“San Miguel de Tucumán, 17 de octubre de 2022
DECRETO N° 3.395/22 (MG)
VISTO, los Artículos 43, incisos 5°, 7°, 8°, 9°, 10°,44,99, 132, inc. 3° y 133° de la Constitución de la Provincia, que prevé la Convocatoria a elecciones Provinciales; y
CONSIDERANDO:
Que el día 29 de octubre de 2023 caducarán los mandatos de gobernador y vicegobernador, electos el 9 de junio de 2019; que en igual fecha caducarán los mandatos de los miembros de la Honorable Legislatura, intendentes y comisionados comunales;
Que en autos caratulados “Partido Justicialista distrito Tucumán c/ provincia de Tucumán s/ amparo” se declaró la inconstitucionalidad y nulidad absoluta del artículo 43 inciso 6° y 100 de la Constitución de Tucumán (sentencia Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo).
Que ello habilita a convocar al electorado de la provincia de Tucumán a elecciones provinciales para elegir gobernador, vicegobernador, legisladores provinciales, intendentes y comisionados comunales; que tanto las elecciones provinciales como municipales y comunales se regirán por las normas dispuestas en la ley 5.454, sus modificatorias y leyes concordantes, ley 7.876 en sus textos consolidados, sus modificatorias y leyes concordantes, y el decreto 1.170/14 del 28/06/1991. Por ello, y estimado del caso proceder en consecuencia,
EL VICEGOBERNADOR DE LA PROVINCIA EN EJERCICIO DEL PODER EJECUTIVO DECRETA:
ARTICULO 1- convócase al electorado de la Provincia, para que el día domingo XX de XXXX de 2023, proceda a elegir gobernador y vicegobernador de la Provincia ...”
Cuando en la semana -posiblemente mañana, en el simbólico Día de la Lealtad peronista-, Osvaldo Jaldo firme el decreto de convocatoria a elecciones, la carrera por la gobernación quedará formalmente lanzada, para tranquilidad del oficialismo tucumano que parece encaminarse unido al proceso electoral y para incomodidad de la oposición que no brinda garantías de que finalmente no vaya a fracturarse. Actualidades distintas para los dos espacios. En el futuro, quién sabe.
Si bien desde las filas del justicialismo se lanzó a rodar el 14 de mayo como fecha probable de la cita a sufragar, el fallo de la sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo habilitó al Poder Ejecutivo a convocar a comicios cuando le plazca en 2023, ya sea en febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio o agosto. A piacere.
Respecto de esto último vaya un dato: si bien se considera que entre la fecha de votación y el decreto de convocatoria debe mediar un plazo de 180 días para la existencia de un cronograma electoral holgado, cabe mencionar que en 2019 el Gobierno provincial firmó el 22 de febrero el decreto 415/14 de llamado a las urnas para el 9 de junio. O sea que entre un hecho y otro mediaron tan solo ¡107 días!
Súmese otra anécdota: en 2006, el Gobierno peronista llamó a elegir convencionales constituyentes el 18 de febrero; la oposición veraneaba, si es que vemos el resultado final: el PJ obtuvo 36 de las 40 bancas en juego. O sea, el llamado a elección se hace siempre a gusto y a conveniencia del oficialismo peronista.
Con estos antecedentes, si es que el tranqueño rubrica el decreto de convocatoria esta semana, los 180 días exigidos se cumplirían el 16 de abril de 2023, y los 120 días (por no aludir a las sorprendentes 107 jornadas) se cumplirían el 19 de febrero. Hasta mayo serían más de 200 días de calendario electoral, que es el tiempo que le quedaría a los opositores de Juntos por el Cambio para ponerse de acuerdo en la forma en que dirimirán las candidaturas de la coalición: encuestas, consenso o interna cerrada. Porque una vez que se publique el decreto llamando a las urnas en el Boletín Oficial, la oposición tendrá que apresurarse para resolver su conflicto interno porque la cuenta regresiva será complicada.
Si la fórmula Jaldo-Manzur ya está cerrada en el Frente de Todos -el llamado anticipado a votar implicaría una señal contundente en esa dirección-, el oficialismo ya sale picando en punta, mientras que la oposición aún estará en el vestuario discutiendo cómo armar el equipo y el reparto de las camisetas. Más aún, debatiendo la estrategia para entrar al campo de juego.
En ese marco, que el intendente Germán Alfaro haya instado personalmente al diputado nacional Roberto Sánchez a resolver su disputa a través de una interna cerrada puede entenderse como una maniobra destinada a acelerar una definición política y electoral en el espacio para no ir tan detrás del justicialismo. Como para no perderle pisada al oficialismo.
Cuánto más demoren en resolver el método, el peligro es que los discursos entorpezcan cualquier arreglo, más cuando sean de tinte desafiante, amenazador o confrontativo. Destrabar el mecanismo de selección de candidatos resulta clave para fortalecerse como opción de poder.
Además, eventualmente, en un posible arreglo se podrían incluir pactos sobre posteriores candidaturas a diputados nacionales para las generales, ya sea con o sin primarias abiertas. Un consenso más amplio y no limitado a los comicios provinciales. Implicaría una suerte de reaseguro a futuro para los que arriesguen todo y pierdan en la votación provincial.
Esta instancia se ve favorecida por el posible adelantamiento de los comicios provinciales (abril, mayo o junio), ya que luego de la votación habría bastante tiempo para postularse a congresista para la Cámara Baja; por lo menos hasta julio. Es decir, los interesados tendrán hasta dos o tres meses para pensarlo después de haber concluido la elección provincial. A no descartar que el combo de acuerdos sea bastante amplio para los opositores. Claro, si es que realmente deseen fortalecer a la coalición, caso contrario puede ser la última experiencia conjunta.
La pregunta clave, y tal vez motivadora, para los integrantes de Juntos por el Cambio es si juegan para ganar o para perder. En 2019, estuvieron a dos puntos del oficialismo en la votación y volvieron a ganar en la sumatoria de sufragios en la Capital. Pero eso ocurrió porque estaban unidos electoralmente. Hoy parece que están más cerca de fragmentarse como consecuencia de las ambiciones personales.
Deberían considerar que cuando desde el Gobierno el manzurismo desliza que la candidata a intendenta por la Capital será la diputada nacional Rossana Chahla, lo hace bajo la hipótesis de una posible derrota: pone a la que consideran la mejor candidata para seducir a los independientes y reducir la diferencia con la oposición en San Miguel de Tucumán; para perder por lo menos posible en la primera sección electoral. La ex ministra de Salud tuvo una alta consideración en la ciudadanía por su gestión en la pandemia, lo que la favorece para ser una alternativa. Ahora bien, si Juntos se rompe creyendo que separados igual retienen la capital, capaz que la parlamentaria finalmente dé la sorpresa y hasta termine imponiéndose.
Frente a la chance de esa fractura y de que la UCR y el PJS lleven candidatos propios, en el oficialismo han surgido muchos aspirantes a la intendencia capitalina, porque huelen que la división en la oposición acrecienta las posibilidades de ganar del PJ, de cualquier candidato que lleve el oficialismo en la ciudad. Por eso algunos han salido a pedir internas en el partido para definir el candidato a intendente capitalino, una situación que a la dupla Manzur-Jaldo les debe hacer un poco de ruido, ya que significa, de mínima, un rechazo a la “bendición” de un referente del peronismo. Rebelión en la granja. ¿Encuesta, consenso o interna en el PJ por la primera sección electoral? Problema capital. Si la sociedad política actúa a la vieja usanza peronista, lo más seguro es que los manden a armar acoples y a pelear en el territorio por el propio espacio, y por su propia supervivencia política.
En ese clima, donde unos conducen y otros son conducidos, que el decreto de convocatoria a comicios (en abril, mayo o junio) pueda llegar a firmarse un 17 de octubre pasaría de tener un sentido simbólico a tener todo un sentido político, un mensaje de llamado a la unidad para conservar el poder provincial, una apelación a la lealtad de los compañeros. Lo que se podría festejar mañana en el acto del PJ. Al margen de las especulaciones, lo que parece seguro es que la resolución se conocería en las próximas horas y que respondería a una multiplicidad de variables, además de añadirle una complicación extra a los integrantes de Juntos por el Cambio.
Esas variables incluyen: la necesidad de unir al peronismo como garantía de triunfo, definiciones sobre el futuro político de Manzur y consideraciones regionales. Que la fórmula sea Jaldo-Manzur es un mensaje hacia la militancia y una acción destinada a restañar las heridas que quedaron de la interna justicialista del año pasado; una necesidad política imperiosa. La participación del jefe de Gabinete en la boleta gubernamental es la central en ese propósito; si no es él, el “dos” de la fórmula debería ser una persona elegida por él, sin más vueltas. Y que todo el resto del manzurismo lo reconozca como tal.
Otro detalle: cuando Jaldo firme el decreto, quien deberá apresurarse en resolver qué hará será el propio Manzur, porque si quiere ser candidato a vicegobernador tendrá que acudir rápido a la Justicia para obtener la certeza de que puede postularse para el cargo. Es más, si está resuelta la fórmula, ya debe estar preparado el recurso judicial; pues no se entendería que se avance con el decreto si no está todo calculado. El escrito, entonces, debería estar en algún cajón esperando ser desempolvado para llegar a los tribunales.
El aspecto regional del adelantamiento de los comicios está vinculado con una doble necesidad: separarse de la gestión nacional y darle un triunfo al Gobierno de Frente de Todos, como para oxigenarlo. El futuro de Manzur también va en ello.


















