12 Septiembre 2022
LA DEFENSA. El ex ministro de Planificación, Julio De Vido, tendrá hoy la chance de su alegato. FOTO TOMADA DE INFOBAE.COM
El juicio por supuestos delitos con la obra pública en Santa Cruz se reanudará hoy con el inicio del alegato de la defensa del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, para quien la fiscalía pidió una condena de diez años de prisión, por asociación ilícita y administración fraudulenta.
Las defensas no solo realizarán sus planteos técnicos, sino que también agregarán contenido político a sus alegatos. Mediante este proceso, buscarán desprestigiar la acusación fiscal y reforzarán la idea que sostiene que todo es parte de un expediente impulsado por el gobierno de Cambiemos y que este no cuenta con pruebas directas.
De esta manera, desde las 8.30, los abogados de De Vido, Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, desarrollarán sus alegatos. Se espera que el equipo use dos instancias de audiencia para exponer su defensa –el Tribunal Oral Federal 2 le dio 3 como máximo–, la de hoy y la de mañana. Así, a través de una videoconferencia, buscarán defender a su cliente de la acusación de la Fiscalía, delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta.
El turno del ex subsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala será el viernes, cuando los alegatos de su defensa estén a cargo del abogado Lucio Simoneti, quien adelantó que utilizará una sola audiencia y será de forma presencial en los tribunales de Comodoro Py. Por su parte, la Fiscalía pidió una condena de cuatro años de prisión para Fatala por el delito de administración fraudulenta.
Ya hubo tres defensas que pidieron las absoluciones de sus defendidos en este juicio. Ellos fueron: Héctor Garro, ex presidente de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz, y Mauricio Collareda y Raúl Daruich, ex jefes del distrito 23 de Santa Cruz de Vialidad Nacional. En total son 13 acusaciones, las cuales se espera que tengan sus resoluciones antes de fin de año, según deslizaron los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.
Así tendrán la compleja tarea de juzgar las presuntas irregularidades en las 51 obras públicas que recibió el empresario Lázaro Báez para la provincia de Santa Cruz entre los años 2003 y 2015. Según las acusaciones, se montó una estructura criminal para beneficiar al acusado, que cobró todas las obras pero la mitad no las terminó.
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