Daniel Erbetta: “La ley de narcomenudeo ha sido un fracaso en todos lados; no me haría grandes expectativas”

El ministro de la Corte Suprema de Santa Fe, especialista en Derecho Penal, habló con LA GACETA sobre las problemáticas vinculadas al narcotráfico en el país y los desafíos de la Justicia

COMPLICACIONES. Erbetta dice que el país tiene déficits en políticas primarias de empleo, educación y acceso a la salud y que eso incide en la inseguridad COMPLICACIONES. Erbetta dice que el país tiene déficits en políticas primarias de empleo, educación y acceso a la salud y que eso incide en la inseguridad LA GACETA / FOTO DE DIEGO ARÁOZ

A contramano del elevado optimismo que manifiestan las autoridades provinciales respecto a la aplicación plena de la Ley de Narcomenudeo en Tucumán (N°9.188 y sus modificatorias), el ministro de la Corte Suprema de Santa Fe y especialista en Derecho Penal, Daniel Erbetta, sentenció que las normas para desfederalizar este delito “han sido un fracaso en todos lados”.

“Meter presos a consumidores es lo más fácil, pero la ley de desfederalización no logró, bajo ningún punto de vista, ni reducir el consumo ni encarcelar a los traficantes. Es decir que han aumentado el negocio, las ganancias y el consumo, y los responsables de los eslabones más altos no están encarcelados. Entonces, que me expliquen cuál ha sido la ventaja de las leyes de desfederalización”, dijo el juez en una entrevista con LA GACETA.

Erbetta, quien días atrás tuvo repercusión nacional por sus cuestionamientos al proceso judicial de la causa “Vialidad”, vino invitado por el Centro de Especialización y Capacitación del Poder Judicial de Tucumán. El coautor del proyecto de reforma integral del Código Penal argentino en 2007 y de la reforma procesal penal de Santa Fe (implementada en 2014), brindará hoy una conferencia magistral denominada “Problemas actuales de la dogmática jurídica penal”, entre otras actividades.

- ¿Qué problemáticas penales se abordarán en la conferencia?

- El planteo apunta a la idea de que el Derecho Penal no puede desconectarse de los problemas reales. Daría la impresión que, a veces, como importamos mucho Derecho Penal de países europeos, no llegamos a comprender que la Ciencia Penal tiene que dar respuestas a nuestra realidad. En ese contexto, hay problemas vinculados a crímenes masivos, a delitos macroeconómicos, problemas de cárceles hacinadas y de condiciones de detención que están por debajo de cualquier estándar internacional. La idea es tratar de hacer un paneo de lo que nos plantean las doctrinas extranjeras y confrontarlas con nuestra realidad, para llamar a la reflexión y comenzar a generar investigaciones que tengan que ver con nuestra problemática.

- Hay problemáticas que se ven en Tucumán, como el hacinamiento en las cárceles. ¿Es común en las provincias?

- Es un problema común en toda la Argentina, paradojal. En algunas provincias más que otras, los niveles de inseguridad han crecido. Algunas economías delictivas, en especial el narcotráfico y el narcomenudeo, han crecido exponencialmente. Y digo que es una paradoja porque esto ocurre a pesar de que, en promedio, en 10 años se duplicó la tasa de encierro, lo cual es por demás sorprendente. Que se llegue a duplicar la tasa de encarcelamiento en 10 años, en cualquier parte del mundo es un problema grave. Si un ingeniero con una fórmula polinómica hace una proyección de lo que es el crecimiento demográfico de la población y si se mantiene la tasa de encierro, de acá a 50 años vamos a tener que preparar habitaciones de nuestras casas para poder alojar personas privadas de la libertad. A pesar de este enorme crecimiento de la tasa de encierro, los problemas vinculados a la seguridad, a las economías delictivas y a los mercados ilegales que a veces traen consecuencias letales, como es la violencia asociada, no se ha reducido. Contrariamente, ha crecido. Esto merece una explicación.

- ¿Qué evaluación hace de este panorama?

- Es muy difícil hacer una reducción lineal porque son problemas distintos, con niveles de complejidad distintos. Pero nosotros tenemos por un lado situaciones que, cuando el mercado está detrás del delito, es muy difícil controlarlo con una ley penal. En la medida que haya una demanda rígida, siempre va haber oferta y va a aparecer. Me parece que en la mayoría de los países del mundo este tipo de mercados se regula. Para eso se requiere superar algunos déficits que tiene la Argentina, como en políticas primarias. En la medida que generemos mayores empleos, educación y acceso a la salud, hay una parte de la inseguridad, que tiene que ver con la delincuencia más violenta y callejera, que se reduce. Necesitamos mucho trabajo en materia de políticas estrictas de seguridad . La Argentina tiene un déficit grande y recién está tratando de salir. No conozco la realidad de Tucumán, pero sí la de mi provincia en materia de análisis criminal. No se puede prevenir lo que no se conoce. Para prevenir algo hay que generar mucha investigación de campo, análisis criminal e inteligencia criminal. Además, hay que tratar de tener agencias estatales que estén en buenas condiciones de funcionamiento, repensar los modelos de policías que tenemos. Esto implica discutir seriamente una reforma policial.

- En Santa Fe y se llegó a un nivel extremo. ¿Qué pasó?

Sí, se llegó a un nivel extremo. Hay que hacer una diferencia: Rosario proyecta este año la tasa de homicidios más alta de la Argentina y va a superar su propio récord de 2013. No es esta la realidad del resto del país. La Argentina tiene una tasa relativamente baja: 5 o 5,5 cada 100.000 habitantes. Rosario va a llegar a 21. Evidentemente Rosario tiene un problema y es que, en algún momento, hace años, se produjo una suerte de autonomización de la agencia policial. La policía necesita mucho control político. Se mantiene una estructura policial muy anticuada. Se produjo, a su vez, una atomización dentro de la agencia policial y algunos sectores de la Policía. Está probado y condenado. Comenzaron a interactuar con los que gerenciaban estos mercados ilícitos. Cuando a estos mercados no se los regula y se cede el control territorial, las disputas entre estos grupos las dirimen ellos, a los tiros, y las consecuencias están a la vista.

- ¿Qué pueden hacer las provincias contra el narcotráfico? ¿Una ley de narcomenudeo es efectiva?

- Lo mejor es aplicar políticas de reducción de daños. ¿Qué significa? Atender el problema del consumo desde las políticas de salud y concentrar el aparato represivo exclusivamente en los eslabones más altos, porque este tipo de mercados ilegales no se agotan en quienes gerencian, distribuyen, producen o traen las drogas. Las ganancias de estos mercados se lavan. Y se lavan con la intervención de sectores sociales mucho más altos. Creo que tiene que haber un sinceramiento, primero de la sociedad.

El narcomenudeo ha sido un fracaso en todos lados. El ejemplo más paradigmático es provincia de Buenos Aires. Meter presos a consumidores es lo más fácil que hay, pero la ley de desfederalización no logró, bajo ningún punto de vista, ni reducir el consumo ni encarcelar a los traficantes. Es decir que el negocio ha aumentado, las ganancias han aumentado, el consumo ha aumentado y los responsables de los eslabones más altos no están encarcelados. Entonces, que me expliquen cuál ha sido la ventaja de las leyes de desfederalización.

- ¿O sea que en Tucumán no deberíamos tener grandes expectativas con la aplicación de la ley?

- Yo no me haría grandes expectativas.

-¿Qué repercusiones tuvo por cuestionar el proceso “Vialidad”?

- Me invitó un ex alumno a un programa de cable y me preguntó por proceso en sí mismo. No conozco si hay mérito o no, pero sí he podido ver, por lo que trasmite el periodismo y por lo que he visto de la parte televisada de los alegatos del fiscal, es que hay irregularidades muy serias en cuanto a lo que son las reglas de juego que en un estado democrático debe cumplirse para cualquier proceso penal, pero muy particularmente para este proceso penal que, tomo todos sabemos, tiene una trascendencia muy grande y que exige la mayor transparencia y el mayor grado de legitimidad de las personas que intervienen. El primer error garrafal es que no se puede hacer un juicio de esta naturaleza por Zoom. El problema de los cuestionamientos al tribunal son serios. Hay un estándar de imparcialidad muy elevado hoy en la jurisprudencia internacional y de la propia Corte nacional. La actitud de un juez luego de ser cuestionado, mostrando un mate con una insignia del equipo que ha dado lugar al cuestionamiento, me parece que es la confirmación más cabal de lo que hoy se llama temor fundado de parcialidad. Como abogado defensor yo me sentiría muy intranquilo con un juez que frente a un cuestionamiento de esa naturaleza, en lugar de dar una explicación razonable, me sale a provocar, mostrándolo por televisión de esta manera.

La objetividad del fiscal. Un fiscal en un alegato tiene que referenciar prueba. Los alegatos no son para hacer discursos políticos. Un alegato es para probar la hipótesis acusatoria: “Juan mató a Pedro. ¿Cómo lo acredito? En el juicio lo acredité con el testimonio de Fulano y de Zutano, lo acredité con la pericia sobre el arma, lo acredité con otra pericia…”, eso es un alegato. Y si en el juicio se produjo prueba desincriminante, en favor de los acusados, el fiscal no puede callarse. El fiscal tiene la obligación legal de valorar y tratar de desmerecer esa prueba; demostrar que la prueba que él ha acumulado es más pesada para poder acreditar la autoría y la responsabilidad. Yo me limité a señalar estas cuestiones porque esta es la crónica de un final anunciado. Hoy puede estar sentada allí la doctora Fernández y mañana puede estar Rodríguez Larreta. No es un problema personal, ni siquiera político: es un problema institucional. Más allá de las especulaciones que cualquiera pueda hacer, si esto llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos acuérdese, no sé cuánto pasará, pero acuérdese cuál va a ser el resultado.

- ¿Qué corresponde hacer ante estas insinuaciones de parcialidad que plantea usted?

- Esto contamina mucho todo este proceso. Lo contamina y pone muy en duda la legitimidad del proceso. No sé si es verdad, pero leí en los diarios que uno de los acusados, de apellido Garro, a quien acusan y le piden pena por haber intervenido irregularmente y penalmente en procesos licitatorios en los cuales no intervino, porque había renunciado como funcionario público. Si esto es así, es un escándalo. Y es hora de que, alguna vez, en la Justicia asumamos responsabilidades funcionales. Vamos a suponer que haya mala praxis. A la mala praxis un médico la paga y un abogado puede tener problemas. Bueno, si los jueces o los fiscales comenten mala praxis por hablar de algo que no es intencional… Si no, nunca vamos a generar credibilidad en la gente. Ocho de cada 10 argentinos no creen en la Justicia. Trabajando de esta manera estamos contribuyendo muy poco en tratar de ganar credibilidad y confianza.

Conferencia magistral: Erbetta expondrá sobre los problemas actuales de la dogmática jurídica penal

El ministro de la Corte Suprema de Santa Fe, Daniel Erbetta, brindará hoy una conferencia magistral denominada “Problemas actuales de la dogmática jurídica penal. Será a las 18, en el Salón de Actos Públicos “Juan B. Alberdi”, del Palacio de Tribunales (pasaje Vélez Sarsfield 450, segundo piso). Será en el marco del cierre académico y entrega de diplomas de la Especialización en Derecho Penal que dictó el Centro de Especialización y Capacitación Judicial de Tucumán, en convenio con la Universidad Nacional de Rosario entre 2020 y 2022. Presidirán el acto Erbetta, Director de la Especialización, y el vocal Daniel Posse. Acompañará Gustavo Franceschetti, coordinador de la carrera.

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