“Prefiero la tranquilidad del ciudadano antes que la incomodidad de los presos”, dijo Jaldo

“Sabemos que estamos ante un problema grave y nos estamos ocupando. Pero prefiero la tranquilidad del ciudadano común antes que la incomodidad de los presos”, señaló el gobernador interino Osvaldo Jaldo al referirse a la crisis carcelaria que afecta a la provincia.

En 2015, los fiscales Adriana Giannoni (ya jubilada) y Diego López Ávila presentaron un hábeas corpus a favor de los detenidos, los policías y los vecinos de las comisarías porque había más de 500 personas alojadas en las comisarías. La Corte Suprema de Justicia les dio la razón y ordenó al Poder Ejecutivo que se ocupara del problema.

Pasaron siete años y el problema se agravó con la implementación del nuevo código procesal penal en la Provincia. La cantidad de reos ubicados en las dependencias policiales supera los 1.348 (se sumaron los 144 detenidos que se encuentran en la Unidad Regional Sur que no fueron consignados en el informe publicado ayer). En esta cifra sólo están contemplados los procesados y condenados, pero si se tienen en cuenta los arrestados por contravenciones, el número supera los 1.700.

“Hemos tomado la decisión política de construir nuevos centros de detención para solucionar el problema, pero habrá que esperar”, insistió el tranqueño. “Pero hay que tener en cuenta una situación. Este no sólo es un problema de Tucumán, es nacional. La provincia elaboró todo un plan para tener una cárcel nueva y tres alcaldías para descomprimir la situación. Esto no son parches, son obras que no se hacían desde hace 100 años”, añadió en la entrevista con LA GACETA.

Jaldo también reconoció que las tres alcaldías (Banda del Río Salí, Las Talitas y Delfín Gallo) serán construidas en un año y la nueva cárcel de Benjamín Paz, en diciembre de 2023. “No tenemos otra alternativa que utilizar las comisarías como lugares de encierro. Es importante el esfuerzo que está haciendo la Policía para realizar una tarea que no le corresponde. Estamos haciendo todo el esfuerzo necesario para acelerar esas obras y las que se realizan en el penal de Villa Urquiza”, indicó.

El gobernador interino se apuró en aclarar que la crisis carcelaria no los hará retroceder. “Si hay muchos detenidos es porque la Policía está haciendo bien su trabajo y porque el nuevo código está enviando más personas a la cárcel. Esa estrategia no la vamos a cambiar por este problema. Vamos a seguir adelante porque nuestra prioridad es que los tucumanos puedan caminar tranquilos por las calles de la provincia. Ya nadie habla de la puerta giratoria de la Justicia, se habla de la falta de lugares de detención y eso es porque estamos sacando a los delincuentes de las calles. Tampoco será un impedimento para que ponga en marcha la ley contra el narcomenudeo”, finalizó.

Durante la mañana, según trascendió, el ministro de Seguridad Eugenio Agüero Gamboa dirigió un encuentro con varios jefes de la fuerza. En la reunión se analizó la crisis carcelaria y acordaron analizar la posibilidad de utilizar algunos ambientes de las comisarías como calabozos o analizar la posibilidad de construir calabozos donde no hay para paliar la crisis.

En el Poder Judicial

El informe publicado por LA GACETA generó varias repercusiones. Un vocero de la Corte indicó que controlan los avances de las obras en el penal de Villa Urquiza. “Una persona está dedicada a realizar el seguimiento de esos trabajos”, indicó.

También se mostraron preocupados por el clima de tensión que hay entre el director de Institutos Penales, Alberto Pereyra, y los tres jueces de Ejecución de la provincia. Uno de los magistrados le aplicó una multa de $30.000 por una inconducta. Tuvo otro inconveniente: habría elegido como subdirector del penal de Concepción a un funcionario que está procesado por la supuesta venta de droga en Villa Urquiza. Su idea no prosperó por el rechazo de funcionarios judiciales.

“Somos conscientes del problema y consideramos trascendental el inicio de obras para el nuevo penal”, indicó la presidenta del Colegio de Jueces, Isolina Apás Pérez de Nucci. “Atendemos todos los planteos que hacen los defensores a través de hábeas corpus y hacemos lugar si corresponde”, añadió.

Los fiscales consultados por LA GACETA dijeron que la crisis carcelaria no modificará la postura que vienen mostrando como acusadores. “Respondemos a una política criminal definida por el ministro Edmundo Jiménez”, sostuvo uno de ellos. Los responsables del Ministerio Pupilar de la Defensa, cuya misión es defender los derechos de los detenidos, no dieron respuesta sobre el tema.

En la Legislatura

Federico Masso (Libres del Sur), que está a cargo de la comisión de Derechos Humanos, dijo que en la próxima reunión se tratará el tema. “Lo ideal sería planificar una serie de visitas a las comisarías, pero es muy difícil tomar una medida así cuando hay mayoría de oficialistas”, resumió. “Si no cuento con apoyo, lo haré solo. Hay muchos que prefieren no hacerlo porque no quieren ser condenados por la sociedad que prefiere que los delincuentes se pudran en los calabozos”, agregó.

El oficialista Roberto Chustek, presidente de la Comisión de Seguridad reconoció que la situación es preocupante, pero que el PE se está encargando de resolver el problema. “Lo importante es buscar soluciones alternativas como adquirir de manera urgente más pulseras para monitorear a los procesados. También habría que analizar la posibilidad de que la Justicia acelere los procesos de libertad condicional a los internos de las cárceles que estén en condiciones de abandonar el penal”, explicó.