14 Octubre 2022
Unos 9 millones de usuarios se vieron afectados por el paro de 48 horas que llevó adelante la Unión de Tranviarios Automotor (UTA) en la Argentina, en medio de un reclamo salarial y de la puja por la distribución de los subsidios nacionales para el sector.
Al margen de que se trata de un conflicto de alcance nacional, los tucumanos observan cómo esta problemática persiste en el tiempo, dejando recurrentemente a trabajadores, estudiantes y ciudadanos en general sin colectivos. En 2018, debido a la crítica situación que arrastraban empresarios y trabajadores, el Gobierno impulsó la declaración del estado de emergencia en el servicio de transporte público de pasajeros.
Esta medida, en términos generales, posibilita que el Estado provincial otorgue subsidios millonarios a las firmas nucleadas en Aetat para afrontar compromisos salariales y gastos corrientes de funcionamiento.
La normativa fue prorrogada sucesivamente por el Poder Legislativo a pedido de la Casa de Gobierno, por lo que, a pesar del paso del tiempo, el estado de emergencia se mantiene, aunque la cuestión de fondo no fue resuelta. De hecho, este régimen tendrá vigencia al menos hasta 2024, ya que fue extendido en mayo pasado por el cuerpo colegiado. Gracias a esta ley, por ejemplo, a fines de agosto de 2022 (decreto 2.741/8) el Poder Ejecutivo giró $280 millones a Aetat; y dos semanas después (decreto 3.015/8), sumó otros $100 millones.
A estos constantes auxilios financieros del Gobierno provincial se suman los subsidios nacionales, aunque los empresarios del sector advierten sobre una notoria inequidad en su distribución con relación a lo recibido por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Según Aetat, esto explica que en el distrito porteño el boleto de ómnibus se pague $35 (subió un 40% este mes). En Tucumán, en cambio, el Concejo Deliberante de la Capital fijó un precio de $65 en julio pasado, y ahora los empresarios solicitaron un nuevo ajuste, advirtiendo que el monto estimado por sus estudios de costo alcanza los $192. “Nos encontramos en medio de una disputa entre los Gobiernos nacionales y provinciales sobre quién se hace cargo del acuerdo salarial”, expresó Roberto Fernández, secretario general de UTA-Argentina.
En Tucumán, los empresarios aseguraron que están en desacuerdo con la medida de fuerza, ya que “los salarios de todo el personal están al día”. En el gremio local, por su parte, explicaron que el reclamo fue resuelto a nivel nacional, por lo que no tienen otra alternativa que plegarse al paro. Mientras tanto, en la Casa de Gobierno expresaron su malestar por la situación, dado que las arcas provinciales efectúan sus aportes en tiempo y forma.
En este contexto, los usuarios del servicio público de pasajeros volvieron a quedarse a pie. La escena se asemeja a un callejón sin salida. Las partes involucradas, más allá de cruzar culpas, deberían promover encuentros en busca de caminos conducentes para lograr una solución integral a este complejo problema que ya es estructural.
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