas las herramientas tecnológicas idóneas para los procesos judiciales. Segundo, formación y capacitación permanente de los aspirantes a la magistratura; y también mantener ese sistema para aquellos que se encuentran en ejercicio. Queremos una magistratura profesional , formada y eficiente. Tercero: pretendemos implementar un sistema de control de la calidad de los procesos judiciales, sin afectar la independencia judicial ni la libertad de contenido de las sentencias. Esto comenzó con las auditorías. Cuarto, pretendemos incrementar el sistema de participación ciudadana en la Justicia, a través de la regulación de los juicios por jurado, las audiencias públicas y las iniciativas populares. Si bien corresponden al ámbito legislativo, vamos a trabajar a través del acceso a la información pública y de las herramientas de transparencia y control de gestión, para que exista una mayor participación y control de los ciudadanos. Para nosotros, esto trae transparencia y es central para la transformación del Poder Judicial.

- A su criterio, ¿cuál es hoy la salud institucional de la Argentina?

- Hay una visión crítica sobre la salud institucional de la Argentina y, justamente, el Poder Judicial es el sistema inmunológico de la institucionalidad de una sociedad. La sociedad se construye sobre bases institucionales regladas en la Constitución Nacional. Y el Poder Judicial es ese sistema inmunológico que pretende la preservación de la salud institucional de nuestro país y de nuestra república. Estamos en una crisis de credibilidad en la institucionalidad, propiciada por desmanejos del poder político. Para eso, necesitamos al Poder Judicial completo, con todas sus vacantes cubiertas, con total independencia de actuación respecto del poder político y de los demás factores de poder y grupos de presión que puedan existir. Con la templanza, el coraje, la formación y la capacitación necesaria para dar respuesta jurisdiccional, y en plazos razonables y no eternos, y con un contenido de justicia que la sociedad está reclaando y que sabrá valorar cuando se logre.

- Ese modelo de Poder Judicial que postula enfrenta todo un desafío ante la inminencia del juicio por direccionamiento de la obra pública.

- La sociedad está observando con muchísima atención cuál es la respuesta jurisdiccional frente a esta clase de delitos que tienen una mezcla de criminalidad organizada y delitos contra la administración pública. Entonces, es un gran desafío para la Justicia argentina, cualquiera sea el resultado. Cuál es el tratamiento, cómo se llevan adelante los procesos judiciales, que grado de transparencia hay, que grado de compromiso con los valores, las instituciones y los principios jurídicos tiene el poder judicial en todas sus manifestaciones. No sólo en lo que corresponde a la magistratura sino también a aquellos que desempeñan el rol de acusación y el rol de la defensa. La sociedad está mirando cuál es la respuesta del sistema de justicia a estos delitos.