Seguridad: cuidado con las promesas electorales

El año electoral se adelantó. Aún no están definidos los postulantes y ya pueden oírse propuestas y proyectos de las personas o los partidos que aspiran a quedarse con cualquier cargo. Buscan endulzar los oídos de los electores con palabras que quieren escuchar: cómo harán para bajar los índices de la inseguridad, uno de los temas que más preocupan a casi todos los argentinos.

La primera bomba estalló hace poco menos de una semana en Buenos Aires. El diputado nacional de Juntos por el Cambio Diego Santilli presentó un proyecto que recibió el apoyo para bajar a 15 años la imputabilidad de los adolescentes que cometan algún delito. Además, la iniciativa contempla que los encontrados culpables deban cumplir con un régimen de reparación integral a las víctimas. Es decir, si robaron un celular o mataron a una persona, deberán indemnizar a las personas a la que causaron el daño. Eso sí, no aclara cómo lo harán. También solicitó que aquel que no cumpliera con este punto, reciba una pena que va de los 10 a 15 años.

La propuesta asegura también que esta norma será utilizada en los casos más graves. Ahora, ¿qué delito cometido por un chico menor de 18 años no es grave? Todos son cachetazos y señales de que algo está funcionando mal. Cuando era presidente, Mauricio Macri pretendió hacer lo mismo. Ordenó hacer una consulta a nivel nacional y todos los catedráticos, especialistas y dirigentes le dijeron que la persecución penal no resolvería la problemática. Le dijeron que había que fortalecer la contención de los excluidos, atender los índices de la pobreza y fortalecer la educación. Claro está que es mucho más fácil encerrar a un adolescente que lograr que se una persona de bien, educado e integrado a la estructura laboral.

¿Una ley?

En la Legislatura, con bombos y platillos, anunciaron que se aprobó una ley para que la Policía tome denuncias las 24 horas, los 365 días del año. La norma impulsada por el oficialismo autoriza al Poder Ejecutivo a contratar personal policial jubilado o retirado que se encuentre apto para ser sumariante. A su vez, incita al Gobierno a adecuar procedimientos y protocolos de actuación que resulten necesarios y habilitar para los receptores de las denuncias los accesos tecnológicos pertinentes. La sanción de esta norma deja en claro la total ignorancia de los legisladores en cuestiones de seguridad.

La ex fiscala Adriana Giannoni, hace casi 10 años, dijo que en la provincia no hacía falta dictar más leyes, sino que debían hacerse cumplir las que ya existen. El tiempo le sigue dando la razón. A saber: la obsoleta Carta Orgánica de la Policía (creada hace más de 50 años) y el nuevo código procesal penal de la provincia (que ya lleva más de tres años en vigencia) establece lo que sancionaron. No hace falta contratar policías retirados, sino destinar a personal civil que cumpla con esa función para que no sólo sea el oficial de turno quien reciba las exposiciones de las víctimas. La última: desde hace más de dos años que se puso en marcha en toda la provincia la “denuncia digital”, sistema que permite que lo denunciado por un tucumano llegue en tiempo real al Ministerio Público Fiscal.

No se nota, o por lo menos no se dio a conocer, la intención de los parlamentarios de sancionar leyes que sí son necesarias. Por ejemplo, modificar algunos artículos del código procesal para que se pueda aplicar correctamente la ley de Narcomenudeo. ¿Consultaron al Poder Judicial qué nuevas herramientas podían aportar? Es fácil dictar una norma diciendo que los policías deben tomar las denuncias las 24 horas, pero es complicado modificar las normas que disponen cómo debe trabajar la fuerza. Hace más de una década que la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la utilización de las contravenciones policiales y la creación del Código de Convivencia jamás superó el estado de proyecto.

Fuerzas y armas

Envalentonados por el discurso demagógico del libertario Javier Milei, varios políticos de estas tierras ordenaron a sus asesores a dialogar con expertos y periodistas sobre algunas cuestiones. Una de ellas fue analizar la posibilidad de contar con mayor presencia de las fuerzas federales en la provincia. Varios les dijeron que sería de gran ayuda para luchar contra la inseguridad y los problemas que genera el narcotráfico. Muchos están entusiasmados con esa posibilidad.

Los futuros candidatos no saben que en Tucumán hay presencia de personal de Gendarmería Nacional (con destacamentos en la capital, Las Talitas, Monteros y Aguilares), Policía Federal (en Laprida al 900 se encuentra la Agencia Regional), Policía de Seguridad Aeroportuaria y Prefectura Naval (tiene jurisdicción en los ríos y lagos de estas tierras). Algunos dicen que son más de 1.000 los hombres para investigar, como dicen las normas, delitos federales. Por ese motivo, su contribución a la lucha contra la inseguridad es prácticamente cero. Los dirigentes tampoco miran a Rosario. La Nación desplazó a miles de hombres de todas esas fuerzas a esa ciudad para poner orden, pero la iniciativa va de fracaso en fracaso y el baño de sangre en ese municipio no se detiene.

Milei insiste con otra cuestión que entusiasma a una parte de la sociedad argentina en general, y tucumana en particular. Flexibilizar las normas para que los ciudadanos puedan comprar, portar y utilizar un arma de fuego con libertad. La propuesta tentó a dirigentes locales que se mostraron interesados en utilizar esta idea en los discursos que estrenarán. Los habitantes de esta provincia tienen que tener en cuenta dos cosas: una norma provincial no alcanza para que esta idea sea una realidad y que más del 80% de los homicidios registrados fueron cometidos con pistolas. ¿Se imagina lo que puede suceder si hay mayores libertades para que una persona circule armada por las calles? En tiempos electorales todo puede pasar.