Simoca recibe más que Yerba Buena por la “patente”

Jaldo subrayó que la Constitución de 2006 convirtió el tributo que pagan los rodados, y que cobraban los municipios, en impuesto provincial

AVENIDA ACONQUIJA / ARCHIVO LA GACETA AVENIDA ACONQUIJA / ARCHIVO LA GACETA

La decisión de la intendencia de San Miguel de Tucumán de accionar en la Justicia para que la Municipalidad recupere el cobro de la patente automotor, adelantada ayer por LA GACETA, se coló en la agenda provincial.

El gobernador Osvaldo Jaldo se refirió ayer a la situación de esta imposición, que forma parte de los recursos municipales, en diálogo con este diario.

“Con la reforma constitucional de 2006 ese impuesto, que era municipal, pasó a ser provincial. No obstante, la Provincia lo coparticipa mayoritariamente: casi el 80% a los municipios y a las comunas. Es muy poco lo que queda para el Estado provincial. Así manda la Constitución”, subrayó el titular del Ejecutivo.

“Estamos acreditando en tiempo y forma lo que corresponde por ley y por coparticipación. En cambio, hay municipios que al suscribir el Pacto Social han cedido los recursos propios. No es el caso de la Capital”, precisó.

“El Gobierno de la Provincia siempre está predispuesto al diálogo; con todos los municipios, no solamente con los que tienen administraciones peronistas: ya lo demostramos con los intendentes radicales. Pero esto no tiene que ver sólo con la Capital, sino con los 19 municipios y las 93 comunas”, insistió.

Cómo funciona

El intendente Germán Alfaro anunció que planteará la inconstitucionalidad del artículo 135, inciso 4°, de la Constitución provincial. Antes de su entrada en vigencia, el 6 de junio de 2006, la “patente automotor” formaba parte de los “ingresos municipales” y era un tributo que cobraba cada intendencia.

La nueva Carta Magna determina que ahora será un impuesto provincial, que por tanto lo cobrará Rentas de la Provincia, y que luego el Gobierno lo distribuirá entre las municipalidades conforme la Ley de Coparticipación de la Provincia.

Sin actualizar

Esa norma, a Ley 6.316, es una de las últimas dictadas por la intervención federal: fue dictada el 24 de octubre de 1991, cinco días antes de que Julio César “Chiche” Aráoz le entregase el poder al gobernador electo, Ramón Bautista “Palito” Ortega.

Consecuentemente, los porcentajes de distribución de los recursos están actualizados sobre la base del Censo Nacional de 1980, porque el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas de 1991 se efectuó el 15 de mayo y no se contaba para la fecha del dictado de la norma con los datos desagregados de cada uno de los municipios. Más aún: en el listado de la Ley 6.316 no aparece la Municipalidad de Las Talitas: si bien su creación fue aprobada por una ley provincial de 1986, hubo que esperar hasta 1992 para que el Gobierno (a cargo de Ortega) firmara el decreto reglamentario que elevaba de rango a la hasta entonces comuna del Departamento Tafí Viejo.

Como consecuencia de la falta de estadísticas actualizadas, la ley de 1991 le asigna un menor porcentaje de coparticipación a la Municipalidad de Yerba Buena (en el Censo de 2010 ya tiene 40.000 habitantes) que a Simoca (en el Censo de 2010 tiene 8.000 habitantes), por citar un ejemplo. 

Contrastes

La Ley 6.316 establece que la Provincia recauda el Impuesto Automotor, pero no distribuye entre las municipalidades y las comunas rurales la totalidad de lo percibido, sino el 85%.

De ese 85%, el 10% es retenido por la Provincia para ser distribuido entre las comunas rurales. El 75% restante es para las intendencias. Es decir, de cada 100 pesos que la provincia recauda por ese impuesto (tanto la Constitución de 1990 como la actual, reformada en 2006, reconoce como recursos de naturaleza municipal) las intendencias reciben 75 pesos.

Sobre ese 75% de lo recaudado se aplican los porcentajes de distribución. De allí que Alfaro manifestase ayer a LA GACETA, entre los argumentos “materiales” para justificar por qué considera inconstitucional que la Provincia cobre la patente automotor, que de cada 100 pesos recaudados por el impuesto a los rodados a San Miguel de Tucumán terminen llegando solamente 36 pesos.

En contraste, afirma el jefe municipal, más de la mitad de la población de la provincia circula a diario por la capital. 

Porcentajes

- San Miguel de Tucumán: 46%
- Banda del Río Salí: 5,3%
- Tafí Viejo: 4,7%
- Concepción: 4,55%
- Monteros: 4,2%
- Aguilares: 4,05%
- Lules: 3,7%
- Bella Vista: 3,25%
- Famaillá: 3,15%
- Simoca: 3,1%
- Yerba Buena: 3.05%
- Alberdi; 2,7%
- Alderetes: 2,2%
- Burruyacu; 2,05%
- Tafí del Valle: 2%
- Trancas: 2%
- Graneros: 2%
- La Cocha: 2%

Distribución

15% de lo que el Gobierno recauda por “patente” queda para la Provincia

10% del Impuesto Automotor es destinado a las comunas rurales

75% se distribuye entre los municipios mediante Ley de Coparticipación

$ 36 recibe la Capital por cada $ 100 que recauda el Gobierno

Comentarios