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EL DÍA DEL OPERATIVO. En la casa de Beltrán se encontró a policías y a presos trabajando como albañiles.
El ex jefe de la Unidad Regional Norte (URN), Gustavo Javier Beltrán (50), fue condenado a tres años y un mes de prisión de cumplimiento efectivo por disponer el traslado irregular de detenidos y utilizarlos para realizar trabajos de albañilería en su beneficio personal.
La sentencia se dictó en el marco de un juicio abreviado y fue homologada por el juez interviniente. Además de la pena de prisión, se le impuso la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos y una reparación económica mediante el decomiso de un cuatriciclo.
Beltrán fue hallado culpable de los delitos de peculado de uso y de servicios, en concurso real con abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en calidad de autor, y de falsificación de instrumento público como coautor.
En representación de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, el auxiliar fiscal Federico Lizarraga —del equipo encabezado por Mariana Rivadeneira— detalló los agravantes considerados. Según expuso, el ex comisario “se valió de su posición jerárquica para desplegar un esquema de actuación” mediante el cual ordenó el traslado de detenidos sin autorización judicial ni control, para luego emplearlos en tareas de construcción tanto en dependencias policiales como en su domicilio particular en El Cadillal.
El funcionario agregó que para concretar esas maniobras utilizó recursos estatales, como un móvil policial, combustible y la estructura operativa de la URN, los cuales fueron desviados de su finalidad pública. Asimismo, señaló que Beltrán ordenó la inserción de información falsa en el libro de guardia de la dependencia.
“La gravedad institucional del hecho y el abuso de su función pública tornan inadecuada una pena de ejecución condicional”, sostuvo el representante del Ministerio Público Fiscal.
Antes de la resolución, el condenado tomó la palabra: “Presté 31 años de servicio y con la decisión que tomé perjudiqué no solo a mi persona sino también a la institución. Me hago cargo de mi responsabilidad y pido perdón a mi familia y a la sociedad”.
La investigación
De acuerdo con la acusación, entre los primeros días de agosto y el 11 de noviembre de 2025, Beltrán —entonces primer jefe de la URN de la Policía de Tucumán— dispuso el traslado de cuatro detenidos a la sede ubicada en Tafí Viejo, sin autorización judicial ni registro formal.
Los presos debían permanecer alojados en las comisarías de Chuscha y Choromoro, pero fueron llevados a la URN para ser utilizados en trabajos de albañilería.
En uno de los hechos, ocurrido el 11 de noviembre, Beltrán, junto al sargento Luis Roberto Trejo y el cabo Osvaldo Lucas Tezeira, consignó falsamente en el libro de guardia el traslado de dos detenidos hacia la comisaría de Chuscha. Sin embargo, el móvil policial se dirigió en realidad a una vivienda en construcción en El Cadillal, propiedad del entonces jefe policial.
Allí, los detenidos realizaron tareas de construcción por orden de Beltrán y en su beneficio personal.
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