Por Gustavo Rodríguez
07 Noviembre 2022
El 22 de julio de 2018, Priscila Paz abandonó el hotel donde trabajaba para dirigirse a su casa en San Pablo. Pero nunca llegó. Después de nueve días de una desesperada búsqueda, su cuerpo fue hallado en un cañaveral cercano a la vivienda donde vivía, un lugar que había sido rastrillado por las autoridades y los familiares sin ningún tipo de resultados. Cuatro años después de haberse producido el femicidio, un tribunal juzgará a partir del martes a seis de los nueve acusados, ya que dos fallecieron y el tercero se encuentra prófugo.
La investigación de la fiscala María del Carmen Reuter fue tan categórica como la que llevó a cabo para otra causa compleja, como lo fue la del femicidio de Milagros Avellaneda y el filicidio de su hijo Benicio, con la que se condenó a perpetua a Roberto Carlos Rejas. En lo que respecta al caso Paz, encontró suficientes indicios para acusar a nueve sospechosos y elaborar una teoría. Priscila fue llevada mediante engaños a una vivienda del barrio Ampliación Elena White, en la capital. La golpearon salvajemente hasta que la mataron. Varios días después, la cargaron en una camioneta y la arrojaron en el lugar donde fue hallada. Hasta ahí es lo que figura en el expediente y que es de público conocimiento.
Lo que también aparece en el expediente, pero que pocos conocen, es que el crimen dejó al descubierto el oscuro mundo de las drogas. Priscila fue víctima de los miembros de una red de narcomenudeo, que contó con el apoyo de varios “soldaditos” –jóvenes que trabajan para el transa o vendedor “minorista”- y estuvo encerrada, según se cree, en un “fumadero”, es decir, una habitación donde los adictos se reúnen a fumar paco o pasta base para evitar ser vistos.
Héctor Jesús Ledesma, el supuesto transa que estaba al tanto de todo y dueño de la camioneta que se utilizó para trasladar el cuerpo, no podrá contar su versión del hecho. Fue asesinado de un disparo en el pecho en mayo de 2020. Sus familiares indicaron que delincuentes habían ingresado a su casa del barrio 11 de Marzo para asaltarlo. Los policías siempre sospecharon que en realidad, la víctima fue asesinada por un grupo de “soldaditos” que lo atacaron por una cuestión territorial. Al parecer, después de haber tenido que abandonar el Ampliación Elena White, habría pretendido instalar su red en este barrio.
Los siete imputados afrontarán diferentes acusaciones, según la teoría de la fiscala Reuter. Luciana Érika Solange Alderete fue imputada por encubrimiento, ya que adquirió el celular de Priscila sabiendo que era de ella y que con su accionar entorpecería la investigación. Por el mismo delito será juzgada Verónica Vanesa Argota, por haber sido la encargada de custodiar a la joven desde que quedó cautiva y hasta que fue asesinada.
Víctor Hugo Carabajal, Juan José Dante Gómez, Facundo Damián (está prófugo) y Walter Patricio Miranda, Franco Emanuel Ogas y Yanina Paola Rojas fueron acusados de privación ilegítima de la libertad con homicidio agravado por ensañamiento. “Estamos convencidos de que existen los elementos suficientes para llegar a una condena ejemplar”, aseguró Javier Lobo Aragón que, junto a Aníbal Paz, serán los querellantes en la causa. “Este fue un caso que dejó al descubierto la capacidad y la impunidad con la que se creían manejar los integrantes de este grupo. Realmente es clave que se haya llegado a juicio”, añadió el profesional.
El tribunal estará integrado por Patricio Prado, Guillermo Puig y Alicia Freidenberg. La fiscala de cámara será Estela Giffoniello. Hasta el momento está previsto que se realicen cinco audiencias.
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