28 Septiembre 2022
CIUDAD DE MÉXICO.- Una marcha multitudinaria recorrió la capital mexicana, cuando se cumplió el octavo aniversario de la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Ayotzinapa, en el sureño estado de Guerrero. Esa tragedia marcó la historia de México y continúa sin resolverse.
Centenares de estudiantes de la escuela rural de Guerrero, de la capital y de otras partes del país, acompañaron a los padres y activistas desde el emblemático Ángel de la Independencia hasta el céntrico Zócalo.
En esa plaza, exigieron pruebas científicas sobre lo que les pasó, después de que el más reciente informe de la Comisión de la Verdad y la Justicia señalase que no hay indicios de que los estudiantes estén vivos.
“No hay indicios de vida pero no hay indicios de muerte”, dijo durante el acto Blanca Nava, madre de Jorge Álvarez Nava, uno de los desaparecidos en septiembre de 2014. “No hemos parado, desde hace ocho años en las calles, y no nos han dado respuesta. Enrique Peña Nieto (el presidente cuando ocurrió la desaparición) nos engañó con la ‘verdad histórica’ y yo le digo a este nuevo gobierno que ya no se burlen de nosotras, que no se burlen del dolor y del sufrimiento. Queremos saber la verdad”, dijo Blanca.
El informe que elaboró la administración de Peña Nieto causó repudio. El más reciente informe de la Comisión de la Verdad reconoce que participaron el crimen organizado y autoridades mexicanas, pero aún no llega a establecer dónde están los desaparecidos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos urgió a que el gobierno garantice condiciones para la investigación. “Ante la falta de esclarecimiento de lo sucedido y para continuar los avances hasta ahora alcanzados, el Estado mexicano debe garantizar la independencia de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, órgano responsable de la investigación”, dice el comunicado la CIDH.
Hasta el momento fueron detenidos varios militares y el ex procurador Jesús Murillo Karam, considerado uno de los arquitectos de la mentirosa “verdad histórica” bajo el gobierno de Peña Nieto. “Estamos aquí para exigirle al gobierno mexicano saber la verdad de dónde están los normalistas. No estoy conforme con este informe que dice que nuestros hijos están muertos ¿Dónde están?”, dijo a medios extranjeros Clemente Rodríguez, padre de Christian Rodríguez. Un pedazo de un hueso del pie de Christian fue identificado, pero Clemente insiste en que eso no es entregarle un cuerpo a un padre.
El presidente Andrés López Obrador aseguró que el caso, que califica como un “crimen de Estado”, va a seguir investigándose.
Las condiciones para que la pesquisa avance no son las mejores. Ayer renunció el fiscal especial a cargo del caso, en medio de una controversia respecto de la independencia de la Fiscalía General y el posible papel del Ejército en el crimen.
La dimisión de Omar Gómez, nombrado en 2019 poco después de asumir la actual administración, se debió a que no estuvo de acuerdo con los procedimientos seguidos respecto a las órdenes de aprehensión, explicó López Obrador. El lunes, confirmó que la FGR canceló 21 de las 83 órdenes de aprehensión en contra de ex servidores públicos y militares porque “no estaban en el informe” de la comisión de la verdad.
El fin de semana, una periodista expuso un expediente en el que dice que los estudiantes fueron asesinados, desmembrados y sus restos repartidos por distintos lugares, contra la versión de la anterior administración, de que habrían sido quemados todos en un basurero. A ocho años de su desaparición, aún no se sabe su paradero.
Lo más popular
