24 Septiembre 2022
La noticia del sobreseimiento de un ex comisionado comunal de Villa La Trinidad dejó varios interrogantes, porque no se han determinado responsables de un daño ambiental, que no parece estar resuelto. El caso había sido revelado en abril de 2019 por la fundación ambientalista Ave Fénix luego de que, en estudio de laboratorio, se constatara que el líquido que se distribuía a la población era no apto para el consumo en razón de evidenciar contaminación con líquidos cloacales. Además se denunció que el cloro que se utilizaba para potabilizar el agua se conservaba en envases “no reutilizables”, al haber almacenado antes glifosato, si bien no se estableció que haya habido contenidos residuales de ese agrotóxico en los bidones.
Los vecinos del barrio Las Rosas habían dicho que había colapsado el sistema cloacal y que el agua para consumo tenía mal olor. La Policía Científica constató que había un caño que debía servir de desagote que estaba taponado y cubierto de matorrales. Al mismo tiempo los peritos tomaron muestras de agua de grifos para su análisis. Los estudios, en los que participaron tanto la Dirección General de Salud Ambiental del Siprosa como el Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (Sepapys), establecieron que el líquido tenía faltante de cloro activo residual y presencia de bacterias nocivas.
Por eso el caso fue a juicio el comisionado comunal, cuya defensa argumentó que es el Siprosa el que tiene la facultad y el deber de controlar desde el punto de vista sanitario los servicios de abastecimiento de agua potable. A la vez observó que si bien el Sepapys es el que designó a la comuna rural de Villa La Trinidad como permisionaria de gestión pública para la operación del servicio de abastecimiento, este recién lo hizo en julio de 2019. Es decir que al momento de la denuncia, en abril, no estaba concesionada. La defensa también aportó documentos que acreditan que desde 2016 el comisionado había planteado ante el Ministerio del Interior de la Nación y ante la SAT la necesidad de ejecución de obras de mejoramiento del sistema cloacal y de provisión de agua potable.
La Justicia desacreditó el delito de adulteración culposa. También el de omisión de los deberes de funcionario público, al trasladar la responsabilidad del control de la calidad del agua de consumo al Siprosa y al Sepapys. Pero el titular de este último ente dijo que, si bien brindan asistencia técnica y de infraestructura a las comunidades que lo requieren, no realizan controles de calidad del agua porque esa responsabilidad recae en el Siprosa. El responsable de Fiscalización Sanitaria del Siprosa precisó que el sistema puede realizar controles en algunas comunidades, pero no es su función específica, ya que el apto hídrico lo realiza la SAT.
Así las cosas, ha quedado diluida la responsabilidad mientras, según la fundación denunciante, la Justicia omitió avanzar con acciones que eviten la repetición de conductas que ponen en riesgo la salud pública. “En Trinidad no hay garantía acerca del agua que se consume. El alto nivel de casos de niños y adultos con enfermedades gastrointestinales genera dudas”, sostienen. Convendría, entonces, que se articulen medidas no sólo para deslindar responsabilidades, sino para asegurar que el suministro de agua se realice en las condiciones de higiene y de salud adecuadas para la comunidad.
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